La magistrada María Luisa Segoviano se ha convertido este miércoles en la primera mujer en presidir una sala del Tribunal Supremo en los más de 200 años de historia de este órgano. Segoviano, de 70 años y tendencia progresista, ha recabado los votos de los 19 miembros del pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han participado en la votación de su elección para presidir la Sala Cuarta (de lo Social) durante los próximos dos años, hasta que alcance la edad de jubilación. Los otros dos vocales (Concepción Sáez y Álvaro Cuesta) han votado en blanco por estar en contra de que el órgano que preside Carlos Lesmes, que tiene el mandato vencido desde diciembre de 2018, haga nombramientos discrecionales.
En medio de la polvareda que ha levantado la decisión del Gobierno de que el Rey no viajara a Barcelona para acudir a la entrega de despachos a los nuevos jueces y con el Ejecutivo buscando fórmulas para desatascar la renovación del Poder Judicial, bloqueada por el PP, el pleno del CGPJ ha votado este miércoles seis nombramientos clave en el Tribunal Supremo: tres presidencias de sala y tres plazas en la Sala de lo Penal, la que juzga las causas contra aforados. A la elección de Segoviano, se une la del magistrado conservador César Tolosa para presidir durante los próximos cinco años la Sala Tercera del Tribunal Supremo, una sala clave ya que es la que dirime los asuntos que incumben al Gobierno. Al frente de la Sala de lo Militar estará el progresista Jacobo Barja de Quiroga.
Los vocales han certificado también su acuerdo para cubrir las tres plazas de la Sala Penal del Supremo que estaban vacantes. Serán ocupadas por dos magistrados progresistas (Javier Hernández y Leopoldo Puente) y uno conservador (Ángel Hurtado).
Los seis nombramientos son fruto de un pacto entre el bloque conservador y el progresista. La elección de cargos discrecionales del consejo requiere un mínimo de 13 votos, una suma que no alcanza por sí sola ninguno de los dos sectores, lo que les ha obligado a negociar la selección de nombres para lograr un equilibrio aceptado por las dos partes. Los progresistas logran cuatro plazas: dos presidencias de sala (la Social y la Militar) y dos puestos en la sala de lo Penal. Los conservadores se quedan con dos, pero logran conservar, tras el convulso mandato de Luis Díez-Picazo, la presidencia de la Sala de lo Contencioso, la que resuelve los litigios que las Comunidades Autónomas, los grupos políticos o cualquier empresa o ciudadano presente contra el Gobierno.
Tras las votaciones de hoy, el órgano que dirige Lesmes ha cambiado a los cinco presidentes de sala del Supremo desde que caducó su mandato y el bloque conservador se garantiza para los próximos años la presidencia de las dos salas clave: la de lo Contencioso y la Penal, presidida por Manuel Marchena, que renovó el cargo en octubre pasado.
El pleno tenía hoy sobre la mesa otros cuatro nombramientos discrecionales: la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y las de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la Audiencia Provincial de Ourense. Pero los vocales han optado finalmente por aparcar estas votaciones, que se habían quedado fuera de la negociación de las últimas horas, y dejarlas para el pleno del próximo mes, según fuentes del órgano.
María Luisa Segoviano, primera presidenta
La designación de la presidencia de la Sala Cuarta no era sobre el papel el puesto más estratégico de los que estaban este miércoles en liza, pero la designación de María Luisa Segoviano sí se ha convertido en la más simbólica de todas porque supone acabar con una anomalía de 200 años: que ninguna mujer hubiera nunca presidido una sala del alto tribunal. Segoviano, que venía ejerciendo la presidencia en funciones de la sala desde el verano, tras la jubilación de su titular, ingresó en la carrera judicial en 1987 por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. Fue presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos entre 1997 y 2002 y presidenta de la Sala de lo Social del mismo Tribunal Superior con sede en Valladolid entre ese año y 2006, cuando fue nombrada magistrada del Supremo.
Su elección supone también que, a partir de ahora, la Sala de Gobierno del alto tribunal contará con dos mujeres entre sus integrantes: la presidenta de la Sala Cuarta como miembro nato y la magistrada de la Sala Segunda Susana Polo García, que obtuvo un puesto en las últimas elecciones a este órgano, celebradas el 26 de noviembre de 2019.
César Tolosa, el reto de pacificar la Sala de lo Contencioso
César Tolosa ha recabado 18 de los 21 votos del pleno para ponerse al frente de la Sala Tercera del Supremo, una de las salas clave del alto tribunal pero que en los últimos años ha protagonizado episodios polémicos de la mano de su anterior presidente, Luis Díez-Picazo, que ha renunciado a renovar en el cargo. Algunos de esos capítulos, como la rectificación sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas, dejaron una profunda división en la sala que todavía pervive. Intentar cohesionar a los magistrados será una de las tareas de Tolosa, de 63 años y miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Juez desde 1982, ha ejercido gran parte de su carrera en Cantabria, donde presidió la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior autonómico. Llegó al Supremo en 2014 y desde el año pasado forma parte de la Sala de Gobierno como miembro electo.
Jacobo Barja de Quiroga, un progresista al frente de la Sala de lo Militar
Jacobo Barja de Quiroga ha obtenido 19 de los 21 votos del pleno para sustituir a Ángel Calderón, que se jubiló recientemente tras tres mandatos al frente de la Sala Quinta. Barja de Quiroga, magistrado de esta sala desde 2014, es considerado un progresista con estrechos lazos en los dos sectores. Fue vocal del CGPJ (de 1996 a 2001), exjefe de gabinete del anterior presidente, Gonzalo Moliner y hombre de confianza de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Ángel Hurtado, el juez que pidió absolver al PP en Gürtel
El magistrado Ángel Hurtado llega a la Sala de lo Penal cuando está tiene pendiente dictar la sentencia definitiva sobre la primera etapa de la trama Gürtel, que confirmó la existencia de una caja b en el PP y condenó al partido. Hurtado, no afiliado a ninguna asociación, fue el ponente de aquella resolución y el único magistrado que se opuso a la condena de la formación entonces presidida por Mariano Rajoy, a cuya comparecencia como testigo también se opuso, sin éxito, el nuevo magistrado del alto tribunal. Juez desde 1983, ha ejercido los últimos 14 años en la Audiencia Nacional, de cuya Sala de Apelaciones formaba parte hasta ahora.
Javier Hernández, de Cataluña al Supremo
El magistrado Javier Hernández, elegido para cubrir la vacante por jubilación de Francisco Monterde en la sala de lo Penal, ha desarrollado toda su carrera en Cataluña. Presidía hasta ahora la Sección de Apelación Penal del Tribunal Superior de Justicia y ha sido magistrado de la Audiencia Provincial de Lleida y de la de Tarragona. De tendencia progresista, es considerado un penalista con un elevado perfil técnico e intelectual. Ha ejercido como profesor en la Escuela Judicial entre 1999 y 2003; en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona como profesor conferenciante en el área de Derecho Constitucional (2007-2009) y como profesor del área de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universitat Rovira i Virgili (1994-1999).
Leopoldo Puente, un penalista moderado
El elegido para cubrir la vacante por jubilación de Alberto Jorge Barreiro estaba destinado hasta ahora en la Sección de Apelación de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Considerado un progresista moderado, fue miembro de la Asociación de Jueces para la Democracia y es especialista en Derecho Penal, materia que ha impartido como profesor asociado en la Universidad de Castilla-La Mancha.
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