La FGR informó que una vez que Lozoya Austin ‘esté saliendo de España, el Ministerio Público Federal informará a los jueces de control de nuestro país la hora aproximada de su llegada’.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la aeronave mexicana que trasladará a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) de Madrid a México, despegó de la Ciudad de México y arribará a la capital española tras 13 horas y media de vuelo con escala técnica en Canadá, para esperar que se cumplan los trámites administrativos y migratorios respectivos.
La dependencia indicó que Lozoya Austin regresará a la Ciudad de México en un vuelo en el que el agregado de la FGR en España y Europa, Luis Alejandro Cervantes Vázquez, viajará junto con el detenido.
Una vez que el exdirector de Pemex haya finalizado los trámites y “esté saliendo de España, el Ministerio Público Federal (MPF) les informará a los jueces de control de nuestro país la hora aproximada de su llegada a la Ciudad de México”, se desprenden del boletín emitido por la Fiscalía.
Ya en esta capital, añadió la FGR, se aplicarán los protocolos de derechos humanos a Emilio Lozoya, como parte de sus prerrogativas, y será revisado por un médico de la Fiscalía para acreditar su integridad física.
“Cumplidos estos procedimientos, nuevamente se les dará aviso a los jueces de control para que señalen fecha y hora de las audiencias iniciales”, finalizó la FGR.
El pasado 6 de julio, la Audiencia Nacional acordó la extradición a México del exdirector general de Pemex para ser juzgado en dos causas por delitos que en su país constituirían asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita y que en la legislación española corresponden a asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.
En un auto, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal consideran, tras examinar el procedimiento, que se cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación para proceder a la entrega y recuerdan que Lozoya presentó un escrito el pasado 29 de junio en el que aceptó ser extraditado a su país y renunció al principio de especialidad (la prohibición de ser perseguido por hechos distintos de los que motivaron la solicitud de extradición).
Los hechos por los que está reclamado en la primera causa indican que Lozoya, antes de ocupar el cargo de director general de Pemex, propiedad del gobierno, se comprometió con la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), representada por Alonso Ancira, “a conseguir que la entidad paraestatal le otorgase ilícitamente contratos de obra en el país, a cambio de una cantidad de dinero que posteriormente el reclamado utilizó para la compra de un inmueble”.
Pagos de Odebrecht
La segunda causa por la que Lozoya está reclamado señala que en 2009 ocupaba el cargo de director del Foro Económico Mundial de América Latina y mantuvo múltiples reuniones con Luis Alberto de Menesses, director superintendente de la empresa constructora Norberto Odebrecht en México, al que aconsejaba sobre la manera de desarrollar negocios en dicho país.
“A cambio de la ayuda prestada al director superintendente de Odebretch para su posicionamiento en los Estados de Veracruz, Tamaulipas e Hidalgo, en marzo de 2012 el reclamado solicitó a aquél que realizase un pago a su favor para apoyar la campaña política del partido PRI, llevando a cabo la mercantil en los meses abril a junio y en noviembre de 2012 hasta ocho transferencias por un total de 4.000.000 dólares USA a empresas Latin América Asia Capital Holding LTD y Zecapan S.A., vinculadas al reclamado o a su familia. Parte de dicha cantidad se destinó el 23 de agosto de 2013 a la compra de un inmueble por 1.900.000 dólares USA en el Estado de Guerrero en la República Mejicana por la esposa del reclamado Marielle Helen Eckers”, según señala la documentación de extradición.
La resolución explica que como director general de Pemex el reclamado, en 2013, otorgó de forma directa a la empresa Odebretch un contrato por 1.436.398.637,49 pesos mexicanos (más de 57 millones de euros) para obras en la antigua refinería de Tula, que debería haberse licitado públicamente e internacionalmente, comprometiéndose la citada mercantil a pagarle 6 millones de dólares a cambio del otorgamiento de la obra que finalmente obtuvo, firmando el contrato de obra pública en febrero de 2014.