La oficina que encabeza Michelle Bachelet documentó que la mayoría de los asesinatos tuvieron lugar en municipios donde se llevan a cabo actividades ilícitas y operan grupos criminales.
La crisis de inseguridad que padecen los defensores de derechos humanos en Colombia ha alcanzado un punto crítico.
Cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), indican que 107 activistas fueron asesinados el año pasado en el país sudamericano.
Además, siguen en proceso de verificación 13 casos adicionales por lo que, de ser confirmados, aumentaría el total anual de muertes de activistas a 120.
Ante el elevado número de asesinatos registrado en los últimos años en Colombia, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, a cargo de Michelle Bachelet, pidió al Gobierno de Colombia hacer un esfuerzo contundente para prevenir los ataques contra quienes defienden los derechos fundamentales, principalmente de indígenas, afrodescendientes y mujeres.
“Estamos profundamente preocupados por la impactante cantidad de defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2019”, aseguró la portavoz de la ONU-DH, Marta Hurtado.
El organismo documentó que la gran mayoría de los asesinatos perpetrados en 2019 tuvieron lugar en áreas rurales en municipios donde se llevan a cabo actividades ilícitas y operan grupos criminales o armados.
El grupo más afectado fue el de los defensores y defensoras de derechos humanos del ámbito comunitario y de grupos étnicos específicos, como los pueblos indígenas y los afrocolombianos, de acuerdo con los registros de ONU-DH.
“Reiteramos nuestro llamado al Gobierno de Colombia para que lleve a cabo un esfuerzo enérgico con el fin de prevenir los ataques contra las personas que defienden los derechos fundamentales, para que se investiguen todos y cada uno de los casos y para enjuiciar a los responsables de estos hechos, incluidos los responsables de instigar, ayudar o incitar a su comisión. El círculo vicioso y endémico de violencia e impunidad debe detenerse. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación”, sostuvo Martha Hurtado.
.@UNHumanRights denuncia el incremento de los asesinatos de defensores en #Colombia y pide al Gobierno
que haga un esfuerzo contundente para protegerlos y garantizar que se hace justicia.➡️https://t.co/CgiUwtYEIt pic.twitter.com/1Hz5yniBSe
— Noticias ONU (@NoticiasONU) January 14, 2020
Hurtado destacó que también ha habido “una serie de factores adicionales que contribuyeron a esta situación” como la penetración de grupos criminales y de grupos armados vinculados a actividades ilícitas en áreas desocupadas por las FARC-EP y la estrategia por parte del Gobierno de una respuesta militar para controlar la violencia.
Además, se mantienen los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las FARC en 2016, especialmente en lo relacionado con el desmantelamiento de grupos herederos de las organizaciones paramilitares, la seguridad de las comunidades afectadas por el conflicto, la restitución de tierras y la reforma rural, los programas de sustitución de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los derechos de las víctimas.