“Que esto no quede en una disculpa, es un primer logro; sin embargo, hay que seguir avanzando”, sostuvo la víctima.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, ofreció este lunes un disculpa pública, en nombre del Estado mexicano, a Martha Alicia Camacho Loaiza, exmilitante de la Liga comunista 23 de Septiembre, quien fue torturada por militares en el marco de la llamada “Guerra Sucia” en 1977.
“A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la transgresión a sus derechos en el marco de las violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política en el pasado, en el periodo llamado Guerra Sucia”, expresó Sánchez Cordero.
Con este acto, el actual gobierno federal reconoce la responsabilidad del Estado en violaciones graves a los derechos humanos durante dicha etapa.
En el Auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultura Universitario Taltelolco, también estuvo presente el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien a su vez pidió disculpas y señaló que se hará justicia “saldando cuentas”.
¨Haremos justicia saldando cuentas del pasado, no como revancha, sino como un principio de reivindicación a al sociedad mexicana y que pueda cumplirse en un corto plazo”.
Encinas resaltó que este caso “debe constituir un alto en el camino en una historia donde lamentablemente no hemos sido capaces de crear las conclusiones de entendimiento y de reencuentro en nuestro país”.
El compromiso del Estado con la Memoria, con reconocer las violaciones durante la Guerra sucia, abre la oportunidad para construir una sociedad donde la Justicia le quite espacio a la impunidad. pic.twitter.com/PYUnRzDc0V
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 23, 2019
Por su parte, la víctima Martha Camacho celebró que el gobierno federal se responsabilizara por el rompimiento de sus derechos humanos; sin embargo, expresó que seguirá exigiendo justicia.
“Que esto no quede en una disculpa, es un primer logro; sin embargo, hay que seguir avanzando. Para mí es muy importante la admisión de responsabilidad porque esto implica reconocer lo que viví y que las autoridades asuman su obligación”.
“Este evento de reconocimiento es una luz, una esperanza, es un punto de partida aún falta mucho por hacer, espero que la puerta se habrá para otras familias y colectivos”.
Camacho Loaiza señaló que esta disculpa la debió de recibir también José Manuel Alapizco Lizárraga, quien fuera su esposo, torturado y asesinado en la Guerra Sucia.
“Lo que me sucedió fue un infierno (…) No me cortaron las alas, me tuve que levantar y permanecer de pie con orgullo”.
La investigación sigue abierta
Camacho Loaiza y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, militantes de la liga comunista, fueron detenidos el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Martha fue torturada durante 49 días en dicha zona militar, obligada a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo –cuyo cuerpo fue desaparecido– y a dar a luz en condiciones infrahumanas. Recuperó su libertad tras pagar un rescate y se convirtió en una de las pocas sobrevivientes de estos hechos.
Tras la creación en 2001 de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Martha Camacho, con el acompañamiento del Centro Prodh, interpuso el 22 de mayo de 2002 una denuncia por el asesinato y desaparición forzada de José Manuel, así como por la tortura y desaparición forzada de su persona.
Más de 10 años después, el 7 de febrero de 2013, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le notificó el no ejercicio de la acción penal, alegando que los delitos denunciados –homicidio, allanamiento de morada, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, encuadrados en el fuero común– habían prescrito.
Martha Camacho y su hijo promovieron un juicio de amparo indirecto bajo el número 227/2013, argumentando que en el contexto de la “Guerra Sucia” se cometieron ataques sistemáticos contra un sector de la población que, por su gravedad, constituyen delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben y deben ser investigados y sancionados.
También se argumentó que durante varios años la investigación efectiva de estos delitos no era posible debido a las condiciones generadas por el régimen político.
El juzgado concedió el amparo el 29 de julio de 2014 y señaló que en la averiguación previa existían suficientes elementos -incluyendo el “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana” de la Femospp– para considerar que durante la “Guerra Sucia” se habrían cometido violaciones a derechos humanos que pueden ser constitutivas de delitos de lesa humanidad.
Y “que por su gravedad son imprescriptibles y que determinar el no ejercicio de la acción penal impide conocer la verdad histórica y la reparación real y efectiva a las víctimas”.
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La PGR recurrió la decisión, pero una sentencia con fecha del 13 de julio de 2015, dictada dentro del amparo en revisión 209/2014, confirmó el amparo y estableció que la PGR debía investigar con diligencia, en el caso de José Manuel Alapizco, la desaparición forzada y asesinato.
En el caso de Martha Camacho, tortura. A la fecha, la investigación sigue abierta. Actualmente, ella es presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa (UMHDS).
El 14 de junio de 2019, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) emitió una resolución para determinar el plan de reparación integral del daño en favor de José Manuel, Martha Alicia y su hijo Miguel Alfonso al reconocerlos como víctimas de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos. Dentro de las medidas de reparación se encuentran los actos de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez indicó que la disculpa pública representa una esperanza para las víctimas de la represión estatal, dado que la impunidad en tales casos es el legado que ha permitido que crímenes atroces se sigan cometiendo contra la población.
(Con información de Notimex)