La FGR no ha vinculado a proceso a Salvador Alfonso Martínez “La Ardilla”, quien fue presentado por la Semar como el líder de Los Zetas en el noreste del país.
Por Carlos Manuel Juárez/Proyecto #Másde72*
Los asesinatos de los 72 migrantes la noche del 22 de agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, siguen impunes.
A 10 años de la matanza más grande de migrantes que se tenga memoria no ha recibido sentencia condenatoria ninguna de las 81 personas anunciadas durante el gobierno de Felipe Calderón como responsables de la matanza de los 58 hombres y 14 mujeres que salieron de El Salvador, Guatemala, Honduras, Ecuador, India y Brasil, y atravesaban el país con el anhelo de trabajar en Estados Unidos. Las únicas condenas se dieron en Ecuador contra dos “coyotes”.
La Fiscalía General de la República no consiguió siquiera la vinculación de Salvador Alfonso Martínez Escobedo “La Ardilla”, quien fue presentado por la Secretaría de Marina (Semar) como el líder de Los Zetas en el noreste del país. En una conferencia de la Semar el 8 de octubre de 2012, este hombre, entonces de 31 años, fue acusado de ordenar la matanza masiva el 22 de agosto, en una bodega abandonada del rancho El Huizachal; sin embargo, no fue consignado por esta masacre. Otro fracaso fue la vinculación de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z40”, quien fue aprehendido en julio de 2013 y presentado como el líder de mayor rango del grupo criminal.
Aunque 15 integrantes de Los Zetas están en la cárcel, no han sido condenados por esos asesinatos. Los 18 policías municipales que protegieron los cientos de secuestros, asesinatos y desapariciones cometidos por el grupo quedaron en libertad. Y los agentes del Ministerio Público de Tamaulipas y la Federación que torturaron a las familias de las víctimas al errar la identificación de los cuerpos, al grado de enviar víctimas a países distintos, no son perseguidos.
Nadie paga en cárcel por la ejecución de las 14 mujeres (al menos dos de ellas embarazadas, según los cables estadounidenses) y los 58 hombres migrantes. Y ante la exigencia de verdad y justicia, el gobierno federal declaró “reservados” los expedientes de la masacre, a pesar de que -tras un amparo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- fue catalogada como violación grave a los derechos humanos, por lo que debían ser públicos. El caso se mantiene en secreto.
“Lo que decían de estos criminales de que tenían ciertos códigos de ética no es cierto, son unas bestias simplemente, y hay que combatirlos con todo de verdad: es un momento crítico para México”, declaró Felipe Calderón el jueves 26 de agosto de 2010.
El 29 de agosto, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación ante la creciente presión internacional y el reclamo de justicia de las víctimas en el mundo. Se sabía ya que el 21 de agosto hombres armados habían secuestrado a 74 personas que viajaban en dos camionetas por la Carretera 101, rumbo a la frontera norte, con Estados Unidos. Los llevaron a una bodega abandonada en el rancho El Huizachal y, tras atarlos de manos y vendarlos, los mataron en la madrugada del 22 de agosto. Dos días después, la Secretaría de Marina, guiada por el sobreviviente ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, halló los cadáveres.
“Se trata de una masacre incalificable, que merece la más enérgica condena de todos los mexicanos y, por supuesto, la acción decidida del Estado. No podemos permitir que los autores de estos crímenes queden impunes. Y, por eso, los estamos llevando ante la justicia”, llegó a decir Felipe Calderón durante un discurso sobre la violencia en Michoacán el 5 de mayo de 2011.
Una década después no se nota “la acción decidida del Estado”. Las procuradurías de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora la Fiscalía General de la República, autónoma en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, demostraron la participación de las personas anunciadas como responsables de la masacre. El Ministerio Público Federal apenas reunió pruebas para obtener las consignaciones contra 15 hombres, todos señalados como integrantes de Los Zetas.
El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en Matamoros, Tamaulipas no ha dictado sentencia contra las personas presentadas ante los medios de comunicación como presuntos responsables de secuestrar y asesinar a los migrantes.
