Portugal no fue una excepción.
La investigación sobre los abusos a menores en el seno de la Iglesia Católica estima que hay más de 4,800 víctimas de sacerdotes amparados por un silencio ahora roto por las denuncias y la elaboración de una lista de los abusadores en activo.
La comisión independiente que ha investigado durante un año los abusos ha logrado validar 512 testimonios de víctimas, aunque admite que el “mínimo” supera las 4,815 y su coordinador, Pedro Strecht, reconoció hoy que “no es posible cuantificar el total de crímenes”, durante la presentación del informe final de su trabajo.
Del total de las denuncias recibidas, la comisión ha enviado a la Justicia apenas 25 casos porque en su mayoría ya están prescritos, aunque la comisión prepara una lista con los abusadores todavía en activo que, apuntan, podría estar terminada en las próximas semanas y que no será pública sino enviada a la Fiscalía.
Las conclusiones de esta investigación debe conducir a un “cambio”, reclamo Strecht, en presencia de Manuel Clemente, cardenal de Lisboa y del presidente de la Conferencia Episcopal, José Ornelas, Obispo de Leiria-Fátima, entre otros miembros de la cúpula de la Iglesia católica lusa,
El grueso de los abusos fueron cometidos entre los años 60 y 90, por eso la comisión -creada por la Conferencia Episcopal e integrada por seis miembros entre psicólogos, sociólogos, juristas y hasta una cineasta- pide una modificación de las leyes para ampliar a 30 años la prescripción de estos delitos.
La abrumadora mayoría de las víctimas fue abusada más de una vez y alrededor de un tercio sufrió abusos durante al menos un año -en algunos casos hasta siete años-, concluye la investigación.
Cerca del 53% son niños y comenzaron a sufrir abusos entre los 10 y 14 años, aunque la edad media apenas supera los once. La mayoría ronda hoy los 52 años y alrededor del 20% está en los 40.
Casi el 60% residía con sus padres y pocos revelaron lo que estaba ocurriendo. Como media tardaron diez años en contarlo y más de una cuarta parte apenas se atrevió a hablar cuando se puso en marcha esta investigación, en enero del pasado año.
El silencio fue el cómplice de los abusadores: El 77% de las víctimas nunca presentó una queja ante la Iglesia y solo en un 4% hubo una denuncia ante la Justicia.
Muchas de las víctimas que revelaron los abusos a sus familias no fueron creídas o incluso fueron rechazadas.
Las víctimas sufrieron violaciones y todo tipo de abusos: penetraciones, sexo anal, oral, tocamientos, masturbación, palabras ofensivas… La mayoría de los abusadores fueron hombres (96%) y sacerdotes -alrededor del 77%-.
Los abusos se sucedían en seminarios, dependencias de las iglesias -incluidos altar y sacristía-, confesionarios, casas parroquiales, centros de acogida, escuelas o instituciones deportivas.
Por zonas, los delitos se registraron en todo el país, con especial incidencia en Lisboa, Oporto y Braga, y afectaron a víctimas de todas las clases sociales.
“Los testimonios son emocionalmente muy intensos” y deben servir para acabar con “una larga noche de silencio, vergüenza, miedo y culpa”, reclamó hoy Strecht.
La investigación confirma que Portugal no fue una excepción y que la dimensión y violencia de los abusos en el seno de la Iglesia lusa es similar a la denunciada en países vecinos.
Pese a que los expertos subrayaron la “voluntad” de colaboración de la cúpula católica por la apertura de archivos para documentar los abusos, la socióloga Ana Vasconcelos, miembro de la comisión, alertó contra “una actitud de banalidad del mal”.
Las conclusiones de esta investigación se hacen públicas en Portugal cinco meses antes de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, prevista para el próximo agosto en Lisboa, donde se espera la visita del papa Francisco.
La Conferencia Episcopal, que ya ha recibido el informe, analizará la investigación en una asamblea extraordinaria el próximo 3 de marzo.
En la abultada documentación, más de 500 páginas, se multiplican los testimonios de las víctimas.
Como el de la niña abusada en una institución de acogida que hoy reclama Justicia: “No soy un número, soy una persona”.
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