Tras su triunfo electoral en julio del 2018 y a un año de haber asumido el poder, el gobierno de AMLO ha tenido avances en diversas áreas. Sin embargo, en rubros como reducción de la violencia y crecimiento económico López Obrador pide “un año más” para dar resultados.
A un año de asumir la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ha implementado cambios drásticos en la administración pública federal y ha dejado su impronta en el gobierno mexicano.
López Obrador asumió el poder el 1 de diciembre de 2018 con la promesa de “acabar con la corrupción” de la vida pública de México y llevar a cabo una transformación en el país.
Aunque el gobierno de López Obrador ha reportado logros, como sentar las bases legales para castigar la corrupción en el gobierno, el combate al robo de combustibles, y la persecución de delitos cometidos en la administración de su predecesor, Enrique Peña Nieto, también ha reconocido fallas.
Entre los desaciertos asumidos por AMLO en estos 12 meses de gestión están la incapacidad de su administración para reducir la violencia y no lograr un crecimiento económico anual de entre 2 y 4 por ciento que ofreció en campaña, por lo que ha pedido “un año más” para dar los resultados prometidos.
En medio de la crisis de violencia, que ya suma más de 28 mil muertes violentas de enero a octubre, el presidente enfrentó en el primer semestre del año una de las mayores olas migratorias de los últimos años, lo que a mediados del 2019 derivó en tensiones diplomáticas con el gobierno norteamericano de Trump.
Las tensiones fueron avivadas por la amenaza a finales de mayo por parte de Trump de imponer aranceles de forma escalonada de hasta 25 por ciento, si el gobierno mexicano no frenaba la llegada de migrantes centroamericanos a territorio estadounidense.
Luego de un acuerdo entre México y Estados Unidos para contener la migración, Trump canceló su amenaza, tras el despliegue de miles de policías de la Guardia Nacional a las fronteras del norte y sur para detener a migrantes.
Reducción de homicidios, “asignatura pendiente”
Luego de asumir la presidencia el 1 de diciembre de 2018, en abril, Andrés Manuel López Obrador ofreció reducir los índices delictivos en seis meses.
El ofrecimiento lo hizo luego de que su administración tuvo uno de los arranques más violentos en la historia de México y tras una masacre el 20 de abril en la que 14 personas fueron asesinadas en el municipio de Minatitlán, en Veracruz.
“Cuando tengamos presencia suficiente de la Guardia Nacional en todo el país, entonces vamos a garantizar la seguridad pública, en 6 meses bajará la inseguridad”, dijo López Obrador en una rueda de prensa el 22 de abril.
Cumplido el plazo de seis meses, y con 28 mil 741 homicidios de enero a octubre, un incremento de 2.14 por ciento comparado con el mismo periodo del 2018, López Obrador pidió el 1 de noviembre un año más para reducir la criminalidad en el país.
Las declaraciones de López Obrador se dieron tras el operativo fallido federal de detención de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, el 17 de Octubre en Culiacán, Sinaloa.
Tres días más tarde de su petición de “un año más”, nueve integrantes de las familias mormonas LeBarón y Langford de Chihuahua, seis menores de edad y tres mujeres, fueron asesinadas por un grupo armado en Bavispe, Sonora.
El incidente derivó en tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos por tratarse de ciudadanos norteamericanos.
Este multihomicidio también llevó a las familias a solicitar a la administración de Trump a designar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas, lo que el mandatario estadounidense dijo en una entrevista que ya está en proceso desde hace unos 90 días.
En medio de estas tensiones con Estados Unidos y con los asesinatos aún al alza, López Obrador reiteró el 27 de noviembre su solicitud de “un año más” para concretar la transformación que prometió al asumir el gobierno.
Agregó que la reducción del crimen bajo su mandato aún es una “asignatura pendiente”.
Huachicol reducido casi al 100 por ciento con AMLO
Tan solo cuatro semanas después de haber asumido la presidencia, López Obrador anunció una estrategia para frenar el robo de combustibles, también llamado “huachicoleo”.
De acuerdo con cifras del gobierno federal, el robo de combustibles ocasionó pérdidas anuales de unos 60 mil millones de pesos durante el sexenio pasado.
Como parte de la estrategia anti-huachicol, el gobierno de López Obrador ordenó el cierre de seis oleoductos el 27 de diciembre del 2018, lo que derivó en desabasto de gasolinas alrededor del país.
Tras el desabasto, López Obrador anunció la reactivación de los ductos, un plan de vigilancia de las redes de abasto, y la compra de cientos de pipas para distribuir la gasolina a través del territorio nacional.
