La relación entre Reino Unido y el club comunitario después del divorcio, en principio, fijado para el próximo 30 de marzo, es todavía una incógnita. Pese a las dudas, Bruselas alertó desde el primer momento de un riesgo: que el todavía socio se convierta en un foco de prácticas desleales cuando deje de acatar las reglas de la UE. España ha tratado de limitar esa contingencia en Gibraltar con un acuerdo internacional que han firmado este lunes el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, y el ministro británico de la presidencia encargado del Brexit, David Lidington. Fuentes de Exteriores han explicado a EL PAÍS las líneas maestras de ese documento.
El Gobierno confía en que el esquema se aplique cuanto antes y en cualquier marco de retirada británica (con acuerdo o sin él). Previamente deberá aprobarlo el Congreso porque se trata de un tratado internacional. Londres se había resistido hasta el momento a hacer concesiones en este terreno, pero el temor a que el Brexit deje a su colonia aislada del club comunitario ha servido de incentivo para tejer alianzas con España. En ese contexto se enmarcan también los cuatro memorandos firmados el pasado noviembre entre Londres y Madrid para suavizar los principales contenciosos relativos al Peñón (entre ellos, el precio del tabaco, que Gibraltar se compromete a subir para limitar el contrabando).
El tratado fiscal establece un baremo objetivo para determinar quién es residente fiscal en Gibraltar y quién no. Los ciudadanos que pernocten más de 183 días al año, tengan su cónyuge con residencia en España, posean una vivienda habitual o dispongan de dos tercios de sus activos en territorio español deberán tributar a la Hacienda española. La norma afecta a aquellos que hoy estén considerados residentes fiscales en Gibraltar.
Las fuentes consultadas aseguran que este tipo de irregularidades no son, de momento, de gran magnitud, pero advierten de que, sin este compromiso entre Londres y Madrid, podrían crecer tras el Brexit. “Hemos quitado todo estímulo para residentes españoles que quieran radicar sus negocios en Gibraltar. Nos blindamos para el futuro”, vaticinan las fuentes consultadas.
Más relevante que el capítulo de personas es el de las compañías. Las autoridades españolas calculan que existen unas 55.000 empresas radicadas en ese pequeño territorio de 30.000 personas, colindante con una de las zonas más pobres de España, el Campo de Gibraltar. Si la colonia británica fuese un Estado, constituiría el tercer territorio con mayor PIB per cápita del mundo. Y su paro es del 1%, frente al 35% de La Línea de la Concepción.
El foco en las empresas
Con ese desequilibrio como base, España confía en poner coto a las prácticas desleales mediante una serie de criterios para personas jurídicas. Estas entidades estarán sujetas a la tributación española cuando la mayoría de los activos estén en España, cuando sus ingresos provengan de ese territorio, cuando las personas que las gestionan sean residentes fiscales en España o cuando la mayor parte de derechos sobre el capital los ejerzan españoles.
A esas reglas tan estrictas se establecen algunas excepciones para acomodar a las firmas que de verdad tengan una actividad ajena a España. Escaparán a la norma todas las sociedades constituidas en Gibraltar antes del 16 de noviembre de 2018 y que puedan demostrar, entre otros requisitos, que el 75% de sus rentas derivan de actividad gibraltareña.
El éxito de este esquema dependerá de la tercera pata contenida en el acuerdo: el intercambio de información. La Administración gibraltareña compartirá datos fiscales con la española. Habrá incluso algunas transferencias automáticas. Serán las que afecten a los datos de trabajadores en Gibraltar residentes en España y a los vehículos, buques y aviones registrados en el Peñón. Lo mismo regirá respecto a los gibraltareños que trabajen en España o tengan bienes en el país.
Preguntada por este pacto, una portavoz británica se remitió a una declaración reciente del ministro principal del Peñón, Fabian Picardo: “Estoy muy satisfecho de que hayamos podido alcanzar un acuerdo sobre este asunto históricamente complicado”.
El Peñón dejará de ser paraíso fiscal si cumple lo acordado
Uno de los principales estímulos para embarcar a Reino Unido en esta negociación ha sido la mejora de la reputación que obtendrá Gibraltar si el acuerdo se cumple. España está decidida a sacar al Peñón de la lista de paraísos fiscales cuando constate que la colonia británica aplica los artículos de este tratado. Inicialmente se planteó que este compromiso figurara en la redacción del acuerdo. Al final el texto ha quedado sin referencias a ese futurible.
Las fuentes consultadas en el Ministerio de Exteriores garantizan, no obstante, que ese es el propósito y que probablemente se haga alguna declaración, sin valor vinculante, reflejando la nueva situación.
Las autoridades gibraltareñas rechazan la denominación que aplica España y ponen como ejemplo los acuerdos de intercambio de información que tienen firmados con otros países de la UE, entre ellos Alemania, Francia e Italia. El club comunitario no etiqueta a Gibraltar como paraíso fiscal (hasta ahora Bruselas ha tratado de mantenerse neutral en unos litigios que afectaban a dos Estados miembros).
Para garantizar los intercambios de información en el futuro y disuadir a los defraudadores, España se ha inspirado en el modelo que tiene Francia con Mónaco. Los negociadores de Exteriores han empleado como base ese esquema francés, que consideran muy garantista, y lo han endurecido para el caso de Gibraltar, según su interpretación.
El Peñón goza de una tributación muy atractiva para empresas y capitales. El impuesto de sociedades tiene un tipo máximo del 10% sobre los beneficios empresariales, frente a un 25% general en España.
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