El Gobierno revisa el calendario de proyectos que quedaron aparcados por la epidemia y fuentes de La Moncloa aseguran que la nueva ley de memoria histórica tiene “prioridad”. Este viernes convocó una consulta pública para que particulares y asociaciones puedan enviar propuestas para el texto hasta el 11 de julio (escribiendo a consultaleymemoria@mpr.es) y en julio, según avanzan a EL PAÍS las mismas fuentes, destinará una partida económica para abrir fosas comunes y otras actividades relacionadas con la memoria.
La ley de memoria histórica se aprobó en 2007 después de acalorados debates en el Congreso y el Senado y con los votos en contra del PP y ERC, aunque por motivos contrarios: para los primeros, iba demasiado lejos; para los segundos, se quedaba muy corta. El texto, limado para sumar apoyos, presentaba para los colectivos de memoria y los relatores de Naciones Unidas que visitaron España en los años posteriores varios déficit. Por ejemplo, la ley otorgaba subvenciones, pero dejaba en manos de asociaciones de familiares la tarea de búsqueda de desaparecidos; y declaraba ilegítimos los tribunales franquistas, pero no anulaba sus sentencias.
El Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió ya en 2018 a satisfacer esas reivindicaciones. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) urge a actuar ya, dada la avanzada edad de los familares de desaparecidos. “Todas las medidas que se lleven a cabo en materia de memoria histórica tienen que estar encabezadas por la palabra ‘urgente’ porque llevan años muriéndose personas esperando a un Estado que no llega”, denuncia el presidente de la ARMH, Emilio Silva. La asociación, recuerda, ya planteó sus peticiones a Sánchez en una reunión el año pasado.
El Ejecutivo se comprometió a elaborar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos y encargó un informe a un grupo de expertos liderado por el forense Francisco Etxeberria. Dicho documento estimó entre 20.000 y 25.000 los cuerpos que se podrían recuperar creando siete equipos forenses para resolver “en cuatro o cinco años” el problema de los desaparecidos de la Guerra Civil.
Fundación Franco
“Es una responsabilidad del Estado”, insiste Silva. El entonces relator de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, ya alertó en su informe de 2014 sobre el método de apertura de fosas previsto en la ley: “El modelo de privatización de las exhumaciones facilita la indiferencia de las instituciones del Estado”.
El Gobierno de Sánchez se comprometió también a elaborar un censo nacional de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; a anular las sentencias de los tribunales franquistas y buscar una fórmula para ilegalizar a organizaciones como la Fundación Franco, que niega la represión, loa al dictador y custodia 30.000 documentos históricos. Otro de los aspectos que se trata de mejorar ahora es la imposición de sanciones por incumplir la ley y la retirada de medallas y honores a figuras como Billy el Niño, policía franquista acusado de torturas.
La ARMH reclama, además, “exhumaciones inmediatas” de los republicanos enterrados sin consentimiento familiar en el Valle de los Caídos; un homenaje público a las víctimas del franquismo y que se incluyan en el currículo escolar contenidos sobre la Guerra Civil y la dictadura. El secretario de Estado para la memoria histórica, Fernando Martínez, ya mostró en una entrevista en EL PAÍS, cuando dicha área tenía rango de dirección general, su convicción de que la represión franquista debe estudiarse en la escuela.
Tras la exhumación y traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, queda también pendiente la trasformación del mausoleo para convertirlo en un centro de memoria.
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