Después de tres años de batallas en los tribunales, el pasado 30 de septiembre abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) anotaron una victoria legal que marca un precedente para las menores migrantes que estén embarazadas.
Y es que la administración del presidente Donald Trump no podrá prohibir el aborto para menores inmigrantes no acompañados que buscan asilo en los Estados Unidos y que se encuentran bajo custodia de autoridades de inmigración, tras una batalla en los tribunales que terminó en un acuerdo aprobado por un juez en Washington.
Esto significa que la administración federal ya no se interpondrá en la decisión de las menores que deseen interrumpir su embarazo mientras están bajo custodia en los centros de cuidado de migrantes.
Según ACLU, el gobierno de Trump “adoptó una nueva política que prohíbe al personal de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y al personal contratado por cualquier refugio financiado por ORR bloquear o interferir con el acceso al aborto de menores embarazadas no acompañadas. La adopción de esta nueva política por parte de ORR fue una condición de nuestro acuerdo de desestimar nuestro caso”.
Todo comenzó con el caso de Jane Doe quien tenía 17 años cuando huyó de la violencia doméstica en en el 2017. Ella vivía con sus padres en Centroamérica y cuando llegó embarazada a Estados Unidos estuvo bajo custodia de las autoridades federales en Brownsville, Texas.
En aquel entonces, la menor había recibido una orden judicial que le permitía practicarse el aborto, pero funcionarios federales se negaron a transportarla. De acuerdo con ACLU, el acceso a este servicio había sido bloqueado por el centro en Texas en el que se encontraba retenida.
De esta forma, el caso de la menor había quedado provisoriamente en un limbo jurídico, mientras corría en su contra el tiempo médico durante el cual se puede practicar el aborto.
“En lugar de ir a su cita a la clínica de aborto, ellos la llevaron a un centro de embarazo en crisis. Y estos centros suelen no tener médicos,” dijo Amanda Bennet, de la organización Jane’s Due Process hace tres años.
El fallo de la Corte de Apelaciones Federal para el Distrito de Columbia revirtió decisión de un panel de tres jueces que temporalmente había bloqueado que se hiciera el procedimiento.
Conforme a ACLU, el gobierno federal estuvo violando los derechos de la menor de recibir cuidado médico por bloquearle el acceso a estos servicios reproductivos.
“Por órdenes del entonces director de la ORR, Scott Lloyd, la Sra. Doe fue efectivamente rehén en el refugio donde residió durante más de un mes. El gobierno federal le impidió salir del refugio para asistir a las citas relacionadas con el aborto; la obligó a someterse a una ecografía médicamente innecesaria y a recibir “asesoramiento” religioso de un centro de embarazos de crisis contra el aborto, donde también oraron por ella; y la mantuvieron bajo vigilancia intensiva”, señala ACLU en el comunicado.
La organización añade que “Lloyd también ordenó al personal que informara a los padres de Jane Doe de su embarazo y solicitud de aborto en contra de los deseos de la Sra. Doe, y a pesar de que ya había obtenido una orden judicial que le permitía continuar con su aborto sin involucrar a sus padres”.
Pese a que la resolución de este caso es específicamente para la joven, la ACLU solicitó derribar la política del gobierno que impide a menores como ella obtener servicios de aborto si lo desean.
ACLU agregó en el comunicado que “el éxito es especialmente significativo para la Sra. Doe, quien sin miedo representó a cientos de personas para asegurarse de que lo que le sucedió nunca le suceda a nadie más. En respuesta a nuestra victoria, dijo: “Me alegra saber que mi lucha significa que otras mujeres jóvenes como yo podrán tomar la decisión de convertirse en madres por sí mismas”.
La abogada Rochelle Garza de ACLU, quien fue la tutora ad litem de Jane Doe, aseguró que toda mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo.
Garza agregó que ACLU continúa trabajando para garantizar los derechos, incluyendo la salud reproductiva como el aborto, para las personas que están bajo custodia del gobierno federal y en centros de detención.
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