La organización pidió que se indaguen posibles actos de tortura, tratos crueles e inhumanos durante la detención de al menos 18 personas a manos de policías.
Amnistía Internacional (AI) exigió al Gobierno de Jalisco que investigue y sancione a los responsables de violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones del 4 y 5 de junio en Guadalajara.
En un posicionamiento público, la organización expresó su preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado de Jalisco durante las manifestaciones en las que se ha exigido justicia por la muerte de Giovanni López.
Por ello, exigio investigar y sancionar a quienes resulten responsables del uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, que ha sido reconocido por el gobernador Enrique Alfaro.
También demandó que se investiguen posibles actos de tortura, tratos crueles e inhumanos durante las detenciones, especialmente en el lapso en que no se tuvo conocimiento del paradero de al menos 18 personas.
Además, exigió garantizar el derecho a la manifestación pacífica, velando por la seguridad e integridad física de todas las personas que ejercen ese derecho.
“Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que, durante casi 24 horas, se desconoció el paradero de al menos 18 personas que fueron presuntamente detenidas por policías ministeriales en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco. Hasta la fecha, una persona sigue sin ser localizada. El gobierno del estado es responsable de la vida, la seguridad e integridad de cualquier persona que sea detenida por sus fuerzas de seguridad, hasta que las mismas sean puestas en libertad”, señaló Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de AI México.
El gobierno del estado de Jalisco, señaló que debe aplicar la Ley Nacional del Registro de Detenciones, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019.
AI reconoció la labor gubernamental que permitió la localización de 17 de las personas cuyo paradero se desconoció durante 24 horas. Sin embargo, expresó su preocupación por el estado de salud en que pueden estar estas personas.
“Es obligación del gobierno del Estado de Jalisco efectuar una investigación amplia, clara y expedita de los hechos ocurridos en el contexto de las manifestaciones para sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de las personas que ejercían su legítimo derecho a la manifestación”, agregó en el pronunciamiento público.
Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho de los Estados a emplear legítimamente la fuerza para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público, recordó que también ha dejado en claro que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades.
En el caso de la muerte de Giovanni López, AI exigió que se lleve a cabo una investigación profesional de los hechos, que permita sancionar a los funcionarios públicos responsables de su muerte, de tal forma que se haga justicia para él y su familia, y que además se adopten medidas contundentes para evitar la repetición de los hechos.