SACRAMENTO, California — Una organización conservadora pidió a la Corte Suprema de California bloquear el plan de darle dinero a los inmigrantes que viven en el país sin autorización y que se han visto afectados por el nuevo coronavirus.
El Center for American Liberty alegó en nombre de dos candidatos legislativos republicanos que el plan de 75 millones de dólares que el gobernador del estado Gavin Newsom anunció la semana pasada está prohibido por la ley estatal y federal.
Newsom ofreció 500 dólares para cada uno de los 150,000 adultos desempleados que quedaron fuera del paquete de estímulos aprobado por el Congreso debido a su situación migratoria. El dinero será distribuido a través de grupos sin fines de lucro, con el fin de proteger a los destinatarios de proporcionar información personal que podría costarles otras prestaciones o aumentar el riesgo de que sean deportados.
La impugnación argumenta que el plan de distribución queda excluido por la prohibición de la Constitución estatal sobre dar regalos a las organizaciones fuera del control exclusivo del estado.
La petición fue presentada el miércoles por la abogada Harmeet Dhillon, funcionaria del Partido Republicano que fundó el centro sin fines de lucro el año pasado con el objetivo de proteger las libertades civiles.
Señaló que es inquietante que el dinero sería distribuido por organizaciones desconocidas que no tienen responsabilidad alguna ante los contribuyentes.
La policía ha dejado claro que la aplicación sirve únicamente para limitar los desplazamientos en esta situación de emergencia sanitaria, no recoge ningún dato personal y toda la información almacenada se destruye cada semana.
La solicitud señala como imputados al gobernador demócrata y al director financiero del estado, Keely Bosler. Ninguno respondió a peticiones en busca de comentarios.
Uno de los dos demandantes es Ricardo Benitez, un republicano que compite con la asambleísta demócrata Luz Rivas de North Hollywood por el Distrito 39 de la Asamblea.
Benitez nació en El Salvador y llegó a Estados Unidos de manera ilegal en 1975 cuando era menor de edad, de acuerdo con la querella. Adquirió la nacionalidad estadounidense en 1986.
Solo falta la firma del presidente Donald Trump.
La otra es Jessica Martinez, integrante del Concejo Municipal de Whittier y quien se postuló para representar al 57mo distrito de la Asamblea, que está vacante tras la salida del demócrata Ian Calderón.
El mes pasado, los legisladores de California dieron a Newsom un amplio poder para gastar hasta 1,000 millones de dólares en medidas para combatir el coronavirus, antes de que se suspendieran las sesiones a causa de la pandemia. Desde entonces, los legisladores de ambos partidos han culpado al gobierno estatal de no proporcionar suficientes detalles sobre el gasto.
Newsom dijo la semana pasada que 10% de la mano de obra del estado son inmigrantes que viven en el país sin autorización y que éstos pagaron más de 2,500 millones de dólares en impuestos locales y estatales el año pasado.
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