El sábado 4 de mayo de 2019, poco después de que terminara la reunión que el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) llevara a cabo en Chilpancingo, Guerrero, José Lucio Bartolo y Modesto Verales Sebastián, defensores del territorio y la cultura, promotores de la organización apenas mencionada y del Consejo Nacional Indígena, abordaron el Chevrolet Cobalt 2007 que los había llevado hasta la capital de su estado. Mientras circulaban de regreso hacia sus comunidades, donde luchaban por la autonomía y hacían frente a los grupos criminales con los que se han coludido todos los poderes del Estado, fueron alcanzados por un par de camionetas. Así fue como llegaron al bulevard Eucaria Apreza: siendo perseguidos por los sicarios que, poco después, abrieron fuego y los asesinaron en Chilapa. Su delito, el que los puso ante la muerte, fue el siguiente: plantar cara a la siembra de la amapola, negocio en el que se ha obligado, por medio del terror, la violencia y el abandono del gobierno, a participar a cientos de miles de personas en el campo mexicano.
—La amapola, que llegó a Sinaloa en los barcos que venían de China, viajó desde el norte de nuestro país hasta Guerrero en 1968. A partir de entonces, esa flor, originaria de Asia Central, fue comiéndose las hectáreas en las que antes se sembraban, fundamentalmente, los cuatro componentes de la milpa: maíz, frijol, calabaza y chile. Durante los siguientes cincuenta años, su cultivo, regado por las balas de los cárteles, por la corrupción de los poderes civiles y militares y por la sangre de quienes se le oponían, sustituyó muchos otros plantíos y creció de tal forma que hoy, según datos de la ONU, Guerrero le disputa a Afganistán ser el primer productor mundial de amapola, con cerca de 16.000 hectáreas cultivadas, así como con mil cuatrocientas comunidades dependientes de un negocio cuyos precios, para colmo, han caído abruptamente durante los últimos dos años: como los maquiladores, los amapoleros empiezan a retirarse, dejando tras de sí miles de campesinos pauperizados—.
El lunes 10 de junio de 2019, José Luis Álvarez Flores, quien había logrado algo sorprendente, conseguir que una parte de la selva del sur de Tabasco fuera declarada santuario del mono saraguato, asistió a una reunión de trabajo en el norte de Chiapas. Tras aquella reunión, en la que se discutieron diversas estrategias de defensa y conservación de los bosques y las selvas mexicanas, Álvarez Flores decidió adelantar su regreso a casa. Una hora después, sin embargo, el ambientalista tabasqueño fue sorprendido en mitad de un páramo y asesinado de cinco balazos. Su cuerpo fue encontrado en el ejido Calatrava del municipio de Palenque, junto con varias amenazas: unas estaban dirigidas contra su familia, otras contra el resto de los miembros de la Unidad de Manejo Ambiental de Tabasco. Días antes, Álvarez Flores había denunciado que, en las cerca de 350 hectáreas de las que se encargaba, no sólo debía hacer frente a traficantes de maderas preciosas, cazadores furtivos y narcos, también debía enfrentar la extracción ilegal de arenas del río Usumacinta. Su delito, el que lo llevó ante la muerte, fue plantar cara al último cártel de nuestro país, el arenero, y hacerlo, para colmo, esperando la protección de un gobierno que ha decidido ahorrar en temas como este: salvaguardar la vida de sus ciudadanos en peligro evidente y declarado.
—Durante los últimos cinco años, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente tuvo conocimiento de 104 casos de explotación ilegal de arena en nuestro país, todos los cuales arrasaron territorios, ejidos, comunidades, zonas protegidas y ecosistemas enteros. Convertida en el segundo recurso natural de mayor demanda en nuestro planeta, según el Programa para el Medio Ambiente de la ONU, el consumo mundial de arena es de 42 mil millones de toneladas: ocho veces mayor que el consumo de hidrocarburos. Ahora bien, como con los hidrocarburos, entre las arenas hay clases. Y las de mejor calidad, las que mayor demanda tienen en la industria de la construcción, en la del turismo y en la de la belleza, siempre a consecuencia de su composición silica cuarzosa, se encuentran en los lechos de los ríos y de los lagos, así como en el fondo de los manglares y en las zonas costeras. Pero pongamos un ejemplo: un metro cúbico de arena extraída de manera ilegal en el río Usumacinta, multiplica su valor en el mercado hasta por doce. Los ambientalistas mexicanos están muriendo, también, en nombre del concreto, las playas privadas de los spas y las mascarillas para las arrugas—.
