Uno de cada 10 municipios reportó la aplicación de sanciones a la población, arrestos o sanciones económicas, por ejercer el libre tránsito durante los primeros días de la pandemia y hasta la segunda quincena de abril.
Por Ricardo Balderas/Jalisco
La obligatoriedad de algunos protocolos implementados por el estado de Jalisco durante la epidemia de Covid-19 desató críticas a las autoridades en materia de seguridad, mismas, que ahora se ven reflejadas en el Informe Especial de Covid-19 presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.
El propósito de dicho informe fue el de documentar el impacto en los derechos humanos en la primer etapa de la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que los registros recabados por la CEDHJ datan desde el día primero que se registró el primer caso de Covid-19 en la entidad hasta el 31 de mayo que terminó (por parte del gobierno local) la jornada de sana distancia.
La consulta sobre la actuación municipal, de la CEDHJ, evidenció que uno de cada 10 municipios reportó la aplicación de sanciones a la población, arrestos o sanciones económicas, por ejercer el libre tránsito durante los primeros días de la pandemia y hasta la segunda quincena de abril.
“Entorno a los derechos humanos encontramos varias cosas. Uno, que hace falta un enfoque de seguridad para el control de una situación sanitaria. ¿Cómo proveer seguridad?”, explicó para Aristegui Noticias, Tunuari Roberto Chávez González, coordinador de análisis y contextos de la CEDHJ.
Tunuari Roberto Chávez González, coordinador de análisis y contextos de la CEDHJ.
En total, se logró recibir información de 103 de los 125 municipios que conforman Jalisco, y en la mayoría, el principal reclamo de los pobladores fue la falta de mecanismos que protegieran a los ciudadanos de abusos policiacos.
“El enfoque de seguridad ante una pandemia es un aspecto que encontramos ausente en todos los municipios. Ninguno lo tenía como tal. Es decir, a los elementos jamás se les dio una capacitación. Por otra parte, también encontramos ausencia de una perspectiva diferenciada a la aplicación de políticas públicas para las poblaciones vulnerables, personas que viven con una discapacidad, población de la diversidad sexual, población indígena… etcétera”, añadió.
Hasta el momento la dependencia no ha emitido ninguna recomendación sobre los más de 10 ejes que contempla el documento en manos de este medio de comunicación, según explica el especialista, el objetivo es que los mismos municipios posean herramientas con las cuales implementen políticas públicas por oficio, justo para prevenir las quejas.