Sin embargo, superada la crisis de desabasto, López Obrador anunció en su Primer Informe el 1 de septiembre pasado que, a través de su estrategia, la cantidad de barriles de combustible robados a diario se redujo en 94 por ciento, de 80,000 en noviembre de 2018 a tan solo 4 mil en septiembre.
López Obrador ha dicho que el 80 por ciento del robo se cometía con apoyo de la red interna de Petróleos Mexicanos (Pemex). Incluso, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó al general León Trauwtiz, ex subdirector de Salvaguarda Estratégica de la paraestatal, de estar ligado con el robo de combustibles.
Trauwitz fue el jefe de escoltas de Peña Nieto cuando fungió como gobernador del Estado de México.
En febrero pasado, dos meses después de lanzada la estrategia, el jefe del Ejecutivo señaló que, de los cerca de 600 detenidos por tomas clandestinas, 60 ya habían sido procesados.
Al rendir su informe en septiembre, López Obrador dijo que, hasta ese momento, su estrategia de combate al robo de combustibles había generado ahorros por unos 50 mil millones de pesos.
Sin embargo, el 27 de Noviembre pasado, el mandatario federal sostuvo que, pese al avance en el combate al “huachicol”, uno de los momentos más críticos de su presidencia fue la explosión el 18 de enero de un oleoducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, que dejó 137 muertos y ocho heridos.
Crisis migratoria: amenaza de Trump y Guardia Nacional
En materia migratoria, durante el primer semestre del año, el gobierno de AMLO enfrentó un ola masiva de decenas de miles de centroamericanos en búsqueda de llegar a los Estados Unidos.
Tan solo de enero a septiembre de este año, 977 mil 509 migrantes, en su mayoría centroamericanos, cruzaron el país para llegar a los Estados Unidos, un incremento de 88 por ciento comparado con el mismo periodo del 2018, de acuerdo con cifras del gobierno norteamericano.
El 30 de mayo, luego de un repunte en la llegada de centroamericanos a los Estados Unidos, el Presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles escalonados a importaciones mexicanas por hasta 25 por ciento si México no frenaba la ola de migrantes.
Bajo la amenaza de Trump, el gobierno federal acordó el 7 de junio con los Estados Unidos implementar un plan de contención migratoria a través del despliegue de miles de policías de la recién creada Guardia Nacional.
I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to….
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019
La implementación del plan migratorio por parte de México ha representado un incremento en detenciones y deportaciones de migrantes en el país, así como en las solicitudes de asilo y refugio.
De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), entre enero y octubre del 2019, al menos 35 mil 777 migrantes han solicitado asilo en México, casi 100 por ciento más que el total de solicitudes presentadas durante todo el 2018.
Tan solo de enero a septiembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha reportado la detención de 138,491 migrantes, de los cuales 94,893 eran adultos y 43,598 niñas, niños y adolescentes, en su mayoría centroamericanos.
Foto: Cuartoscuro
El gobierno federal ha informado que, de estos migrantes, el 94 por ciento fueron regresados a sus países de origen.
Además de la llegada de centroamericanos, el gobierno estadounidense ha devuelto a México entre enero y noviembre de este año, a al menos 55 mil migrantes como parte del programa Protocolo de Protección al Migrante (MPP, por su siglas en inglés), según el Centro por la Justicia y Derecho Internacional.
#SaveAsylum Mediante su rol en implementar programas como #QuédateEnMéxico, @GobiernoMX está poniendo en riesgo la vida de más de 55mil personas que han sido devueltas de #EEUU en espera de sus procesos de asilo. Recordamos que #MéxicoNoEsUnMuro y este
programa debe ser frenado pic.twitter.com/L0CyCE7sWY— CEJIL (@cejil) November 20, 2019
La administración de Trump comenzó la implementación de este programa de forma unilateral en enero del 2019 para devolver a solicitantes de asilo a México mientras autoridades migratorias norteamericanas analizan los casos.
El arribo masivo de migrantes expuso las deficiencias del sistema migratorio ante el desbordamiento de estaciones migratorias alrededor del país.
Además, el gobierno de AMLO también ha sostenido que está en proceso de depurar al INM de agentes corruptos que históricamente habían sido acusado de extorsionar a migrantes.
Tan solo en noviembre, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, declaró que se “sacudiría” al INM ante el alto número de quejas por violaciones de derechos humanos.
También a finales de noviembre, el titular INM, Francisco Garduño, informó que, en lo que va del sexenio, 382 elementos del organismo han sido despedidos acusados de corrupción.
Tras el acuerdo con los Estados Unidos, el Canciller Marcelo Ebrard, informó en septiembre que el flujo irregular de migrantes rumbo a Estados Unidos disminuyó en 56 por ciento, comparado con mayo, al pasar de 144 mil 278 a 63 mil 755 detenciones.
