Este viernes, empresarios y sindicatos firmaron junto al Gobierno un pacto que contiene las líneas esenciales para reactivar la economía. Mientras, en el Congreso de los Diputados, el documento con las conclusiones de la comisión de reconstrucción, que serán debatidas por el pleno antes de que finalice el mes, solo recibió el apoyo de Ciudadanos en tres de sus cuatro capítulos. El llamativo contraste entre los resultados en ambas vías de negociación, una exitosa y otra todavía incierta, demuestra que el enfrentamiento por el enfrentamiento mantenido por los partidos desde el inicio de la pandemia no responde más que a sus propios y limitados cálculos. Ni los agentes sociales ni, por lo demás, la mayoría de los ciudadanos se identifican con las actitudes y comportamientos que impiden lo esencial en estos momentos: adoptar medidas que permitan afrontar desde el punto de vista sanitario una eventual nueva oleada de la pandemia, y disponer cuanto antes de una estrategia compartida para hacer frente a sus efectos económicos y sociales.
La limitación de los apoyos cosechados por los planes presentados por el Gobierno tras los dos meses de trabajo de la comisión no refleja la importancia de esta iniciativa suscrita por los grandes partidos, ni tampoco los efectos positivos que podría acabar proyectando sobre la totalidad de la política española. Unos efectos que por ahora no se pueden medir por la amplitud de las medidas efectivamente consensuadas, pero sí por una tímida transformación de las prácticas parlamentarias y por una delimitación más precisa de los ámbitos en los que existe desacuerdo. El tono que ha presidido las sesiones de la comisión, de la que se ausentaron los representantes de la ultraderecha, vale sobre todo por lo que tiene de indicio: por primera vez desde el regreso de la estrategia de la crispación, los partidos parecen haber comprendido que el discurso político reclama razones y votos, no descalificaciones tabernarias y querellas judiciales.
Y por lo que respecta a la delimitación de los ámbitos de desacuerdo, las conclusiones de la comisión han mostrado que son de fondo en materia económica y social, particularmente en puntos como la fiscalidad o la enseñanza, y más limitados en sanidad y construcción europea. Superar las diferencias antes del pleno es posible desde el momento en que los partidos se han comprometido a seguir negociando. Pero tan importante como superarlas es distinguir entre los verdaderos obstáculos políticos para alcanzar el compromiso, derivados de que cada fuerza representa legítimamente visiones e intereses distintos, y la simple obcecación sectaria. Interpretar por unos o por otros que la definición del Gobierno de coalición puede verse alterada por haber sacado adelante las conclusiones de la comisión con el apoyo de Ciudadanos equivale, literalmente, a mirar el dedo en lugar de la luna: en el Congreso se pactan programas políticos, no se escenifican amistades ideológicas entre afines.
El horizonte de las iniciativas desarrolladas esta semana sigue siendo la urgente necesidad de aprobar unos Presupuestos, además de abordar la renovación de los órganos constitucionales con el mandato prorrogado. Pese a su distinta naturaleza, ambos objetivos son imprescindibles para ir reconduciendo el sistema constitucional a la normalidad y ambos requieren, además, de unas formas de hacer política más próximas a las empleadas en la comisión de reconstrucción que en los plenos celebrados en lo que va de legislatura. Nadie ignora que los tiempos que se avecinan pueden ser duros, tanto por las incertidumbres científicas acerca del comportamiento del coronavirus y la ausencia de tratamientos médicos definitivos, como por los efectos contrastados de la pandemia sobre la vida de los ciudadanos en todas y cada una de sus dimensiones. El Gobierno y la oposición, por sí solos, no pueden conjurar este panorama, pero sí liderar al país para hacerle frente desde unas instituciones democráticas fuertes, que puedan convocar al esfuerzo de todos porque todos están, y se saben, decorosamente representados.
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