El Senado mexicano lleva varias semanas dándole vueltas a 25 palabras. Dos frases que forman la pregunta con la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quiere que “el pueblo” decida si se debe o no juzgar a los exmandatarios en caso de que hayan incumplido la ley. Una iniciativa sin precedentes y un mazazo a la línea de flotación del Estado de derecho. El borrador que ultiman las dos Cámaras, Senado y Congreso, tiene una única pregunta: “¿Está de acuerdo en que se revisen e investiguen las administraciones de los expresidentes de la República, a efecto de deslindar responsabilidades penales y administrativas?”.
Esa es la consulta que las dos Cámaras tienen más avanzada y que terminará de debatirse esta semana cuando acaba el plazo para su presentación. López Obrador quiere que la pregunta llegue a la calle dentro de nueve meses, el mismo día de junio que el país acudirá a las urnas para elegir a 15 gobernadores, 500 diputados, 30 congresos locales y casi 2.000 alcaldes.
Esas 25 palabras son las que acaparan los focos y el esfuerzo legislativo de una nueva comisión en la que han participado más de una decena de personas.
La ley señala que hay tres vías para conseguir una consulta popular. Una es a través de la vía legislativa, mediante el voto de 42 senadores o 165 diputados, el 33% de la Cámara. La segunda, que también está en marcha, es la recogida de 1.800.000 firmas, el 2% del padrón electoral y, la tercera, por iniciativa presidencial. Las dos primeras están avanzadas y el presidente ha insinuado que, de no lograrse, él daría el paso. La Corte Suprema será, no obstante, quien tenga la última palabra sobre la realización de la controvertida consulta.
Entre los legisladores consultados existe la creencia de que es difícil que el alto tribunal dé el visto bueno a una pregunta que parece diseñada para lograr el sí en la calle y el no en la Corte. La pregunta llega rodeada de polémica, puesto que muchos expertos creen que no tiene sustento jurídico y es considerada una maniobra distractora de las que saborea el mandatario, ya que el Estado tiene la capacidad de juzgar a un expresidente en caso de que incumpla la ley. López Obrador, no obstante, lleva coqueteando con esta iniciativa desde el inicio de su mandato, al tiempo que repite que él no es partidario de que se juzgue a sus antecesores, con el argumento de que con él en el poder las cosas han cambiado.
El mandatario ha delegado esta misión en sus senadores, pero el pasado lunes le presentaron en su despacho los 10 esbozos de la pregunta, según pudo saber este periódico de fuentes del Senado. López Obrador dio el visto bueno al enfoque de las mismas y pidió una versión final que no estuviera “cargada” hacia ningún lado.
En el borrador de 25 hojas al que tuvo acceso EL PAÍS y que llegará a la Corte, no se nombra a ninguno de los expresidentes que están en el punto de mira: Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, se dedica la mayor parte del espacio a argumentar que la lucha contra la corrupción es la prioridad del actual Gobierno de Morena. Entre otras fuentes, los senadores incorporan datos del Banco Mundial y Naciones Unidas para recordar que el coste de la corrupción en México ronda los 2,6 billones de dólares, lo que equivale al 5% del PIB del país.
Los senadores incluyen también un fragmento de un discurso del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en el que dice que “la corrupción es la raíz de la disfuncionalidad política y social” y una encuesta del periódico El Universal, publicada el 27 de agosto, según la cual nueve de cada 10 mexicanos quieren que se juzgue a los expresidentes. En la misma, Peña Nieto era el exmandatario al que la población más deseaba ver en el banquillo de los acusados, con el 89,4%, seguido de Salinas con el 88,5% y Calderón con el 82,1%.
La pregunta elegida ha sido la resultante de meter en una coctelera todas las propuestas recibidas de los senadores. Las 25 palabras que se ultiman son consecuencia de un debate político, jurídico y lingüístico que ha reflejado la pugna entre corrientes que estos días se disputan el rumbo de Morena. Minerva Citlalli Hernández, del grupo que lidera Porfirio Muñoz Ledo, fue quien más ha empujado para que el Senado se sumara a impulsar la consulta frente a un sector del partido que apuesta por distanciar el trabajo legislativo de lo que pasa en el Palacio Nacional y que opina que la recogida de firmas es suficiente para mantener vivos los deseos de López Obrador.
Entre la ensalada de propuestas, Salomón Jara, por ejemplo, cambió “autoridades competentes” por “Estado” en el apartado sobre quién debe juzgar a los exmandatarios. Alejandro Peña incluyó el término “debido proceso” y Lucía Trasviña quería que los votantes supieran que se trata de una consulta para “la correcta impartición de justicia sin excepción alguna y trato igualitario ante la Ley”. La senadora Minerva Citlalli fue más ambiciosa y pidió que los expresidentes sean juzgados “en tribunales nacionales o extranjeros”.
En paralelo, miles de personas se han sumado a una recogida callejera de firmas en la que la población pide el juicio para los expresidentes “que han causado afectaciones o daños graves al país”.
En cualquier caso, según los juristas consultados, la pregunta se enfrenta al más que posible rechazo de la Corte Suprema, en un intento por evitar un circo romano de la justicia donde se decida el futuro de los mandatarios a mano alzada, como señaló el politólogo José Woldenberg en una entrevista reciente con este periódico. Los tres expresidentes no tienen procesos judiciales abiertos, no tienen investigación en marcha de la Fiscalía y los presuntos delitos que les imputa López Obrador, no tienen relación entre sí. Desde la oposición se interpreta la consulta como una maniobra electoral y una estrategia de tensión permanente para mantener hasta las elecciones de junio su alto nivel de aprobación, que ronda el 65%, y desvíe la mirada sobre otros casos de corrupción que afectan a su entorno familiar.
La pregunta correcta
La pregunta, sin embargo, ha llevado el debate a la calle sobre los temas susceptibles de una consulta. Esta semana decenas de asociaciones de derechos humanos, académicos, colectivos de desaparecidos o asociaciones que impulsan proyectos de justicia transicional difundieron conjuntamente una carta para pedir una consulta popular “pero con la pregunta correcta”. Y propusieron la siguiente: “¿Está usted de acuerdo en que el presidente de la República active los mecanismos necesarios, dentro de sus facultades, para que, con ayuda de la ONU, se investigue y juzgue a los responsables de los crímenes atroces perpetrados contra el pueblo de México a la par de la creación de una gran comisión de la verdad?”.
El problema de convertir en un show las consultas públicas en casos graves de corrupción es que “someter a la justicia a un mandato popular —además de inconstitucional— puede producir resultados imprevisibles”, sostienen los grupos de derechos humanos. “Un no iría en contra del derecho de las miles de víctimas a obtener justicia, verdad, memoria, reparación, garantías de no repetición. Un sí vulneraría el debido proceso, alejando de la justicia a los perpetradores”, alertan ante una posible “violación al debido proceso” de los señalados.
Frente los grupos de la sociedad civil que han protestado los senadores consultados admiten en voz baja que hay “controversia” y es mejor “actuar con prudencia para no generar falsas expectativas”. En el documento, sin embargo, dejaron por escrito que la consulta es un “reclamo popular y una exigencia social”.
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