El viernes 19 de julio de 2019, Zenaida Pulido Lombera se presentó ante las autoridades del estado de Michoacán, para denunciar que había vuelto a recibir amenazas de muerte. Tras salir de las oficinas en las que, además de dejar constancia del peligro que corría, denunció a aquellos que consideraba eran los culpables de la desaparición de su hermano, Pulido Lombera abordó, acompañada de su esposo, el automóvil que debía llevarlos a su casa. Minutos después, sobre la carretera que va de Huahua a Pichilinguillo, el matrimonio fue alcanzado por un convoy que, apenas verlos, abrió fuego contra ellos. Apenas unas horas después, los demás miembros de Familiares Caminando por la Justicia, organización dedicada a la búsqueda de desaparecidos, denunciaron que el asesinato de la activista nahua era resultado de la búsqueda de su hermano, pero también del trabajo que había hecho con muchos otros familiares de desaparecidos, quienes no se habían atrevido a hablar hasta que la conocieron, así como de la organización de la caravana de búsqueda que recorrió Michoacán entre el 28 de abril y el 11 de mayo. Su delito, el que la colocó frente a la muerte, fue buscar, en el silencio de la desesperación, las respuestas que curaran el desamparo, enfrentándose, al mismo tiempo, a los dueños de la violencia física ilegítima y exigiéndole, a los supuestos dueños de la violencia física legítima, algo que en nuestro país se ha convertido en un imposible: que hicieran su trabajo.
—Hace varios meses, el gobierno mexicano reconoció haber encontrado cerca de 3.000 fosas clandestinas, en las cuales hay evidencias para contar poco más de 5.000 cuerpos (las cifras no están cerradas pues se trata, en palabras de la presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, de números dinámicos, es decir, en constante revisión). 3.000 fosas clandestinas, 5.000 cuerpos: esta es la radiografía de nuestra fractura más profunda, una fractura que no está lista para soldar ni, aún menos, para sanar, pues además yace recubierta de desgarres, de músculos deshechos: Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó hace apenas mes y medio que México cuenta 55.000 seres humanos (otra vez, en cifras dinámicas) de los que nadie sabe nada o casi nada. La piel, por supuesto, está deshecha y supurando: la acuchilló el crimen organizado, la infectó la corrupción y el contubernio de los cuerpos policiales y militares y la acabó de pudrir la ineptitud, cuando no la complicidad, de las autoridades políticas de todos los niveles de gobierno—.
Me senté a escribir este artículo convencido de que escribiría sobre el asesinato de Homero Gómez González, ambientalista ultimado el 14 de enero de 2020. Quería demostrar que, en México, defender a una mariposa se ha convertido en un delito penado con la muerte, por aquellos que son los únicos que hoy juzgan en nuestro territorio: los intereses privados, sean estos legales o ilegales. Así fue como volví a ver la imagen que nos evidencia desde hace tanto: aquí, en nuestro país, en el siglo XXI, se muere por defender un insecto, por defender las milpas, por defender la arena, por defender el dolor, por defender la vida.
Y es que, entre el asesinato de Zenaida Pulido Lombera, el 19 de julio de 2019, y el de Homero Gómez González, el 14 de enero de 2020, fueron ultimados otros ocho defensores del territorio, la cultura y el medio ambiente. Y entre el 14 de enero y la publicación de este artículo, fue ultimado Raúl Hernández, también defensor de las mariposas, también enemigo jurado de la tala ilegal.
Habitamos un país en el que la repetición de la tragedia desnuda la voluntad de olvido y desaparición del necrocapitalismo, con la impunidad que este impone, con la incapacidad que demanda de sus gobiernos, sean del partido que sean.
México, un país en donde incluso el duelo está vedado, pues apenas da comienzo el funeral, toca hablar de un nuevo muerto.
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