Lo que el gobierno sí acepta es que se indague si hubo errores en el procedimiento de investigación del caso.
A 15 años de lo que denominó como una ‘ejecución extrajudicial’, el abogado Fabián Sánchez Matus pidió a las autoridades mexicanas reabrir el caso, pero el gobierno asegura que eso no es posible, por lo que ofrece un ‘acuerdo amistoso’.
De acuerdo con Sánchez Matus, el 19 de agosto de 2005 Víctor Manuel Torres Leyva conducía de regreso a su casa, cuando fue “ejecutado extrajudicialmente” por policías de la Ciudad de México, por lo que resultó responsable un solo policía, pese a que el crimen ocurrió tras una persecución en la que calculó que podrían participado hasta 24 policías de la capital.
En Aristegui en vivo, detalló que el auto en el que Víctor viajaba tuvo entre 10 y 25 disparos, mientras Víctor tenía en el cuerpo 3 disparos y se habla de un cuarto en la nuca.
Contó que una vez que la CIDH admitió el caso, la familia planteó una solución amistosa, no el gobierno, y en total propusieron 39 acciones, entre ellas un análisis técnico para corroborar las irregularidades.
“Queremos saber qué es exactamente lo que pasó, el gobierno mexicano pretende que nos conformemos con lo que se cree que pasó, no nos vamos a conformar con eso”, advirtió.
“Lo que pedimos es la realización de una investigación seria y diligente, está en juego una buena parte del estado de derecho”, mencionó.
“Nada impide que se lleve a cabo una nueva investigación, es una ficción eso de que es una cosa juzgada… este es un caso de simulación, donde existió una verdad histórica para el Estado mexicano. Nada impide rehacer una investigación penal y administrativa”, insistió el abogado.
Marcos Moreno Báez, director general adjunto para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos, mantuvo la postura gubernamental de “avanzar a través de un acuerdo amistoso”.
Aclaró que el caso está tipificado como un homicidio calificado y no una ejecución extrajudicial, pues esta figura no la tenemos todavía, por el que dijo que 34 personas fueron investigadas y hubo 4 condenas.
Moreno Báez sostuvo que realizar una nueva investigación penal o administrativa después de que ya hubo sentencias, es ajeno a los principios constitucionales vigentes.
No obstante, “lo que sí estamos solicitando es que se haga una investigación sobre el procedimiento que siguió en aquel entonces la Procuraduría, la propia policía para que si hubiese algún error en el procedimiento, por supuesto que se investigue y que en todo caso se sancione administrativamente”.
Aunque “por supuesto estamos en toda disposición de retomar un acuerdo de solución amistosa”, por lo que propuso una reunión el próximo lunes 31 de agosto, lo que el abogado aceptó.
“Somos un gobierno distinto que hemos demostrado un diálogo abierto y el compromiso que nos llama a atender y reparar integralmente a las víctimas no nada más en este caso tan lamentable”, apuntaló.
Ve aquí lo que dijeron ambos este jueves con Carmen Aristegui: