El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano confirmó que existen 101 casos de religiosos a quienes se les sigue un proceso ministerial.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) argumentó desconocer el paradero de los 157 sacerdotes que han sido suspendidos de 2010 a la fecha, tras ser acusados de abusar sexualmente de menores de edad, ya que una vez presentada la denuncia correspondiente, los casos son competencia de las autoridades civiles.
En rueda de prensa, el presidente de la CEM, Rogelio Cabrera López, dio a conocer que 64 diócesis de las 95 en que hay en el país, además de tres prelaturas, informaron que hay 101 casos de religiosos a quienes se les sigue un proceso ministerial.
“En el momento que se les da la dimisión (a los sacerdotes), ya no quedan bajo nuestro cuidado (…) Nosotros consideramos que andamos en los números aproximados. Yo no espero una sorpresa grandísima pero, por eso, lo que vamos hacer es cuantificar para no especular ni a menos, ni a más”, anotó.
Entonces “no tenemos la información total. Tenemos que revisar hasta dónde llega esta realidad. Hasta ahorita no podemos cuantificar la totalidad (de casos de curas acusados de abuso sexual), ojalá y no sea una plaga”, añadió el también arzobispo de Monterrey.
De acuerdo con Cabrera López, se revisará si todos los procesos canónicos o denuncias que presentó la Iglesia católica también son investigados por las autoridades civiles y se solicitará a cada diócesis que actualice la información con que cuentan.
Refirió que para ello, el Equipo Nacional de Protección de Menores del Episcopado se abocará a revisar toda la información disponible en torno a los casos de abuso sexual, para darla a conocer a la población, previo análisis jurídico.
Lo anterior -expuso tras su reciente participación en el Encuentro de Protección al Menor, efectuada en Roma, Italia-, sin descuidar la protección de la identidad de la víctima, el debido proceso y los derechos humanos de los probables responsables.
Al insistirle sobre el paradero de los sacerdotes pederastas, Rogelio Cabrera resaltó que “la autoridad es la que dice qué persona es riesgosa, que tenga una actividad con menores. Eso ya no nos toca a nosotros. En el momento que sean declarados fuera del ministerio, ya no quedan bajo nuestra responsabilidad, la asume el Estado”.
El secretario general de la CEM, Alfonso Miranda Guardiola, indicó que los obispos, al enterarse de un caso de abuso sexual cometido por sacerdotes, deben acudir ante la autoridad y ésta a su vez iniciar la investigación ministerial.
“Si la autoridad lo declara culpable, el abusador pasará a la cárcel o a la pena que se le haya asignado, donde el Estado o la autoridad asume la responsabilidad, el derecho que le toca del trabajo de rehabilitación”. Allí ya participan toda la sociedad civil y la Iglesia, resaltó.
El también obispo auxiliar de Monterrey, Nuevo León, precisó que en caso de que la persona represente un peligro para la sociedad, corresponde a la autoridad civil aplicar la pena correspondiente.
Durante la conferencia, los jerarcas dieron a conocer el documento Líneas de Acción para la Protección de Menores, a fin de poner fin al abuso sexual contra menores cometido por clérigos y agentes de pastoral.
El documento está dividido en cinco objetivos concretos: diagnóstico, prevención, justicia y respuesta, apoyo a víctimas y promoción al respeto por la ley, para lo cual se reforzará la selección y la formación de los sacerdotes.
Además, se implementarán políticas, protocolos, controles, así como mecanismos institucionales en cada diócesis para garantizar que ningún menor de edad vuelva ser víctima de abuso sexual por clérigos o agentes de pastoral en el entorno eclesial.
“Ningún abuso debe ser jamás encubierto ni infravalorado”, refiere el texto, al precisar que se deberá identificar a las víctimas de abuso sexual de menores para brindarles todo el apoyo humano, espiritual, psicológico y/o material que requieran conforme a los principios de proporcionalidad y necesidad.
Un punto clave del texto es la promoción de la denuncia y la actuación con la máxima responsabilidad, además de que habrá un “cuidado pastoral de las comunidades heridas por los abusos”. (Ntx)