En el pasado, las empresas energéticas han desarrollado sus proyectos sin consultas plenas a las comunidades y sin transparencia, opinan especialistas.
Si el país desea una transición energética justa, es necesario incorporar la perspectiva social en las prácticas y las capacidades de los diferentes actores, así como en los instrumentos de política pública para la gobernanza, planeación y diseño de la transición.
En los últimos meses, las modificaciones a las políticas de despacho de energía eléctrica emitidas por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control Energético (CENACE), han desatado el debate entre gobierno, sociedad civil, empresas de energías renovables y especialistas en la materia.
Para profundizar en las perspectivas del cambio climático, la defensa del territorio, el impacto social de las empresas de energías renovables y la defensa de los consumidores, especialistas de varios sectores participaron en una conferencia virtual este miércoles.
En un foro virtual, El Poder del Consumidor, la Iniciativa Climática de México (ICM) y la Fundación Heinrich Böll exploraron las perspectivas del cambio climático, la defensa del territorio, el impacto social de las empresas de energías renovables y la defensa de los consumidores.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, abordó la importancia de realizar una transición energética como una medida central y urgente para enfrentar el cambio climático, bajo el papel rector del Estado, con justicia social y plena transparencia, uno de los grandes retos.
En el pasado, dijo, diversas empresas energéticas han desarrollado sus proyectos sin consultas plenas a las comunidades, sin transparencia, con pagos mínimos por la renta y beneficios raquíticos a los municipios”, dijo.
Estas empresas han sacado provecho de la falta de regulaciones y transparencia, a costa de los propietarios de la tierra y las comunidades, gracias a gobiernos extremadamente corruptos.
“Con una política reguladora transparente y justa, con contratos públicos, con adecuados beneficios para los propietarios de las tierras y los municipios, las energías renovables deben seguir adelante, sumándose la participación de la CFE en nuevos proyectos, incorporando proveedores nacionales”, explicó Calvillo.
Para Calvillo, el costo de las energías renovables es menor, son fuente de muchos más empleos que la generación de electricidad por energías fósiles, no dependen de combustibles, no tienen los graves impactos locales de las termoeléctricas, y contribuyen a los compromisos del gobierno mexicano de combate al cambio climático.
La transición debe ser justa, democrática y soberana, convirtiéndose en el motor del cambio que guíe otras políticas que permitan transformar la sociedad, reduciendo el consumo de energía en sectores clave, señaló Carlos Tornel, doctorando en ecología política de la Universidad de Durham.
“La pandemia de Covid-19, con todo lo que implica, presenta una ventana de oportunidad para democratizar el sector eléctrico en México”, expresó. “La transición energética debe estar basada en principios de justicia y autonomía energética, bajo un diseño que permita asegurar que la energía se convierta en un derecho y no en una mercancía”.
Jorge Villarreal, director de Política Climática de ICM, señaló que en la planeación sectorial energética y los proyectos de infraestructura se priorizan los aspectos técnicos, económicos y políticos por encima de las dimensiones sociales, ambientales y culturales, lo que ha exacerbado la desigualdad en el uso y acceso de los recursos, así como los conflictos sociales en el territorio.
“Por los compromisos climáticos, México requiere de una mayor penetración de energía renovable para dejar de consumir energía producida con fuente fósil. Esta transición energética debe ser justa, esto implica que el desarrollo de energía renovable debe ser concebido desde el marco de derechos humanos, garantizando una participación efectiva de todas y todos los involucrados en la planeación del proyecto, desde su implementación. Debe reconocer y prevenir los impactos a gran escala, así como potenciar los beneficios sociales”, afirmó Villarreal.
Para lograr una transición energética justa es necesario incorporar la perspectiva social en las prácticas y las capacidades de los diferentes actores.
“La política pública puede y debe ser adecuada y fortalecida, para abrir espacios de conversación y participación significativa desde el territorio, que garanticen el enfoque de derechos en la transición energética”, afirmó Ana Sofía Tamborrel, asociada al proyecto para Impacto Social de ICM.
Mientras que Dolores Rojas, de la Fundación Heinrich Böll, señaló que si bien deben tomarse en cuenta las consecuencias ambientales de la producción y el consumo de energía, no debe soslayarse su costo social.
“Eso aplica no solamente a los productores de energía fósil, pues las energías renovables no son automáticamente la mejor opción; un factor decisivo radica en la escala de los proyectos, tanto como en la fuente de energía”, expresó Rojas.
Con información de El Poder del Consumidor