Combate a la corrupción
Uno de los lemas de la transformación prometida por López Obrador ha sido “acabar con la corrupción” en el país.
“Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno respondo: acabar con la corrupción y la impunidad… No voy a robar”, dijo en su discurso de toma de posesión en San Lázaro el 1 de diciembre del 2018, frente a su predecesor Peña Nieto.
Entre las acciones más emblemáticas en la lucha en contra de la corrupción en el actual gobierno están los procesos iniciados por la FGR en contra de ex funcionarios del gobierno de Peña Nieto como Rosario Robles, Emilio Lozoya e incluso el general Trauwitz.
Mientras que Robles fue detenida en agosto y vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público ligada a la “Estafa Maestra”, Lozoya está acusado de lavado de dinero y asociación delictuosa por su involucramiento en la compra-venta de una empresa fertilizantes.
Trauwitz está acusado de ordenar el saqueo de combustibles de ductos de Pemex.
También, entre los casos anticorrupción de mayor impacto está la investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Eduardo Medina Mora, quien renunció en octubre al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en medio de las pesquisas.
Carlos Romero Deschamps también renunció a la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), tras 26 años en el cargo, en medio de indagatorias de la UIF por lavado.
El abogado de Peña Nieto, Juan Collado, fue detenido en julio acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Juan Collado, abogado de Peña Nieto y uno de los personajes más influyentes en el sexenio pasado, está preso en el Reclusorio Norte por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
López Obrador ha reiterado que, para su administración, el combate a la corrupción es clave incluso para garantizar el crecimiento económico.
Foto: Cuartoscuro
“Acabar con la corrupción, que no haya impunidad, que no haya lujos, eso nos va a significar un punto cuando menos de crecimiento económico”, dijo en su conferencia de prensa matutina el 7 de mayo.
Entre otras medidas, López Obrador ha implementado acciones como la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), un proyecto que calificó como “símbolo de la gran corrupción”. El Presidente sustituyó ese plan con la construcción de dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía, que podría enfrentar retrasos ante fallas en las licitaciones y amparos en revisión.
El mandatario federal también ha dicho que, un elemento de la lucha contra de la corrupción es la eliminación de privilegios de la clase política y gubernamental, como la reducción de salarios de altos funcionarios.
Entre las medidas de austeridad, el gobierno de López Obrador propuso y promulgó la Ley de Austeridad Republicana que, entre otras medidas, establece la reducción de salarios de funcionarios federales y la eliminación de áreas administrativas innecesarias en las dependencias federales.
Desaceleración económica y T-MEC
Ocho días después de su victoria electoral en 2018, López Obrador se comprometió con industriales e integrantes del sector privado a que, durante su administración, el Producto Interno Bruto (PIB) del país alcanzaría un crecimiento anual de 4 por ciento en promedio, dos puntos porcentuales más a lo que en promedio creció la economía mexicana en la administración de Peña Nieto.
Sin embargo, a un año de su asunción al poder, su promesa se hace agua: el último dato del Inegi confirma un crecimiento económico nulo en los primeros 9 meses de 2019.
#PIB en términos acumulados, la variación anual del Producto Interno Bruto de #México en los primeros 9 meses de 2019 fue 0.0% a/a. pic.twitter.com/kJnVj89iiH
— Julio A. Santaella (@SantaellaJulio) November 25, 2019
Mientras que el Banco de México (Banxico) ya redujo la expectativa de crecimiento no solo de este año sino también del siguiente: la perspectiva durante 2019 pasó de entre 0.2 y 0.7 por ciento a -0.2 y 0.2 por ciento. Y para 2020, pasó de un rango de entre 1.5 y 2.5 por ciento a un intervalo de entre 0.8 y 1.8 por ciento, menor a lo proyectado por el gobierno de AMLO para el próximo año.
Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) –que aún estima un crecimiento para México de 0.2 por ciento, inferior al 2.0 por ciento registrado en 2018-, considera que esto no representa una recesión.
La secretaria ejecutiva de ese organismo, Alicia Bárcena, comentó que no cree “que México esté en recesión… nuestra proyección es de 0.2 por ciento, con este entorno incierto relacionado con la inversión, y que esperamos en el 2020 haya una recuperación importante del crecimiento”.
Además de que opinó que el significativo incremento de las trasferencias monetarias a los hogares más pobres va a tener un efecto.
En su más reciente libro, “Hacia una economía moral“, el presidente López Obrador ya modera sus estimaciones de crecimiento, pues asegura que “lo fundamental no es cuantitativo sino cualitativo: la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza”.
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Además, el mandatario sostiene que “el modelo neoliberal, implementado durante más de tres décadas en México, fue una gran estafa en perjuicio del pueblo y de la nación“.
AMLO recuerda a quien lo lee “que luego de la etapa violenta de la Revolución, desde los años 30 hasta los 70 del siglo pasado, es decir, durante 40 años, la economía de México creció a una tasa promedio anual del 5%, y durante ese mismo periodo, en dos sexenios consecutivos, de 1958 a 1970, cuando Antonio Ortiz Mena fue ministro de Hacienda, la economía del país no solo creció al 6% anual, sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública”.
Justamente una inflación anual de 3.10 por ciento y una Inversión Extranjera Directa de 26 mil 55.6 millones de dólares -un incremento de 7.8 por ciento en comparación con el año pasado-, son los dos datos económicos que AMLO presume.
Lo anterior, sumado a que el salario mínimo en el país logró su mayor aumento en 36 años, justo con López Obrador, al pasar de 88.36 a 102.68 pesos diarios. Mientras en la zona fronteriza subió a 176.72 pesos diarios.
En medio de las propuestas económicas de AMLO y las reducciones de estimaciones de crecimiento por parte de organismos internacionales, un elemento adicional de incertidumbre ha sido la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Mientras que México ratificó el tratado, que es una versión renovada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), a mediados de junio, los congresos de Estados Unidos y Canadá aún no lo han hecho.
Particularmente, la ratificación en en Estados Unidos ha sido retrasada por cambios sugeridos en algunas cláusulas por parte de congresistas del partido demócrata.
El acuerdo fue firmado el 30 de noviembre del 2018 por Trump, Justin Trudeau, Primer Ministro canadiense, y el entonces presidente de México, Peña Nieto.
Por este motivo, la iniciativa privada y el gobierno en México han urgido a sus contrapartes norteamericanas a oficializar el acuerdo y así garantizar el libre intercambio comercial entre los estados miembros.
Asilo a Evo
El 10 de noviembre, luego de las polémicas elecciones presidenciales del 20 de octubre en Bolivia, Evo Morales anunció su renuncia a la presidencia del país andino tras una “sugerencia” del entonces jefe de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman.
Ese mismo día, el Canciller mexicano anunció el asilo de al menos 20 legisladores y funcionarios del gobierno de Morales e incluso ofreció protección al presidente boliviano. Un día después, Morales aceptó el ofrecimiento y el 12 de noviembre arribó en un avión de las Fuerzas Armadas mexicanas a la Ciudad de México.
México,de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, ha recibido a 20 personalidades del ejecutivo y legislativo de Bolivia en la residencia oficial en La Paz, de así decidirlo ofrceríamos asilo también a Evo Morales.
— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 10, 2019
A su llegada, Morales dijo que el asilo ofrecido por el gobierno de López Obrador le “salvó la vida” ya que en su país lo habían alertado sobre planes para asesinarlo a él y a sus correligionarios.
Tanto el ofrecimiento de México como el arribo de Morales a territorio mexicano marcaron un parteaguas en la postura de “no intervencionismo” que la administración de López Obrador había tomado frente a las crisis en países de la región.
Sin embargo, en medio de las críticas por parte de la oposición en México, López Obrador dijo el mismo 12 de noviembre que él había ordenado el ofrecimiento de asilo a Morales y que su decisión estaba basada en defender los derechos humanos de las personas.
“Quiero que comprendan que estamos encabezando una transformación, que no vamos a seguir en el camino trillado de siempre, que vamos a ser muy respetuosos de todos, pero tenemos el propósito de transformar a México, en este caso, decirles que me siento muy orgulloso, de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo”, dijo AMLO en su conferencia matutina el 12 de noviembre.
Desde su llegada a México, Morales sostuvo que el autoproclamado gobierno de Jeanine Áñez busca instaurar una “dictadura” en Bolivia y que este gobierno de facto está perpetrando un “genocidio” en contra de comunidades indígenas que lo apoyan.
Desde la renuncia de Morales, que no ha sido aceptada por el Poder Legislativo boliviano, y tras la autoproclamación de Áñez como presidenta, más de 30 personas han muerto en las protestas en Bolivia.
Áñez, por su parte, ha acusado a Morales de vínculos con el narcotráfico e incluso el gobierno de facto lo ha denunciado de sedición y terrorismo, cargos por los cuales la Interpol giró una ficha azul para la localización de Morales. El presidente en el exilio niega los cargos.
(Con información de Marcos Martínez Chacón, Gustavo Sánchez B., Aline González, Gynna Hernández y Érick Saldívar)