El Partido Popular votó esta semana a favor del decreto que regulará el nuevo estadio en el control de la pandemia por coronavirus, tras el levantamiento del estado de alarma y las severas restricciones que ha conllevado por razones sanitarias. Ciudadanos, por su parte, ha anunciado su disposición a pactar los Presupuestos con el Gobierno, así como a admitir la celebración de la mesa de negociación sobre Cataluña, si bien se mantendrá vigilante ante los eventuales acuerdos. Ambos movimientos van en la dirección que reclaman los ciudadanos y el país necesita: cerrar el paso a la recurrente estrategia de la crispación y abordar los efectos de la pandemia desde mayorías estables y lo más amplias posible. Como se ha comprobado con los últimos Gobiernos de uno y otro signo, las geometrías variables son solo el eufemismo que oculta la precariedad política y la improvisación forzada como única vía de supervivencia.
Las expectativas de distensión surgidas cuando la división política parecía más insalvable ponen de relieve una evidencia que debería ser recordada en el futuro: un Parlamento fragmentado no conduce inexorablemente a la parálisis, sino que exige redoblar los esfuerzos de negociación para cumplir con sus deberes constitucionales. Por otra parte, si algo ha fallado gravemente durante las efímeras legislaturas que se han sucedido a lo largo de estos últimos años es que, en los acuerdos parlamentarios, lo que debe primar es el programa que se pacta, por más que existan fuerzas con las que por razones políticas sea preferible no negociar y que deberían ser mantenidas al margen de las mayorías de gobierno.
Son esas razones políticas las que no se han expuesto ante los ciudadanos, confundiendo el debate parlamentario con un espectáculo de descalificaciones que nada ha aclarado acerca de lo que era urgente y crucial. Esto es, las razones de fondo por las que tanto el Gobierno como la oposición han actuado como lo han hecho en las circunstancias críticas que ha atravesado el país.
El hecho de que, debido sin duda al viraje de Ciudadanos, pueda vislumbrarse una estabilidad parlamentaria imprescindible para abordar la salida de la crisis desencadenada por la pandemia obligará a redefinir en las próximas semanas los espacios de acuerdo y de desacuerdo entre las principales fuerzas políticas. Reclamar una mayoría parlamentaria amplia para afrontar los daños económicos provocados por la pandemia no es lo mismo que exigir la unanimidad, privando al sistema de alternativas democráticas inequívocas.
Desde este punto de vista, un Partido Popular que no se obsesionara con disputar apoyos a la ultraderecha a través de la crispación tendría margen tanto para apoyar al Gobierno, según ha hecho esta semana, como para distanciarse de él cuanto desee. Esto también, y sobre todo, en materia de Presupuestos, puesto que, al mismo tiempo que se necesitan unas cuentas públicas con carácter inmediato, es preciso enviar un mensaje a Europa y a los agentes sociales, además de a los propios ciudadanos, de que sus líneas esenciales se mantendrán más allá de una legislatura si la evolución de la economía española lo requiriese.
Si, como resulta deseable, los recientes movimientos fueran indicio de que, por fin, se abre el horizonte político en España, la agenda pendiente está a la vista de todos. Los Presupuestos son imprescindibles, pero también desalojar del sistema las crecientes dosis de excepcionalidad que ha ido asumiendo por falta de acuerdo entre los partidos, y que han agravado la parálisis y la división. El mandato de la totalidad de los órganos constitucionales está prorrogado, desde el Consejo General del Poder Judicial hasta el Tribunal Constitucional, coincidiendo con una circunstancia en que, más que nunca, se necesita reafirmar la legitimidad de las instituciones y su prestigio. Para algunos problemas a los que se enfrenta el país la voluntad es solo un ingrediente entre otros. Para regresar a la normalidad política e institucional, la voluntad lo es todo.
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