“La primera pregunta es por qué tardó 8 meses el secretario general para hacernos saber su decisión”, cuestiona Joel Hernández García.
“Para la comisión Paulo Abrão sigue siendo su secretario ejecutivo”, aclaró Joel Hernández García, presidente de la CIDH, luego de que se conociera la decisión del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de abstenerse de avanzar en el proceso de renovación de su mandato.
“Continúa realizando sus funciones como secretario ejecutivo, sin embargo, desde un punto de vista práctico, careciendo de un contrato, no puede realizar algunas funciones de índole administrativo”, las cuales ha delegado, agregó.
En entrevista para Aristegui en vivo, aseguró que Abrão le ha dado un giro a la CIDH y acusó un “atentado a la institucionalidad” por parte de Almagro.
“Lo que estamos nosotros enfrentando en este momento es la negativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, a renovar el contrato del señor Paulo Abrão para un segundo mandato que la CIDH le otorgó el 9 de enero en una reunión, mandato que ya está corriendo pero ahora sin la disposición del secretario general para renovar su contratación”, expuso.
Detalló que el nombramiento del secretario Ejecutivo empieza con una selección que hace la comisión, tras lo cual se solicita el visto bueno del secretario general, quien lleva a cabo la designación para efectos administrativos.
Expuso que el primer mandato del secretario ejecutivo dura seis años y la comisión tiene la facultad de renovarle el contrato 4 años más, lo que es una “confirmación de la confianza que la comisión le deposita, nosotros la tenemos sin lugar a dudas y por eso dimos la renovación”.
“Esto lo notifica a mí en una comunicación hecha el sábado 16 de agosto, justo el día que se vence el contrato. La primera pregunta es por qué tardó 8 meses el secretario general para hacernos saber su decisión. La renovación del mandato la hizo la comisión el 9 de enero”, precisó.
Los argumentos que utiliza Almagro para no llevar a cabo esta contratación es una opinión jurídica de su secretaría de asuntos jurídicos en donde niega las facultades de la comisión para llevar a cabo la renovación del mandato; la otra es un informe que presenta la ombudsperson de la OEA 5 días antes del vencimiento del contrato, el cual contiene quejas de tipo general por personas que se sienten vulneradas en sus derechos porque no han sido atendidas.
“Aquí lo que estamos viendo es la negativa del secretario general a la renovación del contrato y en esto la parte jurídica está bien establecida, no es algo nuevo, es una práctica reiterada. Ahora bien por cuenta separada deben correr las investigaciones que hayan sido presentadas a la ombudsperson pero estas deben de seguir el canal legal que corresponda, esto no puede servir de pretexto para limitar la facultad de la comisión de nombrar a su secretario ejecutivo”, sostuvo Hernández García.
Aunque reconoció que hasta ahora Almagro no ha interferido con el trabajo de la Comisión, el presidente de la CIDH pidió que todos los actores interesados estén alertados de esta situación que confronta a esa comisión con el secretario general de la OEA.
Ve la entrevista: