El papa Francisco ha aceptado esta tarde la dimisión presentada por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Giovanni Angelo Becciu. Además, según informó el Vaticano en un escueto comunicado, la renuncia también incluye la pérdida de todos los derechos vinculados al cardenalato. Algo completamente insólito, probablemente exigido por el propio Pontífice a causa de la presunta implicación del purpurado en un escándalo de corrupción inmobiliaria en Londres y por algunas derivadas que conducías a desvíos de fondos a familiares del cardenal, según publicó ayer el semanario L’Espresso.
La Santa Sede no ha dado más explicaciones. Pero ya se trate de una dimisión -como protesta del propio Becciu, tal y como apuntan algunas fuentes- o de un cese obligado por el Pontífice, la medida es de una violencia inusual vista solo en casos de delitos gravísimos. Los derechos como cardenal solo se han retirado a dos purpurados en el siglo XXI (Keith O’Brien y Theodore McCarrick) y a uno en el siglo XX, siempre por motivos vinculados a abusos a menores o por fuertes discrepancias doctrinales (Louis Billot) que cuestionaban la autoridad en la Iglesia. En dos de esos casos se retiró el cardenalato completo, algo que no queda claro para Becciu ahora, que formalmente mantendría la birreta cardenalicia. En cualquier caso, el derecho más importante que posee un cardenal por debajo de los 80 años es el de participar en un cónclave para la elección del futuro Papa. Y ese lo ha perdido ya este purpurado.
Becciu, un hombre con gran influencia en la curia y que ha figurado en los últimos años en todas las quinielas sobre el nombre del próximo Papa, se vio salpicado en una investigación por la compraventa de un edificio en Londres y la manera en que el Vaticano financió esa compra cuando él era el sustituto de la Secretaría de Estado (un cargo en el centro de la sala de máquinas del Vaticano que en la cadena de mando sería como el número tres). La operación costó alrededor de 300 millones de euros y se llevó a cabo mediante una serie de intermediarios que cobraron comisiones millonarias y que se reservaron el poder de bloquear futuros movimientos pese a que no habían aportado prácticamente capital.
La Fiscalía vaticana requisó en febrero documentos y dispositivos electrónicos en las dependencias de un antiguo alto cargo de la Secretaría de Estado, Alberto Perlasca, exjefe de la Oficina Administrativa de la Primera Sección de la Secretaría de Estado. El pasado 5 de junio las autoridades del Vaticano arrestaron al financiero italiano Gianluigi Torzi, acusado de delitos como extorsión, blanqueo de capitales y estafa, en el marco de esta investigación.
Becciu siempre negó su implicación o cualquier mala fe en una operación que se ejecutó con los fondos del Óbolo de San Pedro, teóricamente destinados a sufragar las causas de los pobres y de gestión de la Iglesia. El cardenal alegó que ese dinero debía reinvertirse para que la operación inmobiliaria que se presentó en Londres fue evaluada y apareció como una buena manera de mantener activo ese capital. Becciu aseguró que siempre actuó con el conocimiento de sus superiores. Y solo había dos personas por encima de él en el Vaticano. Fuentes cercanas al purpurado explicaron en su día a este periódico que el cardenal tenía la impresión de estar sometido a un ajusticiamiento por parte de las distintas corrientes que se disputan ya el control de las decisiones en el próximo cónclave.
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