La política en la prevención y sanciones en el tema de abusos sexuales en el Vaticano sigue siendo difícil de descifrar. Más allá de la puesta en escena de hace un año, con la gran cumbre para fijar las bases de la protección a menores, de los grandes documentos papales emitidos y de algunos castigos ejemplarizantes, determinados casos siguen sembrando dudas sobre el convencimiento de la Santa Sede en esta lucha. Gustavo Zanchetta, exobispo de Orán (en el norte de Argentina), hombre cercano al Papa, es un claro ejemplo. A la espera de un proceso canónico tutelado por la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) y de un juicio dilatado en el tiempo por la pandemia en su país, cuya fiscalía reclamó que se le retirase el pasaporte por el riesgo de fuga, ha sido readmitido por la Santa Sede en uno de los órganos financieramente más importantes.
La decisión ha causado sorpresa incluso dentro del Vaticano, donde en algunas áreas, como la propia CDF, a veces es difícil comprender el modelo general que se aplica. “El caso pinta mal”, señalan en este entorno. Zanchetta, de 56 años, está acusado de “abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso” en perjuicio de dos víctimas, un delito castigado con penas de entre tres y 10 años de cárcel y que el sacerdote niega. Fuentes del caso, que destapó el Tribuno de Salta, explican que se trata de una acusación por tocamientos realizados a dos seminaristas, avalada por alrededor de una veintena de testigos -seminaristas que cursaban los estudios para el sacerdocio en esa época-, que fueron citados por la fiscalía. Pero el Vaticano, según explicó su portavoz a este periódico, considera que “su servicio no interfiere de ninguna manera con la investigación en curso”.
El imputado, que según la dirección que aportó a la fiscalía argentina vive todavía en Santa Marta, la misma residencia que el Papa, fue subsecretario de la Conferencia Episcopal en Argentina cuando esta era presidida por el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio. También fue obispo en Orán, en el norte de la provincia de Salta, entre 2013 y 2017. Fue denunciado en 2016, pero la acusación no se hizo pública hasta dos años después, cuando ya había renunciado a su cargo alegando motivos de salud. Su salida intempestiva sorprendió a toda la comunidad y ni siquiera se realizó la habitual misa de despedida. Los procedimientos de renuncia suelen demorar meses, pero el Vaticano aceptó la suya en tres días.
El religioso, a quien también salpica una investigación económica por la que se registró el obispado de Orán el 7 de noviembre de 2019 por supuesta estafa y administración fraudulenta, pasó primero a la provincia argentina de Corrientes, después a Madrid, hasta que a finales de 2017 Francisco lo llevó al Vaticano. El Papa, al comienzo, no quiso admitir el tipo de acusaciones que se le imputaban. Aseguró que se trataba de asuntos de mala relación con sus subordinados. Luego leyó la investigación y consideró oportuno que se abriese un proceso canónico, que trasladó a la CDF. Fue entonces cuando, según la versión oficial, Zanchetta fue apartado de su puesto como asesor. En cualquier caso, ha sido readmitido y se encuentra de nuevo en la oficina. Un hecho que ha decepcionado profundamente a las víctimas, que ahora confían ya solo en la justicia civil.
El prelado había regresado al país sudamericano para declarar ante la Justicia, que en un primer momento solicitó que permaneciese en Argentina. La petición de retirada del pasaporte fue contestada por el Vaticano hace justo un año con un documento expedido por la Santa Sede y firmado por el sustituto de la Secretaría de Estado, Edgar Peña Parra, en el que se pedía su regreso para incorporarse a su puesto en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA). El certificado, cuya existencia sacó a la luz El Tribuno de Salta, se refería a un hecho falso entonces: Zanchetta había sido apartado en ese momento del APSA. Un año después, sin embargo, ha vuelto a ser admitido.
La presunción de inocencia aplicada a este obispo, a pesar de tener dos causas abiertas en Argentina y testigos que avalan las acusaciones, contrasta enormemente con otros casos recientes en los que implicado en otro tipo de supuestos delitos han sido apartados inmediatamente de sus puestos. El Papa despidió hace pocos meses a cinco empleados de la secretaría de Estado por su presunta implicación en uno de los últimos escándalos financiación que atraviesa la institución. La instrucción previa al proceso ni siquiera ha terminado, pero el Pontífice consideró oportuno enseñarles la puerta. Lo mismo hizo con el jefe de la Gendarmeria, Domenico Giani, que presentó su dimisión por la filtración de una serie de documentos de la misma investigación sin recibir ante ello ninguna objeción por parte del Papa.
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