Recuerdan masacre de San Fernando con antimonumento

Este fin de semana, se cumple una década de la muerte de los 72 migrantes ejecutados en Tamaulipas.

En recuerdo de 58 hombres y 14 mujeres que en 2010 fueron ejecutados y después abandonados en una finca de San Fernando, Tamaulipas, este sábado fue colocado un antimonumento frente a la Embajada de Estados Unidos en México, en Paseo de la Reforma.

Familiares y activistas conmemoraron una década de la tragedia conocida como la “Masacre de Tamaulipas”, cuando fueron desaparecidos y ejecutados 72 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil y la India, interceptados por grupos delincuenciales durante su camino a Estados Unidos.

Según las investigaciones y el testimonio de un sobreviviente, fueron ejecutados por negarse a sumarse a las filas de Los Zetas.

 

Por la gravedad y las circunstancias en que ocurrieron los hechos, el caso ha sido calificado como grave violación a los derechos humanos y generado la emisión de la Recomendación 80/2013 por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Investigar la masacre de los 72 migrantes y otros casos, desde un enfoque integral, transnacional, multidisciplinario, con perspectiva de macrocriminalidad y de derechos humanos, es una necesidad para garantizar a las víctimas su derecho de acceso a la verdad, justicia y reparación, y a su vez dar a la sociedad una respuesta sobre lo ocurrido”, señala la Fundación para Justicia, que en estos días lanzó una petición dirigida a la Fiscalía General de Justicia.

 

En el documento publicado en la plataforma change.org, la fundación exige justicia para los 72 migrantes, un caso emblemático y representativo de la situación de gran vulnerabilidad de la población migrante frente a la violencia generalizada, macrocriminalidad e impunidad que impera en la región.

La iniciativa solicita que las familias de los 72 migrantes cuenten con mecanismos adecuados de justicia, como una unidad mixta de investigación, integrada por un equipo mixto de investigación y una comisión especial; así como a las medidas de asistencia y reparación a las que tienen derecho.

“Una Comisión Especial formada con expertos independientes y la conformación de un Equipo Mixto de Investigación que cuente entre otros, con la participación de servidores públicos de la Fiscalía General de la República, pero también de otras dependencias, como la Secretaría de Gobernación, otras instituciones del estado y de la Academia, es posible de acuerdo a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley General de Víctimas”, dice.

A la fecha, señala el documento, la mayoría de los familiares de los migrantes masacrados no cuenta con medidas de asistencia y reparación, debido a su exclusión de facto, del sistema de atención a víctimas, pese a que estas medidas son indispensables para que puedan alcanzar la verdad y la justicia.




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