El populista Viktor Orbán ha ensayado y desarrollado en Hungría durante los últimos 12 años un modelo de Estado iliberal que desafía los valores fundamentales de la Unión Europea y se ha convertido en un dolor de cabeza para Bruselas. En el sistema que ha construido con sus tres amplias mayorías consecutivas ha capturado las instituciones con reformas legislativas y personas leales al Gobierno, según sus detractores. El régimen y sus fieles controlan los medios de comunicación, los órganos anticorrupción y el sistema judicial, las universidades y los centros de investigación, denuncian. En su cruzada por los valores nacionalistas ultraconservadores el Gobierno persigue a supuestos enemigos como los migrantes, las ONG, el colectivo LGTBI y el millonario estadunidense de origen húngaro, George Soros.
Según el director del think tank Policy Solutions, András Bíró-Nag, en la primera de sus tres legislaturas consecutivas —anteriormente gobernó entre 1998 y 2002—, el partido ultraconservador Fidesz tomó la esfera política. En la segunda, entre 2014 y 2018, se apoderó de la economía. En la tercera, que concluye con las elecciones de este domingo, las más ajustadas desde 2010 con una oposición unida, se ha centrado en la esfera cultural.
“Lo que muchos ven como un giro antidemocrático o populismo, es en realidad una expresión sin precedentes de la opinión del pueblo sobre decisiones políticas, sobre la dirección debe tomar el país”, defiende Zoltán Kovács, secretario de Estado de Relaciones y Comunicación Internacional. “Y es algo nuevo. No encontrará países en Europa occidental con este enorme apoyo”, sostiene. “Muchos dicen que es por el sistema electoral, pero si tuviésemos el sistema británico o estadounidense, nuestra mayoría parlamentaria estaría entre el 85 o el 90%”, asegura.
Las instituciones democráticas
En el primer asalto que describe Bíró-Nag, ese que empezó entre 2010 y 2014 pero ha continuado, el Gobierno ultraconservador de Fidesz “se hizo con el marco institucional de la democracia y con los mecanismos de contrapeso”. Colocó a fieles en organismos de control como la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, o la autoridad que regula los medios. También reformó la Constitución y empezó con los primeros cambios legislativos, entre ellos, el del sistema electoral, que según la oposición, ahora favorece a Fidesz.
En el ámbito judicial, el Gobierno reformó en 2012 la organización del gobierno de los jueces. El presidente de la Oficina Nacional del Poder Judicial, con amplios poderes, se convirtió en el encargado de la supervisión y nombramiento de los jueces. El primer mandato lo ocupó hasta 2019 Tunde Hando, “que se hizo famosa en Europa como enemiga de la independencia judicial”, según relatan dos jueces que piden anonimato. Después, “la Kúria [el Tribunal Supremo] se convirtió en el nuevo camino para influir en el sistema judicial”.
“La independencia de los jueces se ha resentido”, aseguran los dos magistrados. El sistema “juega con la asignación de casos en los altos tribunales”. Y también con el chilling effect (efecto paralizador): “No se trata de venganzas soviéticas, no te llaman por teléfono para dar órdenes, pero hay un miedo existencial a contradecir”. No despiden a los jueces rebeldes, pero sí pueden complicarles la vida con peores condiciones laborales, traslados de oficina o retiradas de bonus. Lo mismo pasa con los profesores, trabajadores de ministerios y otros.
Luis Lidón (EFE)
Cuando Fidesz perdió las elecciones de 2002, “se dieron cuenta de que no bastaba con unir a la derecha en un partido, sino que necesitaban construir medios de comunicación conservadores para tener una alternativa a los de la izquierda”, explica István Kiss, director del think tank Danube Institute, financiado por el Gobierno. “Quizás ahora haya más medios de derechas”, reconoce.
Según Ágnes Urbán, de Mérket, un centro de estudio de medios de comunicación, la ley de 2010 permitió a Fidesz “construir un imperio mediático”, eliminando los límites a la concentración de medios y permitiéndole controlar el recién creado Consejo de Medios. La tele y la radio públicas están sesgadas, añade Urbán. Y los diarios regionales pertenecen todos a una fundación cercana al Gobierno que en 2018 recibió como donación unos 400 medios entre radios, televisiones, medios online y revistas que 10 editores habían ido adquiriendo.
El problema del sistema no es solo su concentración, sino que mucha gente está “capturada por la propaganda”, como los mayores en las zonas rurales. “Si pensamos en casos históricos, suele haber restricciones administrativas y censura, como en Rusia, donde se censuran las redes sociales y se cierran medios. Aquí no pasa. Todavía hay medios independientes y redes sociales, pero con las distorsiones del mercado Fidesz se ha conseguido el mismo efecto”, analiza Urbán.
El poder económico
La corrupción ya era un problema en Hungría antes de Orbán, según József Péter Martin, director de Transparencia Internacional. “Pero donde antes había una disfunción del sistema, con el Gobierno de Fidesz se convirtió en parte del sistema. Los cuatro o cinco principales oligarcas del país gobiernan en simbiosis con el Gobierno”, denuncia, aunque aclara que no está probado cómo se relacionan entre sí.
