119 días hospitalizado por el coronavirus: “Ingresó con abrigo y salió en manga corta”

Cuando comenzó el confinamiento masivo en el mundo por culpa del coronavirus, algunos expertos y determinados Gobiernos especularon con la idea de establecer un pasaporte serológico, un documento que permitiera saber quién estaba inmunizado de la covid para que no tuviera que seguir sometido a la cuarentena y ayudara a reactivar la economía. La idea, sin embargo, se desechó cuando, a medida que iba avanzando el tiempo, seguían las incógnitas sobre la respuesta inmunitaria al SARS-CoV-2: no está claro cuánto dura, si los anticuerpos son una señal adecuada de su presencia o si es posible reinfectarse tras haber superado la enfermedad.

Poco a poco se fueron añadiendo más pegas a esta medida, legales y éticas, y tanto los expertos, como varias sociedades científicas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y algunos países que barajaron la opción, como Alemania o el Reino Unido, la rechazaron. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desempolvado este martes la idea. Ha propuesto un proyecto piloto de una cartilla covid-19 para que las tarjetas sanitarias identifiquen a las personas que pasaron la enfermedad. “Con esta tarjeta será mucho más fácil acceder a gimnasios, museos y espacios cerrados”, ha argumentado. Es difícil encontrar a algún experto en salud pública, inmunología o bioética que no rechace de plano esta medida.

La revista Nature publicaba en mayo un artículo con 10 razones para rechazar un pasaporte inmunitario. Tras consultar a varios expertos que están de acuerdo con estos argumentos, se podrían agrupar en cuatro.

Desconocimiento de la inmunidad

“Sobre la inmunidad que genera el coronavirus queda por saberlo todo”, reconocía a este periódico a principios de julio Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI). No está claro si todos los que pasan la enfermedad generan anticuerpos, si su presencia indica inmunidad o su ausencia falta de ella. Además, como recuerda Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), en la encuesta de seroprevalencia que hizo el Instituto de Salud Carlos III un 14% de las personas que habían generado defensas las perdieron al cabo de dos meses. “Es un argumento más para no tomar medidas en función de los anticuerpos que tengan las personas”, dice. Tampoco se sabe si hay posibilidad de reinfectarse. Se han dado casos de personas que, tras dar negativo en una prueba PCR, volvieron a dar positivo. No está claro si esto fue una reinfección o tiene más que ver con que no llegaron a eliminar el virus y la prueba falló. En resumen: es hoy por hoy imposible saber si una persona está protegida ante el coronavirus. Este argumento es ya de por sí suficiente para que los expertos consultados rechacen algo parecido a una cartilla covid. Pero hay más.

Pruebas con errores e insuficientes

Aun partiendo de la hipótesis de que todo el que tiene anticuerpos del coronavirus está protegido (y que quien no los tiene, no), las pruebas para medirlos no son del todo fiables. Dan tanto falsos negativos como, lo que es más peligroso, falsos positivos, que podrían hacer creer a una persona que es inmune cuando realmente continúa siendo susceptible de contraer la enfermedad. “Las consecuencias pueden ser bastante graves”, dice Pedro Gullón, de la Sociedad Española de Epidemiología. “¿Y con qué criterio se harían? ¿Cada 15 días a todos los madrileños? ¿O solo a quien se las pudiera pagar en un laboratorio privado? Esto resultaría doblemente discriminatorio”, reflexiona el epidemiólogo

Problemas legales y discriminación

Josefa Cantero Martínez, profesora de Derecho Administrativo y presidenta de Sespas en Castilla-La Mancha, cree que un certificado de este tipo tiene un complicado encaje legal que puede incluso colisionar con preceptos constitucionales. “Establecer regímenes jurídicos diferentes en virtud de un dato de salud tiene problemas de discriminación, de protección de datos, choca con la libertad de circulación y con el derecho a la intimidad, porque tendrías que ir identificándote para ir al cine o al gimnasio, presentar tu cartilla y dar a conocer al empleado que has pasado enfermedad”, argumenta. Coincide con ella Itziar de Lecuona, doctora en derecho y experta en bioética: “Es una medida estigmatizante y discriminatoria que etiqueta a las personas de acuerdo a su estado de salud; no respeta derechos fundamentales a la intimidad y va contra las leyes europeas de protección de datos”. Esta experta ve un agravante que la digitalización de esos datos podría abrir la puerta a combinarlo con otras informaciones de la persona y que se tuvieran en cuenta para fines distintos a los planteados inicialmente.

Incentivo a contraer la enfermedad

“Si el acceso a ciertas libertades sociales y económicas se otorga solo a las personas que se han recuperado de la covid-19, entonces los pasaportes de inmunidad podrían incentivar a las personas sanas y no inmunes a buscar infecciones intencionalmente, poniéndose a sí mismas y a otras personas en riesgo”, aseguran en un artículo en Nature Natalie Kofler y Françoise Baylis, expertas en bioética. “Estamos viendo que algunos jóvenes tienen poca percepción del riesgo que entraña el coronavirus. Si pasarlo les permite por ejemplo salir por las noches, igual estamos incentivando las fiestas covid”, añade Gullón. Hernández además cree que se puede entrar en un terreno peligroso en el ámbito laboral, si las empresas comenzaran a solicitar este pasaporte para la contratación: “Una persona mayor seguramente no se arriesgaría, pero otra de entre 20 o 30 años, con los problemas que habrá para encontrar trabajo, es probable que buscase pasar la enfermedad”.

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