La Fiscalía General de la República tampoco ha iniciado alguna línea de investigación de posible responsabilidad penal por acción u omisión en contra de agentes del Estado, a pesar de que la misma PGR en su momento informó que Los Zetas actuaron en complicidad con policías municipales, y que la CNDH determinó responsabilidad de personal de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas por los errores forenses. También han quedado a la luz los fallos que tuvo la Unidad de Servicios Periciales de la PGR.
Para el hondureño Orlin Euceda Aguilar no hay una explicación lógica de la impunidad en la masacre donde asesinaron a su hermano Marvin Euceda.
“Nosotros en el país en que vivimos, la justicia es más limitada porque tenemos menos recursos, pero cuando se quiere hacer algo se hace. A mí me extraña porque México es una potencia y no creo que a estas alturas no haya una investigación profunda de los hechos, de lo que pasó, para llegar a que haya responsables y que se les aplique el peso de la ley”, dijo en entrevista.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), representante legal de 11 familias, sostuvo que la impunidad en la masacre de los 72 continuará hasta que haya voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obador, el fiscal Alejandro Gertz Manero, y el Poder Judicial de la Federación para dotar de dinero y mecanismos adecuados para indagar el asesinato.
“Esto está inmerso en una maquinaria estatal que fue creada en los tiempos del PRI, mantenida en el gobierno de Calderón, en el de Peña Nieto y durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está hecha para crear impunidad. Es imposible pensar que un ministerio público que tiene este caso complejo, otros 20 más y que, además, lo traen para todos lados va poder dar resultados. Eso está pensando intencionalmente”, dijo en entrevista.
En lo más oscuro
La noche del 22 de agosto, los migrantes viajaban distribuidos en dos camionetas por la Carretera 101, que une a México y Estados Unidos. Sicarios de Los Zetas pararon los vehículos al momento de salir de la zona urbana de San Fernando, a la altura del ejido Miguel Hidalgo, cerca de donde solía instalarse un retén de la Marina, a tan sólo 130 kilómetros de distancia de la frontera. En dos grupos fueron llevados hasta una bodega abandonada en el rancho El Huachizal. Fueron amarrados de pies y manos con los ojos vendados.
Cerca del amanecer Luis Freddy Lala Pomavilla, joven ecuatoriano de 17 años, recorrió a pie unos 19 kilómetros, iba desangrándose por un balazo que recibió en el cuello, cuando le dieron el tiro de gracia. Al llegar a la Carretera 101 encontró un retén de la Marina y dijo : “Hombres armados nos secuestraron. Los mataron a todos”.
Horas después, Lala Pomavilla, dio su testimonio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Una semana más tarde, el 2 de septiembre de 2010, en entrevista desde el hospital para la televisora pública ecuatoriana, narró el crimen:
“El sábado como a las 10:00 de la noche nos rodearon tres carros, salieron como ocho personas bien armadas. Ahí nos rodearon todo y nos bajaron del carro, y nos metieron en otro carro; viajaban en dos carros… Nos llevaron a una casa y ahí nos amarraron de cuatro en cuatro, las manos para atrás. Ahí nos tenían una noche. No nos dijeron nada, sólo ofrecieron trabajar con ellos. Nadie aceptó. Cuando dijimos no, no dijeron nada. No pidieron dinero. Después nos botaron boca abajo, y después escuché un ruido que disparaban. Yo pensé que disparaban por ahí al lado, pero no. Escuché que dispararon a mis amigos y luego llegó disparando a mí, disparó a mí y mató a todos los otros. Acabaron de disparar y se fueron, mataron a todos”.
Lala Pomavilla no escapó solo, un hondureño lo acompañó hasta que fueron perseguidos y se separaron. El hombre que no recibió ni un disparo, logró llegar hasta uno de los puentes internacionales de Matamoros, allí dio su testimonio al Instituto Nacional de Migración. El informe En El Desamparo, coordinado por el doctor Sergio Aguayo, recoge la declaración del segundo sobreviviente:
“Los tráileres y/o trocas se estacionaron frente a la casa blanca, y [testado] dijo que nos bajáramos, en ese momento nos amarraron las manos hacia la espalda con unas sogas de plástico, y fuimos ingresando al interior de la casa, aproximadamente diez minutos después una vez estando dentro de la casa nos vendaron los ojos, y permanecimos de pie durante veinte minutos, creo que los sujetos esperaban a que anocheciera, después nos fueron acomodando formando una U alrededor de la casa… Permanecimos boca abajo alrededor de un minuto, y nos dijeron que nos calláramos y que no gritáramos porque nos iban a matar, momentos después el hombre apodado como [testado] les comenzó a disparar a las mujeres, en ese momento un migrante de quien no recuerdo su nacionalidad les dijo a los sujetos que no les dispararan y en ese momento escuché que le dispararon y que lo azotaron en la pared; y en ese instante me quité, me deslicé hacia unos matorrales que se encontraban aproximadamente a unos cuatro o cinco metros del lugar de donde estaba acostado y los disparos se escucharon aproximadamente como cinco, después escuché que se alejaban los tráileres y/o las trocas”.
El 5 de septiembre de 2010, el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, anunció la existencia de un salvadoreño, quien sería el tercer sobreviviente de la masacre, habría logrado cruzar a Estados Unidos. Nunca se confirmó. En la declaración del primer sobreviviente mencionaba también que cuando los capturaron fueron separados de una mujer, su hija y se cree que dos choferes de los que no se supo su identidad.
La masacre se hizo pública cuando la Secretaría de Marina (Semar) difundió un comunicado la tarde del 24 de agosto en el que mencionaba un enfrentamiento que había tenido, y al final mencionó: “En seguimiento a la investigación, el personal naval se desplazó nuevamente al área con el fin de ubicar el lugar referido por el herido. En este sitio a 22 kilómetros al este noreste de San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cuerpos sin vida de 72 personas”.
Sobre el sobreviviente informó: “El Agente de Ministerio Público Federal se presentó al lugar tomando conocimiento de los hechos, quedando a su disposición el menor de edad, e inició la Averiguación previa PGR/TAMPS/MAT-III/2294/2010, por los delitos de homicidio y lo que resulte (…) La persona herida que denunció los hechos se encuentra resguardada por autoridades federales”.
Peritos de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, al mando del agente ministerial del fuero común Roberto Jaime Suárez Vazquez se presentaron en el sitio el 24 de agosto, hasta las 18:30 horas, levantaron los cuerpos de las víctimas, recolectaron indicios y abrieron la averiguación previa. (Un año después; sin embargo, activistas descubrieron que la ropa y la pertenencias de los migrantes no habían sido levantadas de la escena del crimen.)
Esa semana el ministerio público Suárez Vázquez y su tío Juan Carlos Suárez Sánchez, secretario de Seguridad Pública municipal, desaparecieron. El 27 de agosto, el presidente Calderón dijo que el agente estatal había sido asesinado, después reculó. El 11 de septiembre se supo que habían sido encontrados sin vida en la carretera San Fernando-Méndez.
En ese tiempo la frontera norte de Tamaulipas era el epicentro de la guerra por la ruptura entre el Cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas, pero la zona de confrontación era el Valle de San Fernando, especialmente las brechas y la Carretera Federal 101, camino de los migrantes que intentan pasar de Matamoros a Brownsville, Texas. La región del Valle de San Fernando, integrada por 4 municipios rurales, encabezaba la tasa de homicidios y desapariciones en la entidad en 2010 y 2011, con 175 crímenes y 49 desapariciones por cada 100 mil habitantes.
81 presentados, nadie con sentencia
El 8 de septiembre de 2010, a 17 días de la masacre, el vocero de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, anunció la detención de ocho personas y la muerte de otros ocho presuntos responsables de la matanza en tres hechos distintos.
Explicó que la primera captura se dio cuando la Marina buscaba el sitio del crimen guiados por el relato del sobreviviente ecuatoriano, el 23 de agosto de 2010, que terminó en enfrentamiento. Allí fallecieron tres civiles armados y se detuvo a Eduardo Rico Pérez, el primer detenido por la masacre, quien fue identificado por los dos sobrevivientes. Siete días después la Secretaría de Marina halló cinco cadáveres, tres hombres y dos mujeres. “El sobreviviente hondureño reconoció a los varones como participantes de la masacre”, dijo Poiré.
