“La obligación de 30% de contenido nacional no la van a poder cumplir la gran mayoría de los servicios en internet”, consideró Luis Fernando García, director de la Red en defensa de los derechos digitales.
Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el miércoles que las plataformas digitales deberán tener 30 por ciento de contenido nacional.
“Se establece en la Ley Federal (de Telecomunicaciones y Radiodifusión) en comento una obligación para los prestadores de servicios de televisión restringida vía Internet, nacionales o extranjeros, en el sentido de tener dentro de sus catálogos al menos el 30 por ciento de contenidos nacionales”, señala la iniciativa.
De acuerdo con lo aprobado, en un plazo de nueve meses las plataformas digitales -como Netflix y Amazon– deberán cumplir con el 20 por ciento de contenido nacional, y tendrán 18 meses para cumplir con el 30 por ciento a partir de la entrada en vigor del decreto.
El senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, comentó que con esta aprobación se dio un paso importante en la industria fílmica nacional.
“Claro que tenemos la capacidad fílmica para ocupar el 30 por ciento de contenidos que las plataformas digitales presentan, claro que la industria fílmica nacional tiene el derecho de ser vista”, dijo.
Luego de que avanzara esta iniciativa, la Coparmex y la organización R3D se pronunciaron contra la misma.
La primera señaló que hasta ahora “impera el gusto y la libre decisión del consumidor, que ha demostrado ser proclive a una mayor generación de contenidos en México, tanto por parte de empresas de producción nacionales como extranjeras”.
La Confederación Patronal hizo un llamado al pleno del Senado a rechazar la iniciativa de Ricardo Monreal por las siguientes “implicaciones”:
1) Detrimento a la libertad de expresión, pues la reforma al artículo 170 sujeta a las plataformas que deseen prestar servicios de “streaming” a autorización previa por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Los servicios de streaming se convertirían de hecho en servicios altamente regulados, como los servicios de televisión y audio restringidos. Estas autorizaciones podrían volverse un instrumento de control sobre el contenido que debe circular libremente en la internet. Regresar al viejo sistema de concesiones para la transmisión de información es una mala idea y contraria a la letra y el espíritu del artículo 6 de la Constitución que garantiza la libertad de expresión de todos.
2) Reducción de la competencia generada por la autorización previa para prestar servicios de “streaming”, como sucedió en los servicios de televisión y audio restringidos y en los servicios de televisión abierta, reduciendo las opciones de los consumidores. Las autorizaciones se convertirán en una barrera de entrada a los nuevos servicios y nuevos contenidos.
3) Violaciones a los tratados de libre comercio, incluido el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), recién aprobado por el propio Senado de forma abrumadora. Estas violaciones se centran en temas como la restricción al acceso a mercado, y requisitos de desempeño, como es la cuota de contenido nacional que se busca imponer a las plataformas de streaming.
4) Disminuye la certidumbre jurídica de creación de contenido audiovisual en México, tanto nacional como extranjero. México destaca como generador y exportador de contenidos audiovisuales de gran calidad. Lo anterior ha sido posible en buena medida gracias a la existencia de una cadena de valor competitiva, producto del desarrollo de todos sus eslabones y resultado directo de la confianza que las plataformas digitales han tenido de poder invertir en el país y desarrollar contenido sin ningún tipo de restricciones.
❌ Reprobamos que en comisiones del @senadomexicano se haya aprobado sin quórum legal el dictamen de la iniciativa de @RicardoMonrealA para regular el contenido de las plataformas digitales. Sobre ello nuestro #ComunicadoCoparmex https://t.co/n7AvgI5aIG pic.twitter.com/0bxS0q1ntf
— Coparmex Nacional (@Coparmex) March 19, 2020
Luis Fernando García, director de la organización Red en defensa de los derechos digitales (R3D), también se pronunció contra la misma por los siguientes motivos que explicó en un hilo en Twitter:
Este es el polémico dictamen aprobado:
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