La Comunidad de Madrid ha revelado por primera vez cómo se reparten las casi 6.000 muertes oficiales por covid-19 entre las 474 residencias de mayores activas en Madrid, las más devastadas de España por el coronavirus. En un listado que este periódico ha obtenido gracias a una petición de transparencia, aparecen 20 centros con más de 50 fallecidos por la enfermedad. Los datos que publica este martes EL PAÍS arrojan luz sobre la tragedia en las residencias madrileñas, objeto de cientos de denuncias por abandono de la atención médica y otras irregularidades.
Desde marzo el Gobierno regional ha dado información muy incompleta sobre los daños del coronavirus en las residencias de mayores madrileñas, donde al principio de la pandemia había autorizadas 52.123 plazas. A pesar de numerosas peticiones de medios de comunicación, solo ha informado de la cifra total de muertos en las residencias, sin especificar en qué centros se encontraban los brotes más mortíferos. Esta falta de transparencia ha sido un tormento para muchas familias que se han quejado de que los geriátricos tampoco les daban información sobre el brote y han tenido que conocer esa situación a través de filtraciones a la prensa.
La residencia del grupo Ballesol en Alcalá de Henares, con 84 muertos por covid-19, es la que tiene un número mayor de fallecidos. Le sigue otra residencia privada, la del grupo Los Nogales en el barrio madrileño de Hortaleza (82 muertes), y cuatro residencias públicas de la Comunidad, Reina Sofía (78), Doctor González Bueno (78), Francisco de Vitoria (74) y Adolfo Suárez (72).
La lista con los fallecidos de cada residencia puede consultarse en este buscador (que incluye también los datos de las residencias de personas con discapacidad y las de personas con enfermedad mental).
Los datos muestran que el virus entró arrasando en las residencias, ayudado por la facilidad con la que se propaga en espacios cerrados donde conviven cientos de personas. Son muchos los centros que tienen decenas de muertes por covid-19. Solo 132 geriátricos madrileños se han librado del golpe mortal del virus (el 28% del total). Se trata en muchos casos de centros ubicados en la sierra madrileña, lejos del trasiego continuo de visitantes. 34 centros de la capital no han tenido muertes por covid-19.
Este listado ha sido obtenido tras una solicitud hecha en mayo por la vía de la Ley de Transparencia de 2013, que obliga a las administraciones a dar una contestación a los ciudadanos, quienes en caso de una respuesta negativa pueden recurrir a los tribunales.
Una asociación de familias, Pladigmare, se pregunta por qué el gobierno regional no dio las cifras en los peores días de la crisis, cuando podían haber resultado de utilidad. “Parece que han actuado con la misma resistencia que cuando se negaban a revelar qué residencias eran objeto de sanciones. Querían proteger la reputación de las empresas”, lamenta Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare.
Familiares escépticos
Tras la publicación de este artículo, varios grupos de familiares han dicho a este periódico que dudan de la veracidad de los datos oficiales. Una portavoz del grupo Ademaf, Carmen López, afirma que muchos grupos de víctimas han hecho sus propios conteos y las cifras oficiales son inferiores a la realidad. Esto puede deberse a que las residencias no han reconocido a muchos fallecidos como “posible covid-19″, de modo que en los certificados de defunción registraban otra causa. “El médico de algunas residencias rellenaba certificados en los que ponía que la causa era un fallo cardíaco, el motivo estándar. Todos nos morimos por un fallo cardíaco”, se queja López.
Antes de conocer estos datos ya había dudas sobre los datos de residentes muertos por covid-19 que ha proporcionado la Comunidad. El dato de 5.954 fallecidos con síntomas o con la prueba hecha se refiere solo a los residentes muertos dentro de una residencia y ha sido proporcionado por la Consejería de Políticas Sociales. Pero la Consejería de Sanidad no ha informado aún de cuántos residentes muertos en hospitales han perdido la vida a causa de la covid-19, en lo que supone otro ejemplo de falta de transparencia.
El listado que ha obtenido este periódico informa de que 11.555 residentes han muerto por cualquier causa en residencias y hospitales de la región entre el 8 de marzo y el 7 de julio. De ellos 8.379 perdieron la vida en residencias y 3.176 en el hospital. Estos datos significan que, asumiendo que las 52.123 plazas de residencias estaban ocupadas antes de la pandemia, habría muerto en cuestión de cinco meses el 22% de los mayores residentes en Madrid.
El alto número de fallecidos en las propias residencias se debe a que los hospitales de la Comunidad de Madrid rechazaron a los enfermos procedentes de estos centros durante aproximadamente un mes, entre mediados de marzo y mediados de abril, cuando la sanidad madrileña estuvo saturada a causa de la pandemia.
Con el objeto de evitar el colapso de sus hospitales, el Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso dio orden a los hospitales madrileños para que limitaran los traslados desde residencias de mayores. Creó una red de 22 doctores geriatras encargados de autorizar las hospitalizaciones, de acuerdo a unos documentos de triaje inspirados en la medicina de catástrofe.
La otra cara de ese plan era la “medicalización” de residencias, que iba a suponer que los mayores fueran tratados en los centros, pero la Comunidad dio esa misión a la hija de un asesor, Encarnación Burgueño, que dirigió un esfuerzo insuficiente y desorganizado. La propia “medicalización” de las residencias era vista por muchos como una tarea imposible: “Era jugar a lo que no somos”, le dijo a este periódico el presidente de la Federación Española de Dependencia, Ignacio Fernández Cid. Cuando a mediados de abril se alivió la carga sobre los hospitales madrileños, los residentes volvieron a ser admitidos y la mortalidad descendió bruscamente en las residencias.
Cientos de familias madrileñas se enfrentan ahora a la que será probablemente una larga batalla judicial contra los responsables del Gobierno de Ayuso que diseñaron esas medidas y contra más de 100 residencias investigadas por la Fiscalía.
El documento que ha recibido este periódico contiene información referente a los 711 centros de servicios sociales de carácter residencial de Madrid, un universo más amplio que el de las 474 residencias de mayores operativas y que incluye a las residencias para personas con discapacidad y para personas con enfermedad mental. La mortalidad ha sido más reducida en estos centros con una población más joven. La gran mayoría de estos otros centros no han reportado muertes por covid-19. Las residencias de este tipo que han tenido más muertes por este motivo son Medinaceli en la calle Ramírez Tomé (5), Orpea Madrid Mirasierra (4) y Nuevo Versalles (4).
¿Conoces casos de discriminación o irregularidades en una residencia de la Comunidad de Madrid? Contacta con el reportero de la sección de Madrid fpeinado@elpais.es o mándale un mensaje por Twitter a @FernandoPeinado
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