Un monstruo submarino de fango y áridos de unos 25 metros de altura habita bajo el Atlántico en el área marina protegida de las Rías Baixas, una joya ambiental fronteriza con el Parque Nacional Illas Atlánticas. Se oculta a solo dos millas de la franja de protección de la isla gallega de Sálvora y es una montaña de residuos de dragados portuarios que el Gobierno central y la Xunta llevan acumulando desde 1998.
El hecho de que la zona en la que está este vertedero submarino forme parte hoy en día de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España no ha servido para frenar las descargas que engordan a la bestia. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo pretende derramar allí los 330.000 de metros cúbicos de material que se extraerán del dragado de la desembocadura del río Lérez, que atraviesa la ciudad de Pontevedra. La Xunta sostiene que son “inocuos”. De ello discrepan pescadores y ecologistas de la ría de Arousa, ubicada frente al depósito submarino, que han reactivado su lucha “histórica” contra este “despropósito.
Xaquín Rubido es el portavoz de la Plataforma de Defensa de la Ría de Arousa que agrupa al sector mejillonero, la mayor parte de las cofradías de pescadores, sindicatos y colectivos ecologistas. Está convencido de que las corrientes marinas llevan 20 años arrastrando buena parte de estos materiales hacia los bancos pesqueros y marisqueros que sostienen la economía de esta comarca gallega. Y para demostrar su afirmación cita un informe de la propia Xunta de Galicia.
Se trata de un estudio realizado en 2016 por una consultora para el organismo autonómico Portos de Galicia durante la tramitación del dragado del puerto de Meira, en Moaña (Pontevedra). Estima en 1,9 millones de metros cúbicos el volumen de la pila de lodos y áridos que se alza junto a la isla de Sálvora. Pero admite también que “hay además otros vertidos de los que no se tienen datos concretos sobre los volúmenes”.
Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica elude aclarar la cifra exacta de material que hay en el vertedero, a Rubido no le salen las cuentas. Sumando todas las cantidades de residuos de dragados de puertos gallegos, tanto de gestión estatal como autonómica, que su plataforma ha ido recopilando a lo largo de estos años, tendría que haber tres millones de metros cúbicos, un millón más que la cifra recogida por el informe de la Xunta: “La pregunta es: ¿dónde está ese millón que falta? Pues obviamente ha volado hacia la ría arrastrado por la corriente”, deduce Rubido, quien destaca que ese estudio también admite que “la corriente marítima dominante es de suroeste a noreste”, la misma que introduce en la ría de Arousa las aguas oceánicas que propician el afloramiento y la convierten en un fértil vergel marisquero.
El vertedero se asienta en un área marítima teóricamente blindada por su valor ambiental. Solo dos millas lo separan de la franja de protección marítima de la isla de Sálvora y 3,2, de la de Ons, ambas integradas en el Parque Nacional Illas Atlánticas, aprobado en 2002, cuatro años después de que se autorizara el punto de vertido. El lugar es además Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) de la Red Natura y desde 2015 integra la Red de Áreas Marinas Protegidas de España con el amparo del convenio internacional Ospar para la preservación del Atlántico Nordeste por la presencia de 32 especies protegidas.
“Las Administraciones deberían plantearse otro punto de vertido, porque el de Sálvora no es el más idóneo, ya que acabará afectando al parque nacional al irse extendiendo los sedimentos acumulados”, advierte Ricardo Prego, investigador en Vigo del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC. Prego ve menos probable la afección a la ría de Arousa por la distancia a la que se encuentra, aunque subraya que los kilómetros que pueden llegar a recorrer los sedimentos dependen “de la cantidad del vertido y su abundancia en fangos”.
Por eso el científico del CSIC aboga por realizar un estudio muy detallado de la extensión y composición actual del vertedero submarino de Sálvora. Sobre los 330.000 metros cúbicos de residuos del dragado del fondo de la ría de Pontevedra que la Xunta pretende verter allí, Prego advierte que en esa zona abundan los fangos, el material que “más contaminantes concentra y el que se suspende con más facilidad”. Su afirmación se basa en los estudios que su equipo de investigación hizo en esa ría entre 1998 y 2001. Los análisis detectaron entonces una presencia de mercurio, plomo y cobre que, junto con su porcentaje en finos y carbono orgánico, impediría verter ese material al mar en Sálvora, según la legislación. “Tienen que hacer nuevos análisis y ser prudentes al remover esos fangos: las capas antiguas, más profundas en el sedimento, son las más contaminantes”, subraya Prego.
Las directrices de gestión de material de dragado vigentes en España y suscritas por los ministerios de Fomento y Medio Ambiente permiten deshacerse de estos residuos en zonas protegidas “que estén histórica o tradicionalmente autorizadas”, siempre y cuando se justifique “que los vertidos realizados con anterioridad no han tenido efectos negativos significativos sobre la calidad del medio marino u otros usos legítimos del mar”. En la tramitación del último vertido conocido en la zona, el de 2016 en Moaña, la Xunta incorporó un estudio de dispersión de sedimentos que descartaba daños a los espacios protegidos y bancos pesqueros y marisqueros “al quedar la mayor parte del depósito dentro del área delimitada del vertido”, una afirmación que la Plataforma de Defensa de la Ría de Arousa considera “inverosímil”.
El Ministerio para la Transición Ecológica defiende que la compatibilidad de estos depósitos con la conservación del área marina protegida de las Rías Baixas se debe analizar “caso a caso” estudiando las características del material, que “no puede llevar carga contaminante relevante”. Y añade que está tramitando un decreto que “obliga a hacer análisis de los espacios protegidos que hay en el entorno” y que “garantiza el mayor rigor posible (que antes no estaba tan protocolizado) para controlar cada uno de esos vertidos”. El BNG ha denunciado el uso de este vertedero ante la Comisión Europea porque cree que infringe directivas europeas.
En el Parque Nacional Illas Atlánticas, según la Consellería de Medio Ambiente, no se ha detectado ninguna presencia de lodos procedentes del vertedero y, según los análisis diarios, la calidad de sus aguas es “excelente” . Por su parte, la Consellería do Mar, el departamento que ejecuta los dragados portuarios, defiende con uñas y dientes el uso del depósito. Asegura que el material que se extraerá del río Lérez “no son lodos sino áridos”, que es “inocuo” y que no afectará a la actividad pesquera y marisquera. Y ha advertido además de que si se elimina el punto de vertido frente a la ría de Arousa no solo quedará paralizado este dragado sino los otros 50 proyectados por la Administración autonómica en distintos puertos gallegos.
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