José Ramón Cossío, Ernesto Villanueva, Alfredo Figueroa y Gabriel Reyes Orona analizan el caso; algunos consideran que debe ser investigado, sobre todo en materia electoral.
1- Para el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, la campaña de desprestigio contra el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, sería un delito en caso de haber sido financiada con dinero ilícito.
Señaló que lo interesante es que con la denuncia de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) se abre un proceso que dará pie a una investigación en la que, en caso de encontrar elementos, se desprenderá un proceso judicial.
El experto en Derecho aseguró que el espacio en donde se debe resolver todo lo relacionado con la campaña de desprestigio: tanto el documental Populismo en América Latina, el caso Pejeleaks y los señalamientos en contra de empresarios como Fernando García Ramírez y Agustín Coppel, deben ser los tribunales.
Cossío Díaz explicó que lo importante es establecer “en dónde están las actividades delictivas”, apuntó. 
2-En cambio, el doctor en derecho Ernesto Villanueva escribe: “¿Enrique Krauze podría haber actualizado algún tipo penal o una hipótesis normativa civil? Como abogado no veo delito que perseguir. El único que hubiera podido interponer una demanda por afectación a su derecho al honor y a la propia imagen sería el presidente López Obrador, quien ha dejado en claro que no va a proceder en contra de Krauze”.
“Los empresarios involucrados – los hermanos Coppel y organización Ramírez– para financiar las campañas negras contra AMLO (que fueron éticamente indefendibles y pinta de cuerpo a estos empresarios por ejercer una doble moral sobre el Estado democrático) tampoco actualizaron ningún tipo penal, civil o falta administrativa. Metajurídicamente pueden ser objeto del escarnio popular- lo están viviendo en carne propia- en el tribunal de la opinión pública y con razón. Pero no así en el Tribunal de derecho”, abunda en su columna titulada El affaire Krauze en 5 puntos.
3- Para Alfredo Figueroa la supuesta campaña contra AMLO financiada por empresarios amerita una investigación a fondo por parte de la autoridad electoral.
“De lo que hay elementos es que hay una empresa pagando y el testimonio de esta persona (Ricardo Sevilla), más allá de sus adjetivos, calificativos, la credibilidad que pueda tener, lo que a mí me parece que es un indicio suficiente para iniciar una investigación que todo mundo debería promover, incluidos los aludidos, pero también los que revelan”, afirmó el exconsejero del Instituto Federal Electoral (ahora INE).
Esto, luego de que el literato y traductor Ricardo Sevilla reconoció haber trabajado 18 meses en el equipo de Enrique Krauze en una estrategia antilopezobradorista para que el actual presidente de México no triunfara en las elecciones.
Figueroa consideró que el primer elemento que se tendría que revisar es si hay recursos de empresas privadas involucrados en una campaña electoral.
“Si los hay, hay una sanción a imponer y un asunto a revelar. Teniendo una factura se vuelve un asunto razonablemente sencillo de investigar. ¿Por qué nadie de los aludidos ha ido ya ante el al Instituto Nacional Electoral (INE) a presentar una queja?”, cuestionó.
En su opinión, “la manera más fácil, pública y sencilla de iniciar esta investigación es que siga la ruta del dinero y, que a partir de eso, se nos informe para quién trabajaba ese equipo”.
4-A su vez, el exprocurador fiscal, Gabriel Reyes Orona, indicó que se tiene que investigar el uso del dinero, no solamente en el ámbito electoral.
“Si se habla de fundaciones y asociaciones que tienen una finalidad muy específica y están utilizando la contratación de servicios que hay que revisar, por un lado puede haber deducciones, es decir, puede haber defraudación fiscal.
“Por otro, hay que tomar en cuenta quién es el personaje que nos está hablando de este tema, es Santiago Nieto (titular de la Unidad de Inteligencia Financiera). Para que haya una investigación como la que plantea Alfredo (Figueroa) estamos hablando de lavado de dinero, y necesitamos conocer el origen del dinero para saber si este uso y este origen es ilícito”, añadió.
A partir de ahí, apuntó, cambiaría completamente la película, porque “si estamos hablando de personajes como Alejandro Ramírez y Germán Larrea, que han tenido algún tipo de confrontación con políticos relevantes, estaríamos hablando que estarían canalizando cantidades de dinero nada despreciables para hacer una agenda política propia, pero no sólo eso, sino que estarían utilizando vehículos especializados para desviar el uso del recurso, pero tendrían incluso el descaro de deducirlo fiscalmente. Esto nos llevaría no sólo a un tema de defraudación fiscal sino de lavado de dinero, lo cual hace que la investigación sea más amplia”.