“La crisis vino a reforzar el mandato del 4º Artículo Constitucional de contar ya con una Ley General de Aguas que garantice cumplir con los derechos humanos y de los pueblos al agua, la salud y un medio ambiente sano”, escriben Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns.
Por Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns
El lunes 6 de abril la directora general de la Conagua anunció su Plan de Emergencia frente a la contingencia sanitaria: 104 pipas prestadas por la CMIC, 402 cisternas donadas por Rotoplas, 8450 latas de agua potable donadas por Heineken, junto con el compromiso de que, ahora sí, se hará todo lo posible para que los hospitales y clínicas del país reciban agua, siempre a cambio de un pago.
¿Cómo llegamos a esta ridículamente trágica respuesta frente al tamaño de lo que enfrentamos? ¿Qué podemos hacer?
No hay agua para la vida porque, bajo las leyes neoliberales establecidas en 1992, la razón de ser de las “autoridades del agua” ha sido otro: garantizar agua y obras hidráulicas para los “intereses” a través de sus aliados políticos federales, estatales y municipales.
La Conagua ha derrochado $75 mil millones en las obras hidráulicas requeridas para construir un aeropuerto en un lago, asegurando a la vez que Grupo Carso pueda lucrar con las aguas residuales de la Ciudad de México.
Las comisiones estatales, por su parte, se han dedicado a costosas obras hidráulicas inoperantes (Túnel Canal General), ilegalmente impuestas (Acueducto Independencia, trasvase Milpillas), privatizantes (desaladora Rosarito) o plagadas con dinámicas de corrupción (Zapotillo). Los organismos municipales en ausencia de controles ciudadanos, sirven como la caja chica para las futuras campañas políticas de los presidentes municipales.
Foto: Rogelio Morales/ Cuartoscuro
Mientras tanto, 36 millones de mexicanas y mexicanos no tienen agua en sus casas excepto ocasionalmente, y solo 14% de las clínicas en zonas indígenas cuentan con agua, luz y drenaje.
Esto tendrá que cambiar pronto: la crisis de COVID 19 vino a reforzar el mandato del 4º Artículo Constitucional de contar ya con una Ley General de Aguas que garantice cumplir con los derechos humanos y de los pueblos al agua, la salud y un medio ambiente sano a través de la participación.
Afortunadamente se está generando entre ambas cámaras legislativas y desde la ciudadanía y los pueblos así como entre sectores importantes del Ejecutivo, la voluntad política suficiente para superar los bloqueos de los que buscan conservar el control autoritario y privatizante del vital líquido.
Mientras logremos la nueva Ley, hay mucho que podremos hacer frente a COVID 19: Los $10 mil millones aprobados en el presupuesto 2020 para fracking podrían ser transferidos a la Secretaría de Bienestar para obras comunitarias de agua y saneamiento. La Conagua podría reducir, extinguir o revocar las megaconcesiones a particulares que están dejando a las comunidades aledañas sin agua, y podría poner fin a sus prácticas, ampliamente documentadas, de discriminación en contra de comunidades indígenas. La CFE podría suspender el cobro de luz para sistemas comunitarios en zonas marginadas. Las Comisiones de Derechos Humanos podrían abrir mapas interactivos en internet para reportar la falta de acceso al agua, y se podría exigir que los municipios visibilicen los volúmenes de agua entregados para usos no esenciales.
Todo esto nos abriría camino para la nueva institucionalidad que vendrá con la aprobación de la Ley General de Aguas, bajo la cual el agua será gobernada con base en planes ampliamente consensuados para el acceso equitativo y sustentable, con contraloría ciudadana y social.
El agua no es una cuestión de limosnas, sino de derechos.
*Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns son integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida.