Se estima que 150 mil fueron asesinadas por el régimen de Franco y más de medio millón de personas murieron durante la guerra civil de 1936-39.
El gobierno español prepara una reforma de la actual ley de Memoria Histórica para ilegalizar la fundación Francisco Franco, que trabaja en la defensa de la imagen del difunto dictador, dijo el miércoles el presidente Pedro Sánchez.
Más de medio millón de personas murieron durante la guerra civil de 1936-39 y se estima que 150 mil fueron asesinadas por el régimen de Franco, mientras que 450 mil se vieron obligadas a abandonar España, según los historiadores.
Pero la opinión pública sigue dividida sobre el legado de la dictadura que terminó con la muerte de Franco en 1975.
“Prohibiremos y haremos ilegales las fundaciones que defienden la dictadura franquista, como por ejemplo, la fundación Francisco Franco”, sostuvo Sánchez durante una intervención en el Congreso.
El presidente de la fundación Francisco Franco, Juan Chicharro Ortega, señaló que la prohibición implicaría una violación de la constitución.
“La ley no es más que un intento de desviar la atención de los españoles de la desastrosa gestión del gobierno de la pandemia (del coronavirus) y de las miles de muertes”, dijo Chicharro Ortega a Reuters.
La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, había dicho este martes que las modificaciones en la ley que fueron aprobadas por otro Ejecutivo socialista hace 13 años incluirían la prohibición del enaltecimiento de la dictadura por parte de instituciones públicas o financiadas con fondos públicos.
Chicharro Ortega insistió en que la fundación Francisco Franco, creada en 1976 por simpatizantes del dictador tras su muerte, no recibe ningún tipo subvención pública y sólo se financia con donaciones.
El Gobierno de Sánchez da así otro paso en su campaña para eliminar de la esfera pública todo símbolo relacionado con la dictadura franquista, después de que el pasado año llevase a cabo su medida más importante en ese sentido: la exhumación de los restos del dictador de “El Valle de los Caídos”.
La ley reformada también pretende financiar la exhumación de los cadáveres de las víctimas de la guerra y la dictadura enterrados en fosas comunes, dijo Calvo a periodistas.
La semana pasada, un tribunal gallego ordenó a los herederos de Franco la devolución al Estado español del Pazo de Meirás, la que fuera residencia de verano del dictador en La Coruña. (Rts)