Tres diputados de la oposición —dos de la izquierda kurda y uno socialdemócrata— han sido detenidos en las últimas horas después de que el Parlamento turco les retirase su escaño el jueves por haber sido condenados por diversos delitos relacionados con el terrorismo y la revelación de secretos. Estos arrestos se enmarcan en un incremento de la represión en los últimos meses contra los partidos opositores, en especial los progresistas, y los Ayuntamientos que controlan.
Musa Farisogullari, diputado del Partido Democrático de los Pueblos (HDP, prokurdo), fue detenido en la noche del jueves mientras viajaba hacia la capital, Ankara, horas después de que se leyera en el Parlamento el auto del Tribunal Supremo que confirma su sentencia a nueve años de cárcel basada en una investigación sobre el entramado político del grupo armado PKK. Poco después, agentes de policía se presentaron en casa de la diputada Leyla Güven, en la ciudad sudoriental de Diyarbakir, y se la llevaron detenida. Güven está condenada a seis años de cárcel por el mismo caso que Farisogullari y se enfrenta a otros 31 años de cárcel en varios procesos aún pendientes, entre otras cuestiones por haber criticado la intervención turca contra las milicias kurdas de Siria. La parlamentaria del HDP ya había estado en la cárcel pese a tener inmunidad parlamentaria, si bien fue liberada en enero de 2019 tras 11 semanas en huelga de hambre.
Enis Berberoglu, el tercer diputado detenido, pertenece a la principal formación de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), y ha sido condenado a prisión bajo la acusación de “espionaje” y “revelación de secretos” por haber facilitado a la prensa un vídeo que probaría el envío ilegal de armas a milicias sirias por parte del Gobierno turco. Berberoglu había comenzado a cumplir su pena en 2017, pero fue excarcelado tras ser elegido diputado en las elecciones de 2018. Le restan 18 meses en prisión. “Si hay que pagar un precio por la democracia, los miembros del CHP seremos los primeros en pagarlo”, dijo tras ser detenido esta madrugada en Estambul.
Su partido ha tildado de “golpe [de Estado] civil” la detención de los diputados opositores. Similares palabras a las utilizadas por el HDP, que atribuye esta represión al carácter “vengativo” del presidente islamista, Recep Tayyip Erdogan, en un momento en que las encuestas no le sonríen. “No seréis capaces de intimidar a quienes resisten”, señaló el partido prokurdo en un comunicado.
El HDP es el partido que más obstáculos enfrenta en su actividad política. De los 65 Ayuntamientos que logró en las elecciones del año pasado, en seis se les impidió tomar posesión y otros 45 han sido intervenidos en los últimos meses —cinco el pasado 15 de mayo— sin que mediase resolución judicial, sino simplemente por orden del Ministerio del Interior. En lugar de permitirse que la asamblea local eligiese un sustituto a estos alcaldes depuestos, como indica la ley de gobierno municipal, ha sido el Gobierno central quien ha nombrado los interventores a dedo. En total, 21 alcaldes elegidos en las listas del HDP en los comicios de 2019 y 27 en los de 2014 están en prisión, así como cientos de cargos municipales y antiguos diputados, entre ellos los exlíderes de la formación, Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdag. Instituciones internacionales como el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa han criticado duramente estos hechos, ya que la mayoría de los políticos presos están en espera de sentencia definitiva y ni siquiera se les ha permitido acogerse a la especie de amnistía decretada para descongestionar el sistema penitenciario y evitar contagios por coronavirus.
El CHP también ha visto cómo se incrementan los ataques del Gobierno. No hay semana sin que Erdogan acuse a la formación —creada por el fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk— de “golpismo” o de apoyar a “terroristas”. La combativa presidenta provincial del partido en Estambul, Canan Kaftancioglu, se enfrenta a varios procesos judiciales y tiene pendiente de resolución en el Supremo un recurso contra una condena a nueve años de cárcel. Y la exvicepresidenta del CHP en la provincia de Esmirna, Banu Özdemir, se enfrenta a tres años de cárcel por compartir en las redes sociales vídeos de un reciente hackeo de las mezquitas de la ciudad que hizo que se escuchase la canción antifascista Bella Ciao a través de su megafonía.
El Ministerio del Interior también ha dado luz verde a 27 investigaciones previas contra el alcalde de Estambul, el opositor Ekrem Imamoglu. Están vinculadas con su anterior cargo como alcalde de distrito, pero no fueron iniciadas hasta el pasado mayo. De hecho, durante la pandemia de covid-19, el Gobierno central ha buscado por cualquier medio impedir las medidas de apoyo social (desde campañas de donación a reparto de pan) puestas en marcha por los Ayuntamientos opositores, no así en aquellas ciudades donde gobiernan los islamistas. Las encuestas muestran que, si bien la mayoría de los turcos aprueban la gestión gubernamental de la epidemia, las figuras más valoradas son los integrantes del Consejo Científico y el ministro de Sanidad, el independiente Fahrettin Koca, mientras que hay alcaldes como el de Ankara, Mansur Yavas (CHP), que puntúan más alto que el propio Erdogan.
Dos escisiones del movimiento islamista capitaneadas por el ex primer ministro Ahmet Davutoglu y el exministro de Finanzas Ali Babacan hace temer una mayor fractura del voto de la derecha, lo que ha llevado al socio de gobierno de Erdogan, el partido ultraderechista MHP, a pedir que se endurezca la ley electoral de manera que se dificulte la entrada al Parlamento de nuevas formaciones.
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