“El presidente hizo de su palabra un instrumento y un arma de gobierno”: Ana Cristina Ruelas. 15% del total de las agresiones sucedieron contra los periodistas que cubren la fuente presidencial.
En su informe anual “Disonancia: voces en disputa“, la organización Artículo 19 establece que el 2019 estuvo marcado por un incremento en la violencia contra periodistas y una narrativa de estigmatización a la crítica, impulsada desde el Ejecutivo.
Ana Cristina Ruelas, directora regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, mencionó que la pandemia ha venido a confirmar que no existe la voluntad o la intención inequívoca de los gobiernos federal y estatales por hacer que la libertad de expresión se garantice a través de una verdadera política de Estado.
“Por el contrario, los dejos autoritarios de distintos gobernadores, presidentes municipales y funcionarios federales ponen en relieve una política censora que busca controlar los flujos de información que llega a la sociedad a través de una serie de amenazas físicas, políticas, económicas, jurídicas y tecnológicas”, dijo la dirigente de la organización.
Ruelas anotó que “en este 2019 pudimos confirmar que las expresiones se disputan, vengan de donde vengan, y en el centro estamos nosotros, las personas que tenemos que decidir a quién creer y sobre la verdad que queremos hacer nuestra”.
Asesinatos de periodistas
En el 2019 se registraron 609 agresiones contra periodistas, de las cuales, 10 fueron asesinatos. Esto significa un aumento del 12% comparado con el 2018 y casi el 100% respecto al primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con Artículo 19, más del 99% de los crímenes contra periodistas siguen sin resolverse y, de 1,614 casos en trámite desde la creación de la Fiscalía especial en 2010, sólo se han logrado 14 sentencias, en su mayoría en contra de los autores materiales de la agresión, sin lograr vincular a aquellos que dieron la orden de agredir.
Ruelas puntualizó que en 2019 se atestiguaron nuevas amenazas contra los medios que surgieron a través de la estigmatización al trabajo periodístico desde la tribuna presidencial.
Consideró que esta narrativa fue impulsada principalmente durante los primeros 100 días de gobierno del presidente, por medio de apelativos como “fifí”, “conservadores” e “hipócritas”, términos que pueden ser interpretados por funcionarios públicos locales y el crimen organizado como una autorización para referirse a la prensa local.
“El presidente hizo de su palabra un instrumento y un arma de gobierno. Decidió neutralizar o anular a cualquiera que buscó cuestionar su relato. Confundió la resistencia de sus adversarios y las élites, con la racionalidad de aquellos que buscaban entender e informar sobre la estrategia que respalda la narrativa”, expuso la directora.
Ruelas estableció que, a pesar de las alertas que ARTICLE 19 emitió sobre el incremento de la violencia en contra de la prensa en la Ciudad de México y Quintana Roo, no hubo acción para revertir estos casos. “Estas dos entidades duplicaron las agresiones entre 2018 y 2019, mientras que Puebla, Guerrero, Oaxaca y Veracruz siguen estando en el tope de la lista de los estados más violentos para el periodismo”.
Respecto a las agresiones en la Ciudad de México, informó que, a raíz de la estigmatización proveniente desde la conferencia matutina del Ejecutivo, el 15% del total de las agresiones sucedieron contra los periodistas que cubren la fuente presidencial.
Publicidad oficial
En cuanto a la publicidad oficial, si bien el monto erogado descendió de 10,725 millones de pesos registrados en 2018 a 1,550 millones ejercidos preliminarmente en 2019, la concentración del gasto sigue existiendo y no sabemos bajo qué criterios el 57.26% del total ejercido se repartió entre 15 medios de comunicación y el otro 42.74% entre otros 476.
Tampoco sabemos por qué los medios de comunicación beneficiarios con un 30% del gasto total de comunicación fueron Estudios Azteca, Televisa y La Jornada, señaló la directora de ARTICLE 19.
Recomendaciones
La directora de ARTICLE 19 presentó una agenda mínima acerca de las acciones que autoridades y servidores públicos de los tres poderes de la nación deben llevar a cabo para generar una política de estado que garantice la libertad de expresión y el derecho a la información.
*Combatir la impunidad de los crímenes contra periodistas.
*Garantizar la existencia de una política de protección integral para periodistas
*Promover el desarrollo mediático y la independencia de los medios de comunicación.
*Garantizar el acceso a la información para todas y todos, más aún para las comunidades más alejadas y vulnerables.
*Combatir la desinformación y el uso de lenguajes discriminatorios y de incitación a la violencia.
*Reconocer la importancia de las mujeres en el espacio cívico.
Aquí el enlace para descargar el informe completo: disonancia.articulo19.org