Considerar algo como definitivo en el caso de El Algarrobico —el enorme y polémico hotel levantado en una playa de Carboneras (Almería) a partir de 2003— es demasiado arriesgado. Pese a la veintena de sentencias y autos que esta mole acumula ya en su contra, el complejo de 21 plantas de altura sigue en pie casi una década después de que su construcción se paralizara por orden judicial. La maraña de recursos judiciales y la actitud de las Administraciones al principio de esta historia —principalmente, del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía— han convertido este caso en un embrollo desproporcionado.
Pero, durante este mes de septiembre, se espera que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre varios recursos pendientes que aclararán si el camino a seguir es la piqueta, como llevan años reclamando los grupos ecologistas y a lo que aspiran el Gobierno central y la Junta. Rafael Fernández Valverde, uno de los magistrados del Supremo encargados de analizar el caso, reconoció en junio que durante septiembre resolverán el “galimatías jurídico” con varias sentencias.
La clave ahora es saber si el hotel se levantó en una zona del parque natural de Cabo de Gata-Níjar en la que estaba permitido construir o no. Esa simple pregunta ha tenido respuestas contradictorias en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según los jueces que han analizado el caso. La sección primera de la sala de lo contencioso de Granada de este tribunal determinó en 2012 que en ese área no se podía construir. Y ordenó a la Junta que modificara la normativa del parque para quedara clara la protección de esa parcela.
Pero, sorpresivamente, los jueces de la sección tercera de la misma sala de lo contencioso del TSJA enmendaron a sus compañeros en 2014 y sentenciaron lo contrario: que en esos terrenos sí se podía construir. El Supremo resolverá este mes esta contradicción, que ha crispado el ambiente entre los miembros del TSJA.
Saber si en esos suelos se podía o no construir es clave también para dirimir la siguiente cuestión que también resolverá este mes el Supremo: ¿Es la Junta propietaria de la parcela donde se levantó el hotel? El Gobierno andaluz ejerció el derecho de retracto sobre ese terreno en 2006, tras paralizarse judicialmente la construcción del hotel, para quedarse con los suelos a cambio de 2,3 millones, que recibiría Azata, la promotora del complejo. Tras un largo periodo de sentencias y recursos, el Supremo resolverá también previsiblemente este mes si aquel retracto es legal. Y, según indican fuentes jurídicas que conocen bien todo este caso, saber si los terrenos eran urbanizables o no es fundamental para saber a su vez si la expropiación de la Junta se hizo conforme a derecho.
Al margen de que estos pronunciamientos pendientes fueran favorables a la promotora, eso no significaría que el complejo se pudiera rematar y abrir al público. El Tribunal Supremo ya falló en firme —en 2012— que el hotel invade parcialmente la línea de 100 metros de protección de la costa. Es decir, que al menos una parte del complejo tendría que desaparecer. “Independientemente de lo que resuelva el Tribunal Supremo, el hotel ya es ilegal porque vulnera la Ley de Costas”, remachó la semana pasada Pilar Marcos, de la organización ecologista Greenpeace.
Las fuentes jurídicas consultadas creen que el objetivo de los propietarios del complejo no es tanto ya el remate y apertura de este hotel, que se ha convertido en un símbolo de la voracidad del ladrillo. Hace un par de años, cuando el Supremo ya había sentenciado que el hotel invade la protección de 100 metros, Azata inició otra carrera por lograr una cuantiosa indemnización.
Azata presentó en septiembre de 2013 tres recursos administrativos ante el Ayuntamiento de Carboneras (que le concedió la licencia), el Gobierno y la Junta en los que se solicitaba unos 70 millones de euros por el “anormal funcionamiento” de las Administraciones, al considerar que no le pusieron reparos al hotel al principio de esta historia.
Esta reclamación ya ha llegado hasta la Audiencia Nacional, que aún no ha decidido si la constructora debe ser indemnizada por las Administraciones. La empresa cuenta con una baza importante a su favor: la sección tercera de la sala de lo contencioso del TSJA —la misma que dijo en 2014 que en los suelos se podía construir— sentenció que la licencia de obras que recibió en 2003 el complejo era legal. Precisamente, en ese fallo los magistrados sostenían que ni el Ayuntamiento ni la Junta ni el Gobierno central pusieron “inconveniente” alguno al principio.
Las sentencias pendientes en el Supremo pueden despejar el futuro del hotel, que la Junta y el Gobierno ya se comprometieron a demoler. Eso sí, el derribo sería cuando existiera una seguridad jurídica, que estas dos Administraciones no aclaran con qué fallo llegará. Greenpeace les reclamó esta semana de nuevo que derriben El Algarrobico. En su opinión, con el fallo en el que determinó que invadía parcialmente los 100 metros de protección de la franja de costa es suficiente. Demoler el complejo costaría 7,1 millones, que los Gobiernos central y andaluz se han comprometido a asumir cuando llegue, si llega, el momento de poner en marcha las máquinas.
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