Sergio llegó al limbo hace siete días, a un pedazo de territorio entre Nicaragua y Costa Rica donde está varado a la intemperie junto a cerca de 500 nicaragüenses que no pueden retornar a su país: el Gobierno de Daniel Ortega impuso como requisito de ingreso presentar un resultado negativo de la covid-19, pero ninguno de estos migrantes se ha practicado la prueba, ni mucho menos tienen los 150 dólares estadounidenses que la administración sandinista cobra por realizar el test del nuevo coronavirus desde mediados de julio.
Sergio, que no revela sus apellidos por temor a represalias en Nicaragua, está en el limbo porque, al ser extranjero en Costa Rica, tendría que pagar en un laboratorio privado unos 140 dólares por una prueba. Pero dinero es lo que no tiene. La pandemia lo dejó sin trabajo como estibador de contenedores en San José, y pensó que al retornar a casa no tendría problemas. Sin embargo, el migrante se encontró con un brusco viraje de planes del Ejecutivo sandinista.
Luego de meses negacionismo, el Gobierno de Ortega pretende sacarle rédito a la pandemia que tanto minimizó con el tardío endurecimiento de las restricciones fronterizas y la imposición de este cobro. El Ministerio de Salud (Minsa) pide 150 dólares por la prueba también a los visitantes internacionales que pretendan ingresar a Nicaragua y a los nicaragüenses que deseen viajar a otros países que exijan un test para ingresar.
“El gran problema del Gobierno es que los ingresos fiscales se han caído, al igual que le ha sucedido a todo el mundo, a pesar de que pretendían que la economía siguiera como que no pasaba nada con la pandemia”, le dice a EL PAÍS la exministra de salud Dora María Téllez. “Las exportaciones e importaciones también se han caído, entonces han encontrado una vía de recaudación en el Ministerio de Salud. El Gobierno encargó la compra de 100.000 pruebas para coronavirus, y al cobrar 150 dólares por cada una, son 150 millones de dólares. Es un negociazo”, afirma la también exguerrillera sandinista.
El 15 de julio pasado, casi en paralelo al anuncio del cobro de los 150 dólares, el Gobierno de Ortega ordenó la compra de 100.000 pruebas de laboratorio de Proteína C reactiva (PCR) para detectar la covid-19. Estas pruebas PCR se sumaron a los 26.000 test rápidos donados en abril por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y a otras 5.000 unidades regaladas por Rusia. Sin embargo, el Gobierno de Ortega ha mantenido en secreto cuántas pruebas han realizado desde que se registró el primer caso positivo de coronavirus en marzo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido mayor transparencia a Managua, ya que las autoridades sanitarias sandinistas no han realizado un muestreo masivo para determinar el avance real del virus en el país. Aunque oficialmente el Minsa admite 3.672 contagios y 116 muertes, un conteo independiente del Observatorio Ciudadano de Covid-19, un panel de expertos multidisciplinario que ya ha sido tomado en cuenta por la propia OMS, cifra los casos positivos acumulados en 8.755 y 2.847 decesos.
A este ambiente de opacidad en el manejo de la epidemia ahora se suma este cobro, especialmente difícil de pagar para los migrantes nicaragüenses que regresan al país debido a la crisis económica provocada por la covid-19 en la región. La situación humanitaria en la frontera de Peñas Blancas es crítica, porque las casi 500 personas que esperan están apiñadas en un estrecho espacio entre los puestos fronterizos de ambos países. Según Sergio, solo hay un baño para todos y la comida escasea. Los migrantes cerraron el paso de transporte de carga pesada como medida de protesta, pero la respuesta de Ortega fue el envío de fuerzas policiales antidisturbios y el reforzamiento de militares en la zona.
“La situación económica es jodida, pero aquí ya hay gente desesperada que está prestando el dinero para poder ingresar a Nicaragua. No quieren dormir en el piso ya”, describe Sergio desde Peñas Blancas. “El otro problema es que si uno se regresa a Costa Rica a realizarse la prueba, porque los guardas fronterizos ticos lo permiten, no sabemos si en Nicaragua van a aceptar ese resultado. A algunos los han rechazado la prueba que traen. Es como que nos obligan a pagarles a ellos”, denuncia el hombre.
La directriz publicada por el Gobierno de Ortega no dice nada sobre la obligatoriedad de que la prueba la deba practicar el Minsa, como denuncia Sergio. Pero sí establece que el resultado que se presente en las fronteras nicaragüenses corresponda a un periodo no mayor a 72 horas. Mientras que en Managua, diversas asociaciones médicas emitieron un comunicado instando a la administración sandinista a enviar una brigada médica para realizar pruebas gratuitas de covid-19 a los ciudadanos que esperan, la solución para los migrantes varados puede llegar del país vecino. La Fundación Arias Para la Paz y el Progreso Humano y el Gobierno costarricense comenzaron este viernes a hacer pruebas de coronavirus a los nicaragüenses para que los admitan.
Leonel Argüello, uno de los principales epidemiólogos de Nicaragua, recordó que el sistema de salud de Nicaragua es de cobertura universal y gratuita, de acuerdo a la Constitución. “Las pruebas PCR para evidenciar o no el coronavirus son preventivas y no se deberían cobrar, porque el primer interesado en saber si la persona lleva el virus o no es el propio Gobierno y el Ministerio de Salud para lograr controlar la epidemia”, dice el especialista.
Además, el tapón en la frontera de Peñas Blancas ha puesto de manifiesto la urgencia recaudatoria de un Gobierno que lidia con una severa crisis económica provocada por la pandemia y la crisis sociopolítica que Nicaragua arrastra desde 2018, cuando reventaron las protestas sociales contra Ortega. “Efectivamente hay un afán recaudatorio que se ha venido intensificando en las diferentes instituciones del Estado”, dijo a EL PAÍS José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) al recordar que, además de la prueba de coronavirus, el gobierno también anunció esta semana que los ciudadanos deberán pagar por la de la fiebre amarilla.
Aguerri se mostró alarmado por la caída en picada que lleva la economía de Nicaragua, y dijo que este tipo “de cobros disfrazados como aranceles” no abonan nada a un contexto en el que organismos internacionales proyectan decrecimiento económico de hasta -8.3%. “En el resto de Centroamérica, las expectativas son que al pasar la crisis sanitaria de la covid-19, las economías se recuperen. Pero Nicaragua es un país que acumuló dos tsunamis: el del coronavirus y la crisis sociopolítica que arrastramos. Llevamos tres años en caída libre. Este año será el peor de los tres. Vamos a ver más desempleo”, advirtió Aguerri.
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