Desde hace algo más de dos meses, Julián LeBarón (Chihuahua, 1978) reparte sus días entre Sonora, Chihuahua y Ciudad de México, tirando del hilo de la última tragedia familiar. Se ha erigido en portavoz de los suyos desde el ataque de noviembre, cuando un grupo de pistoleros asesinó a nueve integrantes de su familia, tres mujeres y seis niños, en un camino de tierra cerca de la comunidad donde vivían. LeBarón trata de presionar para que se haga justicia y, en última instancia, para que las cosas cambien, para que la violencia y la corrupción dejen de ser la sangre y las venas del cuerpo maltrecho que es México. Al día de hoy, dice, ya saben muchas cosas sobre el ataque, pero aún no entienden por qué lo hicieron. Una cosa tiene clara, y es que el actual Gobierno de México no es el culpable. Al menos no el único. “Responsabilizar a López Obrador y al fiscal de la violencia en México es como buscar un chivo expiatorio”.
La matanza atrajo una enorme atención de medios a ambos lados de la frontera. También de los Gobiernos. Los LeBarón y otras familias mormonas, caso de los Langford, cuentan con doble nacionalidad. Viven en pequeñas comunidades entre México y Estados Unidos. El ataque de noviembre se produjo contra vecinos del Rancho La Mora, en Sonora, en la que vive buena parte de la familia Langford. Aunque los LeBarón, que viven sobre todo en Chihuahua, van y vienen constantemente.
Este domingo, las familias Langford y LeBarón recibirán la visita en Sonora del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Esta semana se han reunido en la capital con el fiscal y han presentado junto al activista y poeta Javier Sicilia una nueva movilización, una marcha a pie de Cuernavaca a Ciudad de México que empezará el 23 de enero. El objetivo, el mismo que hace diez años: intentar que las cosas cambien. “La sociedad civil no hemos asumido la responsabilidad de llamar a cuentas a los gobernantes”, defiende LeBarón. “Hemos aceptado que el voto le da poder a un político, pero ese voto no sirve para quitar el poder. No hay herramientas para hacer que los servidores públicos rindan cuentas”.
Durante una entrevista con este diario, Julián LeBarón da algunos detalles de su reunión con el fiscal. Y los principales tienen que ver con las detenciones realizadas hasta ahora. En la reunión, el fiscal les dijo que tienen una lista de 40 sospechosos, de los que ya han detenido a siete. Una de las cosas en las que más insiste LeBarón, es en que los investigadores apunten a las corporaciones policiales de Chihuahua. De los siete detenidos por el ataque, muchos son de Janos, un municipio chihuahuense, puerta de entrada y salida entre México y Estados Unidos. Uno de los detenidos de hecho era el jefe de policía de la localidad.
Por lo que escuchó en la reunión, LeBarón dice que el exjefe de policía tuvo una participación directa en el ataque, lo que a su juicio señala directamente a las autoridades estatales, al menos por omisión. “Cuando el jefe de policía de Janos está acusado de participar, una persona que llevaba 14 años en el puesto, me resulta imposible creer que la fiscalía de Chihuahua no tenga conocimientos de estos asesinos”, critica. “Este es un problema tan grande y complejo que necesitas a millones de personas para darle la vuelta. Las instituciones están llenas de personas, de servidores que no producen resultados ni rinden cuenta. Eso tiene que cambiar”.
De la reunión con el fiscal, LeBarón menciona además el testimonio de otro detenido que, según él, habría declarado a la fiscalía que el ataque se produjo porque pensaban que las camionetas de las mujeres, que iban de Rancho La Mora a Chihuahua, eran en realidad de sicarios del grupo contrario. Pero él no compra esa historia. “Ellos vieron perfectamente que eran mujeres, no creo que haya sido una equivocación, que no me vengan con esas pendejadas”, dice.
Para Julián LeBarón, el problema es que durante tanto tiempo, las autoridades hayan dejado hacer a los grupos criminales o, directamente, se hayan emparentado con ellos a un nivel irreparable. “El escándalo real es que se puedan pasear pequeños ejércitos [de criminales] por Sonora y Chihuahua con armas de guerra, con capacidad para masacrar familias. Y que nos quieren vender eso como una confusión, como algo que la sociedad debe aceptar y perdonar”, lanza. “La omisión y la complicidad de todas las instituciones, eso es lo que estamos viendo”.
La violencia no es nada nuevo para las familias LeBarón y Langford. Durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), el hogar de Julián LeBarón, colonia LeBarón, que está en Chihuahua, sufrió varios ataques, entre ellos el asesinato de un hermano y un cuñado de Julián. Con el tiempo, él se unió al Movimiento por la Paz del poeta Sicilia, que recorrió México entero, exigiendo justicia, arrojando luz sobre las consecuencias de la violencia que el país empezaba a sufrir.
A diez años de aquello, Julián LeBarón dice que la situación no ha mejorado en nada. “La impunidad es total, he recorrido el país por diez años y he conocido a miles de víctimas de la violencia. Y no hay ni una que me haya dicho: ‘Oye, a mí me atraparon al delincuente y me hicieron justicia’. Ninguno”.
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