“Nunca la pude ayudar cuando ella estuvo en vida porque nunca supe lo que pasaba”. Petita Albarracín aún se quiebra al hablar de su hija Paola Guzmán. “Nunca me dijo nada por las amenazas”, se reprocha. Su hija se suicidó a los 16 años, hace ya 18, después de enterarse de que estaba embarazada del vicerrector de su escuela en Guayaquil, Ecuador. El hombre, entonces de 65 años, llevaba más de un año abusando de una niña que era 50 años menor. Según ha sentenciado ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ecuador no fue lo suficientemente diligente ni para evitar el acoso sexual ni para perseguir a los responsables.
En el primer pronunciamiento de la CIDH por abusos sexuales en el ámbito educativo, el tribunal condenó a Ecuador por no haber protegido a una menor que “vio lesionados sus derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada y a la educación”. Y ordenó al Estado a entregar una reparación económica a la familia de Paola Guzmán, a limpiar el nombre de la víctima -que fue considerada en el proceso judicial como parte responsable al atribuirle un rol de seductora- y a dar una perspectiva de género al sistema educativo.
El Estado ecuatoriano, recoge la sentencia del caso Guzmán, “no le prestó el auxilio debido para procurar evitar su muerte”. Además de que todos en la escuela sabían que existía una relación sexual de abuso prolongada, la menor no recibió la ayuda debida y se suicidó. Había ingerido diablillos – juegos pirotécnicos con alto contenido de fósforo blanco que explotan cuando se golpean contra el suelo- y fue atendida en la enfermería de la escuela. Allí solo le dijeron que rezara para que pudiese ser perdonada por lo que había hecho. La menor murió un día después en el hospital.
Lo único que no resultó suficientemente probado en el caso ante la CIDH fue que Paola resultase embarazada por el abuso y que se practicara un aborto clandestino por presión del vicerrector con el médico del centro, a cambio, de nuevo, de favores sexuales. Eso fue lo que le contaron a Petita Albarracín las compañeras de escuela de su hija, una vez que había muerto. “Mi hija estuvo embarazada porque le enseñó una prueba de un laboratorio particular a su compañera”, explicó en su momento la mujer, según recogieron medios locales, cuando aún lidiaba con las autoridades locales para que se reconociera el daño causado. “Él abusó de su confianza. Ella tal vez lo vio como un superior, como un profesor. Pero él abusó, la manipuló. Mi hija tenía 16 años y este hombre tenía 65. Eso no es amor. Cuando ella estaba ahí tirada, él tuvo que haberla amenazado para que no nos dijera nada. Eso ella se lo llevó a la tumba”, denunció la madre.
Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer CEPAM-Guayaquil, uno de los promotores de la denuncia, explica que se intentó alcanzar una solución amistosa con el Gobierno de Ecuador, sin resultados. “Tenemos la esperanza de que ahora sí cumplan, pero tampoco estamos crédulas”, dice. La CIDH, en una decisión poco habitual, impuso un acompañamiento de la propia Corte y de las víctimas en el proceso de transformación que debe acometer el país.
Además, hace responsable al sistema judicial ecuatoriano por la impunidad en que derivó el proceso penal. “Tratándose de una niña víctima de violencia sexual, las autoridades judiciales tendrían que haber obrado con mayor diligencia”, recoge la sentencia, tras dar por probado que la lentitud de la justicia abonó para que el responsable del abuso, Bolívar Espín, vicerrector entonces de la escuela Martínez Serrano de Guayaquil, se fugase antes de que se dictase una orden de prisión preventiva. Los delitos, finalmente, prescribieron sin sanción para el culpable.
“La investigación se inició en diciembre de 2002 y la prescripción de la acción penal fue declarada el 18 de septiembre de 2008. De los cerca de cinco años y nueve meses que duró el proceso penal, no consta actividad alguna”, reprocha la Corte CIDH a Ecuador.
Educación sexual en las escuelas
Uno de los puntos más “revolucionarios” del pronunciamiento del tribunal interamericano, según aclaran Lita Martínez y Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, es que Ecuador debe introducir la educación sexual en su malla curricular y abordarla con perspectiva de género. De esta forma, los niños serán capaces de reconocer cuándo se dan casos de abuso de una autoridad educativa. Además, la Corte reconoce la libertad sexual de los jóvenes. “La situación no va a cambiar inmediatamente porque es un proceso que lleva años y porque se tiene que dar una transformación en la política pública, en la cultura y en la opinión pública”, reconocen las abogadas.
La Corte introduce ese requisito de la perspectiva de género en respuesta a cómo se llevó el proceso judicial del caso Paola Guzmán. “La Corte Superior de Justicia de Guayaquil consideró que no hubo delito de acoso sexual, pues no fue el vicerrector quien ‘persiguió’ a Paola, sino que fue ella quien requirió sus ‘favores docentes’, siendo ello el ‘principio de la seducción’. La misma decisión entendió que la conducta del vicerrector configuraba ‘estupro’ y, al explicar esto, señaló que en ese delito la seducción se dirige a ‘alcanzar el consentimiento y lograr la cópula carnal, con mujer honesta”, recoge la sentencia, que reprocha a la justicia ecuatoriana un “análisis sesgado con base en preconceptos de género”. Conllevaron, concluye, a atribuirle “implícitamente (a la víctima), al menos de modo parcial, responsabilidad en lo que finalmente ocurrió”. Y nunca se consideró la “especial situación de vulnerabilidad en que se encontraba por ser niña y sufrir dicha violencia de un docente”.
Por eso, parte de la condena contra Ecuador incluye, además, la obligación de dar a conocer todo lo que ocurrió a través de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. “Allá (en la CIDH) sí vieron lo que pasó. Vieron todas las pruebas, pero aquí, nadie le dio importancia a lo que estaba pasando en la educación: la violación y el acoso. Doy gracias a Dios que aún me tiene en pie para ver que se hace justicia con mi hija. En Ecuador no hay justicia ni para mi hija ni para todas las niñas que han sido acosadas”, cuestiona todavía la madre de Paola.
Ecuador tiene ahora un año para acatar la sentencia y deberá reportar sus avances a la Corte, que no cerrará el caso hasta que el país haya dado “cumplimiento cabal” a todos los pedidos.
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