“La tragedia dejó huérfano al panismo local, que enfrenta el reto de encontrar un candidato competitivo para mantener la gubernatura”, escribe Ernesto Núñez Albarrán.
Por Ernesto Núñez Albarrán
No ocurrió el 5 de febrero, pero tampoco será el 5 de mayo. La auténtica batalla de Puebla se consumará el 2 de junio, cuando Morena trate de consolidar su hegemonía en el único estado donde las elecciones del año pasado arrojaron como resultado más y peores conflictos políticos.
Con más de 4.5 millones de electores y 6.1 millones de habitantes, Puebla ha adquirido una importancia estratégica y simbólica en el escenario político de 2019.
El 1 de julio de 2018, Puebla fue la excepción que confirmaba la regla de que en México es posible que existan elecciones libres, limpias y reconocidas por los contendientes.
Mientras en todo el país los perdedores salían a reconocer los resultados, desde Puebla llegaban noticias de intimidación y amenazas a votantes, robo de urnas, compra del voto e irregularidades en el cómputo de los sufragios. Incluso. Se reportó el asesinato de dos militantes priistas en el municipio de Chignahuapan.
El portal local de noticias LadoB documentó que en algunas casillas hubo más votos que votantes registrados en la lista nominal, y que la jornada estuvo plagada de incidentes graves.
El candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa, no reconoció el triunfo de la candidata panista Martha Érika Alonso. Y Andrés Manuel López Obrador, ya como Presidente electo, dijo que no había sido una elección democrática, y repitió lo que muchas veces dijo en campaña: que los Moreno Valle querían imponer una monarquía en la entidad.
Ciertamente, las cifras de las elecciones del 1 de julio en Puebla no muestran ninguna lógica.
Martha Erika Alonso, esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, obtuvo un millón 153 mil votos, según los resultados oficiales del Órgano Público Local Electoral (OPLE Puebla), contra un millón 31 mil del morenista Miguel Barbosa.
Todos saben que Moreno Valle rompió con el candidato presidencial panista Ricardo Anaya, pero la diferencia de votos entre su esposa y el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente es abismal. Anaya obtuvo únicamente 618 mil 397 votos en Puebla, medio millón menos que Martha Érika, y fue superado casi tres a uno por López Obrador, quien obtuvo en Puebla un millón 754 mil votos.
¿Cómo hizo Moreno Valle para que su esposa rebasara la cifra de un millón 100 mil votos y para convencer a medio millón de esos votantes de no respaldar a Anaya? Es una pregunta que ya nadie va a poder contestar, pero lo mismo ocurrió con las demás elecciones, federales y locales, que se llevaron a cabo en la misma jornada.
La coalición lopezobradorista, Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PES), ganó la elección de senadores de Puebla con el doble de votos de la coalición PAN-PRD-MC (un millón 440 mil contra 776 mil).
De las 15 diputaciones federales de mayoría, Morena y sus aliados ganaron 14, y el PAN sólo una. Los candidatos morenistas a San Lázaro obtuvieron 1.3 millones de votos, y los del frente anayista 810 mil.
De los 41 diputados del Congreso local, Morena, PT y PES colocaron 20; el PAN siete, PRD 2 y MC 2.
En las elecciones municipales, el PRI obtuvo 81 ayuntamientos, el PAN 69 y Morena 48, pero los 15 municipios más poblados (incluida la capital) fueron ganados por la coalición afín a AMLO.
Es decir, el PAN sólo ganó una cosa el 1 de julio de 2018: la gubernatura.
Morena litigó las elecciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que emitió su fallo en medio de una enorme polémica, cinco días antes de la fecha programada para la toma de protesta de la nueva gobernadora y luego de que se diera a conocer un proyecto de dictamen en el que el magistrado José Luis Vargas proponía anular los comicios por considerar que se había vulnerado la “cadena de custodia” de los votos.
Al final, el fallo de los magistrados determinó que las múltiples irregularidades documentadas por la prensa local y denunciadas por Barbosa no habían afectado el resultado, y validó el triunfo de la candidata del PAN, lo que irritó a Morena y al Presidente, quien lo calificó como una decisión “equivocada y antidemocrática”, aunque prometió acatarlo.
Alonso tomó protesta del cargo el 14 de diciembre, en la sede del Tribunal Superior de Justicia, pues no había condiciones para asumir el poder en un Congreso local con mayoría de Morena y sus aliados.
Pero la panista sólo gobernó diez días. El 24 de diciembre perdió la vida, junto con su esposo, en un accidente aéreo que aún es investigado.
La caída del helicóptero, en extrañas circunstancias, crispó aún más el ambiente político.
El Presidente decidió no acudir al homenaje póstumo a los Moreno Valle y su enviada, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, fue abucheada por los panistas, quienes responsabilizaron al nuevo gobierno del ambiente de polarización que antecedió al accidente.
La tragedia dejó huérfano al panismo local, que enfrenta el reto de encontrar un candidato competitivo para mantener la gubernatura. Una derrota en Puebla dejaría al panismo nacional sin el estado más poblado que gobernaba, y abonaría a una crisis que ensombrece los destinos del partido blanquiazul: en 2019, los cinco estados donde habrá comicios locales ordinarios son gobernados por el PAN, y en todos Morena se colocó como primera fuerza política en los comicios federales de 2018, especialmente en Baja California, bastión panista desde hace 30 años.
Panismo y morenovallismo se encuentran divididos, lo que impidió al partido que gobernaba la entidad desde 2010 colocar a un gobernador interino emanado de sus filas, y esto le abrió la puerta a un priista como sustituto de Martha Érika Alonso y responsable de administrar el estado hasta que se renueve la gubernatura.
Pero el proceso también ha dividido a Morena: Luis Miguel Barbosa, el ex candidato que figuraba como el aspirante natural para estar de nuevo en la boleta, no es respaldado por todo el partido. Los senadores han manifestado abiertamente su apoyo a su compañero de bancada Alejandro Armenta, un ex priista que ha dicho que buscará la candidatura pese al espaldarazo anticipado de la dirigente Yedickol Polevnsky a Barbosa.
En ese ambiente de crispación social, y política, los partidos políticos han manifestado un único acuerdo: que sea el INE el que asuma la organización del proceso electoral de principio a fin, para garantizar certeza y legalidad.
Las batalla de Puebla compromete a todos los actores políticos nacionales.
El INE deberá hacer en cuatro meses lo que en condiciones normales requiere nueve.
El PAN deberá unificarse, reconstruirse y tratar de sobrevivir sin Moreno Valle, el operador que ganó la plaza en tres procesos electorales.
Morena parte como favorito y podría sumar Puebla a la lista de estados que gobierna, pero antes deberá sortear el proceso interno entre Barbosa y Armenta.
El gobierno federal también encara un reto importante: no interferir en los comicios y demostrar que, como ha dicho el Presidente, se acabaron los tiempos en los que se compraba el voto con programas sociales.
López Obrador ha dicho que en la Cuarta Transformación no habrá fraudes electorales, e incluso impulsa una reforma constitucional para tipificar como delito grave la compra y coacción del voto. No interferir en las elecciones de Puebla podría ser una buena manera de demostrar que esa voluntad es algo más que un discurso, y que los tiempos de las elecciones de Estado han terminado.