Mencionó cuatro presuntos delincuentes capturados posteriormente, el hallazgo de una fosa con dos cadáveres y la liberación de tres secuestrados, el 3 de septiembre al sur de San Fernando, y sumó la detención de otros tres supuestos integrantes de Los Zetas entre el 4 y el 7 de septiembre.
“Estas siete personas aseguradas en días recientes son presumiblemente parte de la estructura operativa de ‘Los Zetas’, que llevó a cabo el homicidio de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, lo que se desprende, entre otras cosas, de sus declaraciones iniciales… Esta detención permitirá esclarecer plenamente lo ocurrido…y significa un paso importante para poner freno a la impunidad en las agresiones a los migrantes perpetradas por el crimen organizado”. Dos semanas después de la barbarie, Alejandro Poiré cantaba victoria.
En 2010, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a cargo de Arturo Chávez Chávez, recibió la consignación de las siguientes personas: José Gustavo Blanco Padilla alias “El Pizarrón”; Juan Manuel Cano Hernández, alias “La Bella”; Eduardo Rico Pérez; Jesús García Alfaro, alias “Chalino” o “Negro”; Víctor Alfonso Resendiz Zertuche, alias “El Vico”; Jesús Vargas Rodríguez, alias “La Pulga”; Manuel Vázquez Chávez, alias “El Carlitos” y Edgar Sesma Vega, alias “El Gafe” o “El Tigre”. Los delitos imputados son delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, portación de armas, corrupción de personas menores y homicidio calificado en perjuicio de 72 personas migrantes.
El 17 de junio de 2011, el jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, Eduardo Ramón Pequeño García, presentó al joven de 22 años, Edgar Huerta Montiel, alias “El Wache” o “El Guache” como el jefe de Los Zetas en San Fernando y coordinador de la masacre. Una semana después, el gobierno federal distribuyó un video editado de la confesión de Huerta Montiel, en donde dio su versión de la matanza: Que asesinaron a las 74 personas centroamericanas para evitar que llegaran a la frontera, donde podrían reclutarlos sus rivales del Golfo.
“En agosto de 2010, ‘EL MONENEKE’, que en ese entonces era el encargado de Ciudad Victoria, reportó a ‘El Coyote’, que iban dos camionetas doble rodada con gente, que cuando llegaran a San Fernando, las checáramos, para lo cual ‘La Ardilla’, dio la orden a ‘El Kilo’, para que checara, ‘El Kilo’ checó que eran indocumentados y se le reportó eso a ‘La Ardilla’, ‘La Ardilla’ dijo que los investigáramos bien que los del Cártel del Golfo estaban reclutando indocumentados para obligarlos a trabajar de halcones o para tenerlos de esclavos”, dijo en su declaración.
“’La Ardilla’ dio la orden de que se mataran a ‘El Coyote’ (…) llegamos ‘EL CHAMACO’, ‘EL SANIDAD’, ‘EL ALACRÁN’, ‘EL COYOTE’, ‘EL JUNIOR’, ‘EL CÓNDOR’ y yo; ‘El Coyote’, ‘El Junior’ y yo dimos la seguridad fuera del rancho, los que ejecutaron fueron ‘EL ALACRÁN’, ‘EL CHAMACO’ y ‘EL SANIDAD’, esto tardó como dos horas, en donde yo estaba dando seguridad no se escuchaban las detonaciones, era tiro tras tiro, hasta que terminamos, como ya era de noche, no se enterraron en ese momento, pero al otro día llegaría ‘EL CHAMACO’ a enterrarlos, pero ya no fue porque llegaron antes los marinos. Cuando se terminó de matar a los migrantes que eran como setenta y dos, nos fuimos a San Fernando a un rancho”.
A partir de sus dichos, la PGR construyó la narrativa e intentó judicializar el caso.
Para 2012 fueron consignados José Pedro Castañeda Arellano, alias “El Chamaco” o “El Comandante Chamaco”; Cuitláhuac Montoya Torres, alias “Degollado”; José Guadalupe Reyes Rivera, alias “El Sasi”; Juvenal Burciaga Venegas, alias “El Alacrán”.
