“No está buscando corregir, sino someter; no está buscando democratizar a estas instituciones, sino concentrar el poder que antes tenían en sus propias manos, eso debemos alertarlo”, afirmó la analista.
La analista política Denise Dresser afirmó que los órganos autónomos, reguladores y el Poder Judicial fueron los grandes perdedores del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 22 de noviembre.
En la Mesa de Análisis de Aristegui En Vivo, Dresser sostuvo que el hecho de que sean víctimas de un estrangulamiento presupuestal tiene una intención muy clara, “que es rehacer el andamiaje institucional para ponerlo a disposición del presidente y desmantelar una institucionalidad democrática, sí incipiente y en algunos sentidos fallida, pero que tenía un objetivo muy claro en su momento”.
“¿Qué quisimos hacer con la construcción de la CNDH, INE, Ifetel, Cofece? Limitar el poder discrecional del presidente, promover un marco regulatorio robusto para incentivar el crecimiento económico y controlar a los monopolios. Evidenciar las violaciones de derechos humanos por el propio gobierno, con la esperanza de sancionarlas”, manifestó.
Reconoció que si bien hubo coyunturas en el que estas instituciones callaron cuando debieron haberse pronunciado, como cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó para proteger a los responsables de la Guardería ABC o cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tuvo presidentes impresentables, en el trayecto hubo muchos avances.
“Todo esto es cierto, pero la autonomía que estos órganos dejaron de tener en ciertos momentos es producto de los presidentes y propios partidos, a quienes la autonomía o críticas les molestaban… o detestaban la imposición de límites a su propio poder”, agregó.
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Dresser apuntó que lo preocupante del tema es que este PEF en vez de componer la institucionalidad fallida, pareciera que el presidente quiere colonizarla. “No está buscando corregir, sino someter; no está buscando democratizar a estas instituciones, sino concentrar el poder que antes tenían en sus propias manos, eso debemos alertarlo”.
Por su parte el historiador Lorenzo Meyer consideró que el Presupuesto 2020 es en este momento “un indicador que hay que verlo como uno de los mejores instrumentos para percibir la naturaleza del gobierno y de sus compromisos, aquí es el social, no es tanto el económico como lo fue en otros sexenios”.
En tanto, el analista Sergio Aguayo evidenció que el reparto de recursos entre organismos autónomos o adscritos a alguna secretaría de Estado que atienden a las víctimas también es desigual, a pesar de que el gobierno afirma que la atención a las víctimas es prioritaria.
Ejemplificó que a la CNDH le redujeron un poco el presupuesto y a la Comisión de Ayuda a Refugiados solo le otorgaron 47 millones de pesos cuando requiere 120 mdp, mientras que al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos le dieron 167 mdp y la Comisión Nacional de Búsquedas brincará de 400 a 600 mdp.
“Necesitamos hacer una análisis más fino, comparando las áreas específicas prioritarias y eso incluye el presupuesto social, pero en el caso de la CNDH y Atención a Víctimas hay estas disparidades que no entiendo y que tal vez reflejan una falta de una política integral y coherente de atención a las personas víctimas de la violencia”, subrayó.