De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz han asesinado a 36 defensores de los derechos humanos en Colombia.
Por Ángeles Mariscal
Empresas mineras transnacionales no han parado la extracción en lo que va de 2020, pese al riesgo de contagio por la pandemia del nuevo coronavirus, lo que ha dejado a miles de trabajadores enfermos en varios continentes, documentaron organizaciones ambientalistas.
En el informe que dieron a conocer Earthworks (USA), Institute for Policy Studies – Global Economy Program (USA), London Mining Network (UK), MiningWatch Canada, Terra Justa, War on Want (UK) y Yes to Life No to Mining, detallan no sólo los casos donde miles de trabajadores resultaron enfermos de Covid-19, sino el impulso que ha realizado la industria minera en estos meses para lograr cambios en la reglamentación que les permite operar en zonas donde la población rechaza el extractivismo.
“Las empresas mineras están aprovechando de la pandemia para seguir forzando sus trabajos en nuestro territorio. Ellos no respetan el Estado de emergencia y continúan infiltrándose en nuestras comunidades. Esto representa un mayor riesgo para nosotros”, denunciaron indígenas de Ecuador, según recoge testimonios el informe.
En el documento dieron una lista de ejemplo de la situación. Por ejemplo, refieren que en México, a pesar de que la minería no se consideró una actividad esencial hasta el 18 de mayo, las principales empresas mineras mexicanas nunca suspendieron sus operaciones durante la pandemia. Ello ha provocado que un número no cuantificado de trabajadores, enfermen.
Señalaron que en Zacatecas, la empresa Ocampo Mining Tayahua, una filial del Grupo Frisco y propiedad de Carlos Slim, continuó operando en la mina subterránea pese a las medidas que pidió el gobierno para contener el virus; prefiriendo pagar una multa antes que dejar de trabajar, según explicaron organizaciones campesinas y sindicales.
En Panamá, el 20 de marzo las autoridades gubernamentales eximieron a la mina Cobre Panamá, operada por la empresa canadiense First Quantum Minerals, de las medidas de cuarentena impuestas a la población, y trabajadores enfermaron de Covid-19. Al 30 de abril 106 trabajadores habían dado positivo, 850 fueron puestos en cuarentena; 5 han muerto a causa del virus.
En Perú, la mina de cobre Antamina (Glencore/HP/Teck) fue autorizada por el gobierno para seguir operando, 210 trabajadores se infectaron y al menos uno murió.. En Siberia, al menos 866 trabajadores de la minería han dado positivo para Covid-19 y ellos mismos sospechan que muchos más podrían estar infectados. Más de 6 mil personas trabajan en la mina de oro Olimpiada.
En Sudáfrica, los trabajos en la mina de oro subterránea de Anglo Gold Ashanti, localizada a 4 kilómetros de profundidad, en Mponeng, provocó que 164 trabajadores dieran positivo.
En Canadá, la mina de paladio Lac des Iles (Impala Canada), ubicada en el norte de Ontario, pudo seguir funcionando incluso después de que se notificara un brote, cuando la minería fue calificada como servicio esencial. En Alberta, Kearl Lake (Imperial Oil) siguió operando aún cuando 45 trabajadores resultaron positivos, y al regresar a sus comunidades indígenas, propagaron el virus. Lo mismo sucedió en lugares como Mali, Irlanda del Norte y Australia.
Las organizaciones ambientalistas refieren que en el marco de la crisis por la pandemia, los empresarios mineros presionaron a los gobiernos de algunos países, para realizar reformas legales que los favorecieran.
En Canadá, el gobierno de Alberta suspendió al menos 19 de los requisitos que debe cumplir la industria minera de arenas petrolíferas en materia de vigilancia y reglamentación ambiental, incluida la supervisión de la calidad del aire y el agua in situ, citando el Covid-19 como justificación.
En Brasil, se aprobó un resolutivo presidencial que considera a la minería como actividad esencial. Gracias a ese resolutivo, se ha mantenido a personas trabajando sin respetar medidas de distanciamiento para evitar contagios. Sindicatos reportan entre trabajadores incremento en contagios y muertes por esta enfermedad.
Matan a activistas anti-proyectos mineros
También denunciaron agresiones y muertes de activistas comunitarios que se oponían a los proyectos mineros. En México, durante los dos primeros meses de la cuarentena domiciliaria obligatoria, fueron asesinados cuatro defensores de los derechos humanos.
Tres estaban dedicados a la defensa de la tierra y el medio ambiente. Adán Vez Lira, asesinado en abril, había participado en la protección del ecosistema de humedales y en la resistencia a los proyectos mineros de empresas canadienses en el estado de Veracruz. El 12 de mayo se denunció también el asesinato del activista laboral Oscar Ontiveros Martínez a manos de la policía comunitaria vinculada al crimen organizado que opera en el área de la mina de la compañía canadiense Torex Gold, municipio de Cocula, Guerrero
Desde que se identificó el primer caso de Covid-19 en Colombia, la organización Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) documentó el asesinato de 36 defensores de los derechos humanos. Jorge Enrique Oramas fue el centésimo defensor asesinado en mayo de este año.
En Ecuador, tres miembros del gobierno municipal de Zamora fueron arrestados en mayo en la provincia meridional de Zamora Chinchipe por intentar bloquear el paso de camiones a la mina Fruta del Norte (Lundin Gold/Newcrest) debido a la preocupación por el Covid-19, después de que el gobierno diera luz verde a las operaciones extractivas. Casos semejantes se vivieron en Turquía, Perú y Filipinas.
Y mientras realizan estas acciones, algunas empresas mineras han creado fondos de asistencia o han hecho importantes donaciones a los ministerios estatales. Con estas donaciones directas en efectivo, para “combatir” la pandemia, buscan “lavar sus sucios historiales y presentarse como salvadores con espíritu ciudadano”, acusan en el informe.
Las organizaciones ambientalistas que realizaron el estudio, señalan que las empresas mineras continúan haciendo presión para agilizar las decisiones administrativas y debilitar las medidas que detenían el impacto social y ambiental que provoca la industria.