El Covid-19 y los usuarios de drogas inyectadas en la frontera norte de México | Artículo

Clara Fleiz y Alfonso Chávez

El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la actual epidemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19) como una Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional (1). Tres meses y medio después, el Covid-19 se ha expandido a más de 200 países y el número de personas infectadas supera los dos millones, con más de 163 000 muertes (2) hasta el 21 de abril de 2020.

México reportó su primer caso el 27 de febrero y, hasta el 21 de abril, registra aproximadamente 9 501 casos confirmados, 3 185 casos activos y 857 muertes. Las entidades más afectadas son: Ciudad de México, Estado de México y Baja California. Particularmente en la frontera norte la pandemia aumenta rápidamente y Tijuana es el punto fronterizo más afectado en número de casos confirmados y muertes. Otras ciudades que muestran un crecimiento acelerado son Mexicali y Ciudad Juárez (3).

Foto: cortesía Hans-Maximo Musielik

Una de las poblaciones con mayor riesgo de infección en esta zona fronteriza, es la de las personas usuarias de drogas inyectadas (PIDS) quienes en su gran mayoría viven en situación de calle, trabajan en la economía informal y tienen un bajo ingreso económico. Las PIDS consumen principalmente heroína en forma de goma o polvo blanco (“china white”) y cristal. Más del 70% comparte jeringas y parafernalia, de manera que casi 100% tiene el virus de la hepatitis C y una proporción más alta al promedio nacional tiene VIH/SIDA (4.3%).

Otras enfermedades frecuentes que desarrollan las PIDS, son las endocarditis, las infecciones gastrointestinales y las enfermedades de vías respiratorias como gripes, neumonías y tuberculosis; muchas de las cuales se exacerban por el hacinamiento y las condiciones insalubres en las que viven. Esta población no tiene acceso a una alimentación adecuada, a agua potable ni a servicios de salud (4). Además, las condiciones climáticas de lluvia y frío, especialmente en Tijuana en las últimas semanas donde la temperatura ha oscilado entre los 6 y 12 grados centígrados, propicia el desarrollo de enfermedades respiratorias y el hacinamiento como medida de protección ante el frío. A este panorama se agregan la persecución policiaca de la que son víctimas, la discriminación, el estigma y el rechazo por parte de las instituciones y la sociedad en general.

En las últimas semanas, la reducción de actividad laboral en los puntos fronterizos y el cierre parcial de la frontera ha tenido como consecuencia el que la población no pueda trabajar. Ante la falta de recursos económicos, se ha generado una mayor concentración de PIDS en ciertos puntos donde comparten sus dosis para evitar el síndrome de abstinencia.

Foto: cortesía Hans-Maximo Musielik

Estas condiciones de vida extremadamente precarias, más otros factores sociales y económicos derivados de la contingencia del COVID-19, potencian los riesgos de esta población para adquirir el virus y tener un desenlace fatal.

Las recomendaciones internacionales para las PIDS ante la pandemia parten de la perspectiva de reducción de daños y conminan a la población a que, en la medida de lo posible, las lleven a cabo apegados a su contexto y situación actual (5).

Estas medidas parten de tres ejes fundamentales:

• La práctica de un uso de drogas más seguro que implica, entre otros aspectos, minimizar la necesidad de compartir equipo, que la propia persona prepare sus drogas y que planifique una eventual sobredosis y minimice el contacto, especialmente las personas dedicadas al trabajo sexual.
• Que la persona se mantenga limpia y tenga prácticas de consumo con una buena higiene, como es el lavado de manos y limpiar las superficies con las que pueda tener contacto, mantenerse aislado si la persona siente que se ha enfermado de COVID-19 y solicitar a quienes le provean los servicios de reducción de daños, la entrega segura de jeringas y medicamentos.
• Que la persona mantenga una reserva de drogas, parafernalia o medicamentos mayor de lo que pudiera necesitar, por ejemplo, jeringas o metadona que puedan durar de 2 a 4 semanas.

Estas recomendaciones son difíciles de llevar a cabo en la frontera mexicana por las condiciones de vida de la población usuaria de drogas inyectadas. Sin embargo, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que han trabajado durante varios años con población en situación de calle, como Prevencasa en Tijuana, Verter en Mexicali y Programa Compañeros en Ciudad Juárez, han instrumentado las siguientes medidas:

•  Distribución de equipo de inyección y de prevención de sobredosis para varios días.
• Entrega masiva de jabones en distintos puntos de las ciudades.
• Acceso a las instalaciones de las OSC para lavado de manos.
• Adaptación de manuales con las recomendaciones para reducir los riesgos de infección, mismos que han sido entregados y explicados a la población (6).
• Revisión médica de pacientes.
• Referencia de las personas con VIH a los Centros de Atención Ambulatoria para la prevención del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, así como el traslado a las personas con dependencia a opioides a las clínicas de metadona, para que no interrumpan su tratamiento.

Todos estos esfuerzos los han llevado a cabo las OSC con muy poca infraestructura y sin apoyo gubernamental para la compra de insumos de reducción de daños y de prevención del Covid-19. Sólo en la ciudad de Tijuana, la Jurisdicción Sanitaria y el gobierno municipal recientemente se comprometieron a habilitar un albergue para esta población.

Foto: cortesía Hans-Maximo Musielik

Es urgente que esta población tenga acceso al agua potable, pues el lavado de manos es una de las principales medidas de prevención del Covid-19 y esto es prácticamente imposible en las condiciones actuales.

Además, es importante subrayar que existen otros grupos vulnerados como son las personas migrantes, las y los trabajadores sexuales, la población transgénero, las personas con enfermedades crónicas y de la tercera edad que viven en situación de calle y no están recibiendo
ningún tipo de protección ante el riesgo de infección.

Al respecto, Inglaterra y la ciudad de California, en Estados Unidos, han habilitado hoteles para las personas sin hogar, reconociendo su alta vulnerabilidad al Covid-19 (7). Por ejemplo, el gobierno de la ciudad de San Francisco ha colocado en las habitaciones de estos hoteles a las personas que dan positivo o son sintomáticas (8), mientras que Colombia desarrolló los lineamientos para la prevención, detección y manejo de casos de Covid-19 para población en situación de calle (9).

En este contexto, es urgente que las autoridades de todos los niveles de gobierno, apegados al respeto y dignificación de los derechos humanos de las personas que usan drogas inyectadas y están en situación de calle, implementen políticas y acciones inmediatas de atención en toda la frontera norte del país, donde existe la mayor concentración de PIDS, con el objetivo de prevenir un brote epidémico en esta población con el riesgo inminente de muerte por sus condiciones de vida.

Estas acciones requieren articularse dentro una estrategia integral de prevención y atención del Covid-19, que considere el acceso a los servicios de salud y las medidas básicas recomendadas por Organización Mundial de Salud, así como la disponibilidad de jeringas, de medicamentos para la dependencia a opioides y el acceso a lugares donde puedan dormir y asearse.

Foto: cortesía Hans-Maximo Musielik

Además de las acciones institucionales y de las OSC, se requiere del trabajo de la academia para analizar y evidenciar el impacto social, económico y en la salud pública que esta grave pandemia tendrá en todos estos grupos vulnerados que tienen necesidades específicas de atención.