De acuerdo con Alfredo Figueroa, exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE), “llama la atención que no se ponga en escena lo que tiene que ver con el sexenio previo”.
Desde 2004, en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se hizo una especie de desmantelamiento organizado y estructurado, para debilitar a estas empresas, y luego rematarlas, afirmó el exprocurador Fiscal de la Federación, Gabriel Reyes Orona.
En la #MesaDeAnálisis con la periodista Carmen Aristegui explicó que esta especie de desmantelamiento es seguido por un proceso de colocación deliberada de estado de ruina de las empresas para justificar su venta en partes.
“Este proceso de desmantelamiento de la empresa pública tiene como objetivo el hacer ver o aparentar que es inviable y que debe de venderse, y como es a partes, es hacerlo prácticamente en condiciones de regalo”, detalló.
De acuerdo con Reyes Orona, a partir de 2004 se vino dando un proceso consciente, deliberado y articulado para deteriorar esas empresas y ponerlas en condición de remate.
Añadió que “las puertas giratorias” no sólo se traducen “el ir y venir del sector privado al sector público sino también tenemos una feria de picaportes, porque todos estos personajes que se van a trabajar un consejo de administración o que se van a tener labores de relaciones públicas para las grandes empresas y consorcios internacionales lo que hacen es abrir puertas, generar las condiciones y las oportunidades“.
En su opinión, la población tiene que saber si los exfuncionarios en cuestión tienen que ver con negligencia o torpeza o por dolo en el desmantelamiento de la empresa pública mexicana.
Mientras tanto, el exconsejero del Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa, observó que las puertas giratorias significan mucho más que conflicto de interés, “incluye un conjunto de prácticas que sí podrían y tendrían que ver con una acción del Estado, en términos integrales muy importante para hacer una investigación en todos los órdenes del pasado, del presente y del tipo de asuntos que están en curso”.
Figueroa celebró que desde el Ejecutivo exista la disposición de hacer pública la información sobre un asunto que debe ventilarse; sin embargo, dijo estar preocupado de que esto termine siendo “un petardo”.
“Me parece bien que se dé vista a las autoridades ministeriales respecto a este conjunto de temas, pero deben de hacerse distinciones y debe hacerse un trabajo de investigación lo suficientemente profundo para que esto no termine en victorias de grandes transnacionales en el marco de lo judicial, porque hacer investigaciones en este orden no es un asunto menor”, afirmó.
Desde el punto de vista de Figueroa, llama la atención que no se ponga en escena lo que tiene que ver con el sexenio previo, “como si esto no tuviera una relación” con el deterioro profundo de las instituciones.
El exprocurador fiscal añadió que los mexicanos “tenemos que ver el lado leonino de los contratos o el lado ratonino de los funcionarios públicos”, que torpe o dolosamente hicieron pactos que arruinan a las empresas públicas.
“Es imposible que Andrés Manuel López Obrador, Manuel Bartlett o el director de Petróleos Mexicanos (Octavio Romero Oropeza) sigan paseando a los muertos sin señalar o encontrar al asesino. Tenemos que encontrar y señalar que las empresas públicas no llegaron a una situación de ruina y de inviabilidad financiera, económica y técnica por la acción aislada de un sujeto.
“Fue un proceso gradual, constante y persistente que llevó a estas dos empresas públicas a condición de ruina, que coincide cuando el Partido Acción Nacional (PAN) hace del sector energético el rehén ideal para emprender un proyecto político-electoral encabezado en su momento por Felipe Calderón, que no sé cómo se atreve a decir que es un experto de energía”, sostuvo.
El exconsejero del IFE afirmó que en México ha habido un pacto de impunidad transexenal de grupos políticos que están enchufados a el sector económico y al sector público.
Respecto a los siete gasoductos que no están funcionando, consideró que lo importante es saber por qué los funcionarios firmaron esas condiciones y quiénes son los responsables de que no estén terminados.
“El tema no es negociar solamente con esas empresas sino ir a investigar el deterioro que le han hecho a la Nación, justamente por los términos planeados para que un ducto no concluya y tengas que empezar a pagar un gas que nunca llega”, anotó.
Ambos expertos coincidieron en que el nuevo gobierno federal debe investigar por qué la CFE firmó contratos con Transcanada, Ienova y Grupo Carso si aún no tenían el derecho de vía.
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