A Martín Omar Estrada de Luna, alias “El Kilo”, segundo al mando de Los Zetas en San Fernando; Román Ricardo Palomo Rincones, alias “El Víctor” ó “El Coyote” y Edgar Huerta Montiel, se les responsabilizó por su participación en la masacre y el homicidio de los funcionarios estatales que investigaban la masacre.
A los 15 consignados se les atribuyen los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, corrupción de personas menores, homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de sobreviviente y homicidio calificado contra 72 personas.
Edgar Sesma Vega, alias “El Gafe”, falleció preso y la acción penal se extinguió el 4 de marzo del 2013. Lo mismo sucedió con Martiniano de Jesús Jaramillo Silva, alias “El Pata de Queso”. Tres días después de su aprehensión en noviembre de 2017 por la Policía Federal, murió a causa de una complicación renal.
La indagatoria de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando se basa principalmente en testimonios y algunos datos que recabó la procuraduría estatal. La narración de ‘El Wache’ pasó de averiguación en averiguación. Primero fue parte de la indagatoria atraída por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, en agosto del 2010, a cargo del panista Francisco Molina Ruiz.
El día 6 de octubre del 2012 en Nuevo Laredo, la Semar capturó a Salvador Alfonso Martínez Escobedo “La Ardilla”, jefe de la región noreste de Los Zetas, mencionado por “El Kilo” como quien ordenó el multihomicidio. Al presentarlo ante los medios de comunicación lo señalaron como responsable de matar a 50 personas, de ordenar al menos 320 asesinatos, entre ellos el asesinato de los 72 migrantes, y de la fuga de 280 reos. A pesar de los señalamientos al momento de anunciar su aprehensión, la PGR no pudo vincularlo al proceso judicial por la masacre de agosto de 2010.
Salvador Martínez Escobedo, alias “La Ardilla”.
Violación grave
“El caso fue clasificado como graves violaciones gracias a un litigio de la fundación que llegó hasta la Suprema Corte. La CNDH no lo quería clasificar. La obligamos por el amparo”, dijo Ana Lorena Delgadillo, la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD). El litigio duró tres años.
“Las autoridades locales llevaron a cabo, desde el mes de agosto 2010, la detención de diversos sujetos presuntamente integrantes del grupo delictivo de Los Zetas, quienes hubieron reconocido su participación en los hechos, aun cuando no se tiene certeza sobre la forma en que fueron recabadas sus declaraciones y por lo tanto, sobre la veracidad misma de dichas declaraciones”, sostuvo en entrevista la abogada Delgadillo.
Otro de los puntos no esclarecidos son el encuentro entre el sobreviviente y la Marina, las condiciones del hallazgo de las víctimas, el número de sobrevivientes y la veracidad de las declaraciones de los detenidos.
La masacre de los 72 migrantes en San Fernando mostró el fracaso de la llamada “guerra contra el narcotráfico” del gobierno calderonista que extendió la violencia.
Las familias de las víctimas migrantes no conocen la verdad y tampoco han recibido justicia. El recuento de la FGR, realizado por la FJEDD, muestra 15 consignados, seis presuntos responsables muertos, de los que nunca se dio a conocer su identidad y 66 personas que no enfrentan cargos por los hechos ocurridos en San Fernando.
Sentenciados en Ecuador
Hasta agosto de este 2020 las únicas dos sentencias por la masacre de los 72 migrantes están en Ecuador. El 17 de octubre de 2012, el Tribunal dictó una condena de 12 años a José Arcesio Vásquez Marín, por el delito de tráfico ilegal de migrantes. El delincuente fue el “coyote”que llevó a Luis Freddy Lala Pomavilla.
Tres personas testificaron contra Vásquez Marín, quien durante el juicio estaba preso en la cárcel llamada La Roca, en Guayaquil. La Unidad de Protección de Víctimas y Testigos protegió a los testigos ante las amenazas de muerte si acusaban al traficante.
La segunda condena fue contra el traficante Miguel Ángel Dután Meneses, quien también es responsable de organizar el viaje de Lala Pomavilla. La Fiscalía lo capturó al sur de Quito, en septiembre de 2010. Fue sentenciado a 8 años de prisión.