El Ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, firmó el 31 de agosto la autorización a la Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA) para operar como nueva entidad de gestión de la propiedad intelectual de autores y editores musicales. Lo hizo a pesar de que el 3 de agosto el subdirector general de Propiedad Intelectual del Ministerio, Carlos Guervós, rechazó la concesión de la licencia en un amplio informe, avalado por la directora general de Industrias Culturales, Adriana Moscoso, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
De hecho, la resolución del ministro recoge el escrito del subdirector hasta la línea en la que Guervós pasa a detallar las obligaciones de la entidad y subraya, en más de 25 páginas, una lista de fallos de SEDA y su plan económico. El informe señala que algunas previsiones están basadas en un “mero ejercicio de voluntarismo”, expresa “dudas reales sobre su capacidad de llevar a cabo una gestión viable” y se refiere a la “irrealidad” de algunas afirmaciones. Concluye “no conceder” la autorización porque “SEDA no dispone de los medios materiales idóneos para el cumplimiento de sus fines” y “no favorecería los intereses generales de la protección de la propiedad intelectual”.
Fuentes de Cultura declararon ayer a este diario: “El secretario general [Javier García Fernández] estudió varias propuestas y se decidió cuál es la que se propone finalmente al ministro. Prohibir daña los derechos y siempre es preferible favorecer la libertad de asociación”.
Desde hace dos años, tras recoger una directiva europea, la gestión del derecho de autor en España se ha liberalizado parcialmente. Compañías privadas como Unison le disputaron por primera vez a la SGAE el monopolio de facto sobre músicos y editores y, a la vez, facilitó el camino a creadores que quisieran retirar su repertorio de una entidad para casarse con otra. SEDA nace como institución sin ánimo de lucro lanzada para seducir a los músicos hartos de las guerras internas de la SGAE.
Eso sí, toda empresa de este tipo está sometida a la tutela administrativa y requiere la autorización del ministerio. Uribes no tuvo en cuenta el trabajo de Guervós, que alerta de “la carencia de SEDA de la estructura mínima y del saber hacer […] que se espera de una entidad de gestión que pretende obtener la autorización para operar en España”.
La Subdirección General hace hincapié en que SEDA quiere ser una entidad de gestión y sin embargo, externaliza su negocio principal (a la empresa Rightmos Solutions SL). Su financiación está basada en una explotación “no acreditada” con entidades de gestión extranjeras (la francesa SACEM y la británica PRS for Music, de las que solo tiene un “compromiso verbal”). Guervós indica que los únicos medios materiales a disposición de SEDA son su patrimonio fundacional: 100 euros, según el artículo 58 de sus estatutos. Solo hay 18 titulares de derechos que hayan encargado su gestión a la entidad, según el texto.
De hecho, el texto subraya con “énfasis” que se cite como fuente alternativa de financiación “una línea de crédito negociada con entidades bancarias, ofreciendo como aval el repertorio de SEDA”. La ley aclara que las obras no son propiedad de la entidad (solo tiene encomendada su gestión, no su disposición). El análisis concluye que el plan de viabilidad “posee importante deficiencias en su elaboración” que “no garantizan una gestión viable”.
Sobre la empresa Rightmos Solutions SL (fundada en 2014 por Ignacio Gonzalez Macdowell), que se encargará de la gestión interna y del procesamiento y distribución de regalías, los técnicos del Ministerio de Cultura señalan que “no posee experiencia acreditada en la prestación de estos servicios”. La contratación de esta empresa supone el 42% de los gastos operativos de la entidad. Esta externalización, añaden, “entra en franca colisión” con “la autonomía de su gestión y su independencia” y la viabilidad del proyecto.
Patacho Recio, socio fundador y cara visible de SEDA, asegura que la entidad “nunca recibió” ese documento, aunque sí tiene constancia de su existencia. “Solo puedo suponer que es un informe previo interno”. De ahí que no pueda responder a aspectos concretos del texto, pero sí deja claro: “La administración nunca podrá denegar una licencia, que la ley permite, en base a las apreciaciones subjetivas de algún funcionario. La resolución de un expediente siempre tiene que ser un hecho objetivo”. Recio reivindica su plan de viabilidad y destaca que también presentaron un plan de contingencia, con previsiones más pesimistas. El músico relata además que durante el mes de agosto SEDA fue añadiendo “elementos a su expediente” y reta a “cualquier jurista” a encontrar “un solo artículo de los estatutos que vaya en contra de la ley”. En los estatutos en la web de SEDA, varias de las críticas señaladas por el informe ministerial aparecen subsanadas.
Pero el texto de Guervós pone en duda más pilares de SEDA. Por ejemplo, su renuncia a la explotación de la “comunicación pública” (la música en bares o tiendas), cuando para la SGAE supone el 30% del total de sus ingresos. “Lo que oculta esta renuncia”, dice el informe, es que se requiere de un elevado número de recursos humanos y materiales para inspeccionar los usos de los derechos. Esto “supone incurrir en un nivel de costes tal que desvirtuarían el equilibrio que SEDA pretende mostrar en su plan de viabilidad”, indica el análisis. El texto también señala que desconoce cómo pretende gestionar SEDA los derechos en línea (Internet), porque en la oferta de servicios de Rightmos no se indica experiencia al respecto.
La cuota de mercado prevista por SEDA tampoco convence. La entidad vaticina que en cinco años de gestión alcanzará el 80% del mercado nacional y el 90% del internacional. Los técnicos del ministerio alertan sobre la “irrealidad” de estas cifras. Si los presupuestos de la SGAE para 2020 preveían recaudar 232 millones de euros, SEDA adelanta que logrará llegar a los 152 millones (solo en conciertos espera recaudar 25 millones en derechos, la misma cantidad que la SGAE). Además, el pasado junio, la Subdirección General requirió a SEDA revisar su plan de viabilidad económica ante la crisis sanitaria, a lo que la entidad contestó que no lo cambiarían porque lo consideraban “aún vigente”.
SEDA estima pasar de los 14 miembros fundadores a 540 al finalizar 2020. En el segundo ejercicio afirman que llegarían a los 2.020 miembros y, a finales de 2022, tendrían 3.020. Guervós lo compara con la evolución de la entidad de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), fundada en 1999, que pudo triplicar el número inicial de sus miembros solo en una década. Por todo, el informe indica que se “pone de manifiesto el carecer del conocimiento de aspectos relevantes del colectivo de usuarios de los derechos de las obras que desea gestionar”.
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