El pasado enero se empezó a oír hablar de una extraña enfermedad respiratoria que se extendía por la provincia china de Wuhan. No ha pasado ni un año y el coronavirus ha dejado tras de sí un reguero de más de un millón de muertos en el mundo y ha cambiado la vida de prácticamente todo el planeta. Otra de sus facultades ha sido la de echar por tierra cualquier plan que hagan los Gobiernos, entre ellos el español. Y tragarse las previsiones económicas de los distintos organismos con la tinta de su publicación aún fresca.
El último ejemplo lo ofrece ahora el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a su visión de la economía española. Hace solo una semana, el Gobierno anunció que para este año prevé un agujero en sus cuentas públicas del 11,3% del producto interior bruto. Pero el organismo multilateral amplió el martes su pronóstico de déficit para España al 14,1%, un nivel récord como mínimo desde la Guerra Civil. Este desfase millonario en las arcas públicas, -de unos 140.000 millones de euros, una cantidad similar a la que se gasta España en pagar las pensiones a sus nueve millones de jubilados- se explica por las necesidades de financiación generadas por la crisis sanitaria, de empleo y social, a lo que se le suma la menor recaudación de impuestos fruto del parón económico.
La deuda pública también cabalga desbocada en España, que saldrá de la crisis como uno de los países más endeudados del mundo. Frente al 95% de 2019, este año subirá hasta el 123% del PIB, un porcentaje muy elevado, pero que queda por debajo del de países como Estados Unidos (131%), Italia (161%), Grecia (205%) o Japón (266%). En la clasificación mundial, España queda en el puesto número 16 de países con una deuda pública más abultada.
Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, se ha comprometido a ir reduciendo el déficit público a medida que la economía española vuelva a crecer. Y las previsiones del Fondo apuntan en esta dirección: el próximo año el desajuste entre ingresos y gastos caerá al 7,5% del PIB, un déficit ligeramente inferior al 7,7% que pronostica el Gobierno. Ese recorte inmenso de casi siete puntos del PIB requerirá importantes esfuerzos. La historia reciente muestra la dificultad de equilibrios tan bruscos. El Gobierno, además, ha suspendido las reglas fiscales para 2020 y 2021, lo que dará más margen de actuación a la hora de gastar a comunidades autónomas y Ayuntamientos.
El problema es que la perspectiva de unas cuentas públicas equilibradas ni está ni se le espera. El FMI cree que el déficit no va a caer por debajo del 3,9%, por lo menos, hasta 2025. Así que España va a pasarse el próximo lustre por encima de la barrera que en tiempos previos a la pandemia se estableció en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Desde la crisis de la década pasada, los distintos Gobiernos, tanto socialista como populares, han sido insistentemente incapaces de cumplir los objetivos de reducción del déficit pactados con Bruselas: solo en 2017 el Ejecutivo de Mariano Rajoy lo cumplió.
Por ahora, el Pacto de Estabilidad está congelado. A nadie se le pasa por la cabeza recortar gastos en tiempos de crisis sanitaria. Pero el margen de maniobra de los distintos Estados es muy distinto. Y España, con una deuda pública que según el FMI va a estar el próximo lustro por encima del 118% del PIB, tiene todas las papeletas para ser una de las principales damnificadas cuando los vientos a favor de la austeridad empiecen a soplar de nuevo. De todas formas, no está sola. Además del récord griego e italiano, países como Portugal (con una deuda prevista este año del 137%), Francia o Bélgica (ambos con 118%) prometen estar entre los más señalados.
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