Fuerzas Armadas ecuatorianas, en conjunto con miembros de la Policía, en un operativo en Guayaquil (Ecuador).Marcos Pin (EFE)
El miedo ronda a los candidatos a alcaldes y prefectos para las elecciones seccionales de Ecuador del 5 de febrero, las más violentas que ha vivido hasta ahora el país sudamericano. Desde el registro de las candidaturas en agosto de 2022, se han contado 12 atentados contra candidatos a Alcaldías y Prefecturas. En un caso, asesinaron a uno de los aspirantes, Gerardo Delgado, un popular comunicador que se perfilaba por el movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa. Los demás han sido agredidos con armas de fuego, apuñalados, han explotado sus vehículos, han lanzado explosivos en sus viviendas, han asesinado a sus familiares o a su personal cercano. En algunos casos, los atentados contra alguno se han repetido.
Richard Firmat logró salir vivo después de que dos sujetos abrieron fuego contra él mientras iba en su vehículo cuando terminó un mitin político en pueblo Arrecho, una zona rural del cantón Simón Bolívar, en la Costa ecuatoriana, donde se postula a alcalde. “Hago recorridos, le dejo un tríptico a la gente y un cariñito para que lea mis propuestas”, relata.
Eso hizo el 9 de enero, conducía su camioneta por un camino de tierra cuando dos hombres comenzaron a disparar contra él, “dos balas impactaron en mi brazo izquierdo y perdí el control” narra el candidato. “Solo aceleré mientras uno de mis compañeros tomó el volante del carro y logramos salir, aunque los sicarios siguieron disparando mientras nos alejábamos”.
Simón Bolívar es un cantón de la provincia del Guayas, la más violenta del país, donde los crímenes violentos se cuentan por miles. En el 2022 se registraron 2.000 homicidios. En las zonas rurales como Simón Bolívar, la gente es extorsionada por las bandas del crimen organizado y el vasto campo es usado muchas veces como pista clandestina para las narcoavionetas. Es una zona caliente, donde apenas viven 30.000 personas, y un poco más de 20.000 están habilitadas para votar.
Los otros tres acompañantes del candidato salieron ilesos y le ayudaron a hacer un torniquete con la camiseta de la campaña porque la bala había tocado una arteria. “No sé quién no me quiere en la contienda, pero puse la denuncia para que la Policía investigue”, dice Firmat. Hasta el momento no hay detenidos, ni tampoco ha recibido custodia policial.
Este es el atentado más reciente de unas elecciones seccionales marcadas por la violencia y la sombra de la injerencia de los narcos en la política ecuatoriana. El presidente Guillermo Lasso ha asegurado que “hay candidatos que fueron despedidos como asesores de asambleístas por denuncias de vinculación con el narcotráfico” y se ofreció a entregar públicamente las pruebas “que se han encontrado a través de acciones de Inteligencia”, pero eso fue hace un mes y las pruebas no han sido reveladas.
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De presentarse las evidencias, el Consejo Nacional Electoral tampoco puede controlar, por ejemplo, de dónde salen los recursos para financiar ostentosas campañas, asegura la máxima autoridad, Diana Atamaint. “Eso es un exámen postelectoral, una vez que presentan las cuentas de campaña y los documentos de respaldo, hacemos un análisis y, si los valores no cuadran, levantamos las alertas a la Fiscalía”, explica.
En ese escenario se desarrollarán las elecciones el próximo 5 de febrero donde se elegirán a 5.567 autoridades en Ecuador, esto en medio de la incertidumbre de que la violencia pueda escalar hasta los recintos electorales o incluso atentar contra las instalaciones donde estarán los centros de cómputo que reciben la información de las actas de votaciones. Según el Consejo Nacional Electoral, se está terminando un protocolo de seguridad para reaccionar ante el actual contexto violento que pueda irrumpir en el proceso de sufragio, algo que nunca antes los ecuatorianos habían vivido.
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