La base de esta corrupción institucionalizada, sobre la que la Comisión Europa pidió explicaciones a Budapest en noviembre pasado, “se basa en la centralización y la lealtad”, según Martin, y se sostiene sobre “instituciones capturadas por los intereses del Gobierno”. “Hungría está entre la Italia de Berlusconi y la Rusia de Putin”, dice. Mientras el 69% de los europeos considera que la corrupción es inaceptable, en Hungría solo lo piensa el 38%, según el Eurobarómetro de 2020. Una de las razones de esta tolerancia, opina Martin, es el buen desempeño económico del país entre 2013 y 2020, comparado con el periodo anterior. “Para el Gobierno es importante que [los oligarcas] se enriquezcan para poder contar con ellos. El Ejecutivo los utiliza cuando necesita acceso a sectores claves, como los medios de comunicación, los bancos, o la construcción”, apunta.
El portavoz internacional del Gobierno presume de los resultados de lo que han bautizado como Orbanomics: “Económicamente, en los 12 años hemos sido ejemplares y ha habido un gran contraste con la década anterior”. Kovács repasa el desarrollo en el campo y “las medidas de protección de la familia” a la que dedican más del 5% del PIB. El desempleo ha pasado del 12% en 2010 al 3,8% en 2022 y el PIB ha vuelto a niveles prepandémicos con un crecimiento en 2021 del 7,1%, según sus datos.
János Köllő, director de investigación del Instituto de Economía de la Academia de las Ciencias Húngara, muestra, sin embargo, una radiografía menos luminosa en materia de empleo. Entre otros asuntos, señala que el subsidio por desempleo ha pasado de nueve a tres meses e incluye la obligatoriedad de hacer trabajos públicos para cobrar subsidios. Critica también que se ha debilitado a los sindicatos y se ha limitado el derecho a la huelga. Se ha eliminado la progresividad del IRPF (el 15% para todos los niveles de renta), en un sistema que favorece a la clase media con desgravaciones fiscales, créditos baratos y subsidios de desempleo, frente a los sectores más vulnerables.
La esfera cultural
En un discurso en 2018, en el arranque de su tercera legislatura —de nuevo con más del 66% de escaños—, Orbán esbozó su siguiente objetivo: “El futuro de un país no depende solo de su economía, su capacidad militar y su influencia política, sino también, de sus logros culturales”. “El Gobierno piensa que la educación, la sociedad civil y la investigación académica son liberales”, señala Bíró-Nag. Para compensarlo, según relata el analista, ha tomado la red de centros de investigación pública; ha puesto a las universidades públicas bajo el manto de fundaciones privadas “controladas por hombres fuertes de Fidesz”, y ha impulsado centros de estudios ultraconservadores. Antes, fue sonada la ley que empujó a la Universidad Centro Europea, financiada por Soros, a trasladar la mayoría de sus actividades a Viena.
En el ámbito de la sociedad civil, el Gobierno ha puesto en el punto de mira a las ONG con varias leyes, como la norma de 2017 sobre las organizaciones financiadas con capital extranjero, y la ley Stop Soros (de 2018), que criminaliza a las organizaciones de ayuda a los migrantes. El objetivo, según Stefania Kapronczay, directora de la Unión Húngara de Derechos Civiles, es desincentivar la participación ciudadana en la vida pública. “Es una noción familiar de los tiempos comunistas: la política y los asuntos políticos son para los políticos, pero tú, ciudadano, no deberías meterte”.
Esas dos normas pretenden combatir a dos de los supuestos enemigos del Gobierno ultraconservador: el filántropo de 81 años nacido en Budapest, George Soros, y los migrantes y demandantes de asilo. El rasgo populista que busca identificar enemigos, alimentar el miedo y presentarse como salvador, se orienta en la campaña electoral de este año hacia el colectivo LGTBI. Junto a las urnas para los comicios parlamentarios, los húngaros están llamados a validar mediante un referéndum la ley, aprobada el pasado verano, que prohíbe contenidos LGTBI en las escuelas.
Hungría se ha topado con la justicia y las instituciones europeas en cada uno de estos asaltos a los valores de la UE. La Comisión tiene bloqueados los fondos de recuperación por la pandemia por la falta de control de la corrupción y la degradación del Estado de derecho. “En los últimos dos años ha habido una caza de brujas ideológica motivada por razones políticas”, denuncia Kovács. “Lo llaman Estado de derecho, lo han llamado libertad de prensa, pero la esencia es muy simple: no les gustamos”.
El domingo los húngaros decidirán si revalidan otros cuatro años el poder de Orbán. Es el primer ministro de la UE con más años en el cargo. El sistema que ha construido, que mira más al Este que a Occidente, está sólidamente cimentado en reformas legislativas que requieren mayorías de dos tercios y nombramientos en posiciones estratégicas para periodos en muchos casos de nueve años, que complicarían la vida a la oposición si llegase a ganar. Organizaciones como Freedom House, que observan el Estado de derecho y las libertades, consideran que Hungría se ha alejado de la democracia para convertirse en un régimen híbrido.
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