Aunque la gigantesca tragedia del coronavirus haga casi imposible ver algo más allá de esta emergencia sanitaria y económica, España sigue estando en la región más expuesta al calentamiento global de Europa. Desde hace décadas los científicos alertan de los riesgos para el país de las olas de calor, la desertificación, las sequías, las inundaciones costeras… Pero España no cuenta con una ley de cambio climático, a pesar de que el Congreso reclamó esa norma en 2011 y del aparente consenso de la mayoría de los partidos sobre su necesidad. El Consejo de Ministros ha empezado a poner remedio a esa contradicción este martes y ha aprobado el proyecto de ley de cambio climático y transición energética para remitirlo a las Cortes, donde deberá ser aprobado por los grupos.
La norma —que aspira a marcar la ruta para desenganchar al país de los combustibles fósiles y de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050— busca blindar las políticas necesarias para que España cumpla con sus compromisos climáticos internacionales, como el Acuerdo de París y las diferentes normas europeas. Pero, a la vez, el Gobierno presenta esta ley como una oportunidad y una de las vías para salir de la crisis económica ligada a la pandemia. La recuperación verde no es algo que se reclame solo desde las ONG ecologistas; la han puesto sobre la mesa grandes multinacionales y entidades financieras, y la Comisión Europea y la mayoría de los países europeos la han asumido como uno de los ejes para salir de la crisis. De hecho, los planes de ayudas públicas que preparan las instituciones europeas apuestan por renovables, movilidad eléctrica, rehabilitación de edificios…
El proyecto de ley promete en su preámbulo que la transición energética movilizará más de 200.000 millones de euros de inversión —el 70% capital privado, el resto público― entre 2021 y 2030. Y el Ministerio para la Transición Ecológica apuesta por acelerar muchas de las inversiones que estaba previsto desarrollar a lo largo de una década como una forma de reactivar ahora la economía. También, como una vía de crear puestos de trabajo. La norma promete que el empleo neto aumente entre 250.000 y 350.000 personas para 2030 gracias a estas medidas climáticas.
La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado este martes la norma como un modelo “de recuperación” frente a la crisis del coronavirus y ha resaltado su potencial para generar “empleo de calidad estable”. Además, la vicepresidenta ha insistido en que se quiere “cumplir” con los jóvenes también, “que no quieren heredar hipotecas que no le tocan”.
En vídeo, la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, presenta este martes el anteproyecto de ley de cambio climático.
Objetivo: 20% menos de emisiones en 2030
La norma fija un gran objetivo a largo plazo: lograr la neutralidad climática en 2050, lo que significa que el balance entre las emisiones de gases de efecto invernadero y su absorción a través de sumideros (como bosques) deberá ser cero. En cualquier caso, para llegar a ese punto, las emisiones a mediados de siglo deberán haber desaparecido casi completamente. Pero el proyecto también establece metas intermedias. Para 2030 las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto a los niveles de 1990. El texto impone que este y todos los grandes objetivos de la ley solo podrán revisarse al alza.
Esa meta no es suficientemente ambiciosa en opinión de las principales ONG medioambientales ―Ecologistas en Acción y Greenpeace plantean que debería subir hasta el 55%―. En cualquier caso, el porcentaje podría incrementarse algo durante la tramitación parlamentaria. Según explica Juan López de Uralde, de Unidas Podemos, su formación y el PSOE han pactado ya que el objetivo de recorte subirá hasta el 23% durante esa tramitación. López de Uralde, quien preside la comisión parlamentaria que se encargará de la tramitación de la norma, cree que la ley podría estar aprobada este año si se aceleran mucho los plazos.
Ese 23% de las emisiones para 2030 pactado por las dos formaciones es lo que figura ya en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el programa de descarbonización para la próxima década que España ha aprobado y enviado a Bruselas. Este plan junto a la estrategia de adaptación a los impactos al cambio climático (que está ahora en información pública) y la estrategia a largo plazo de descarbonización (que se está terminando de redactar) son las tres herramientas fundamentales de aplicación de la ley.
Energía: un 70% de la electricidad con renovables
La norma marca que para 2030 el porcentaje de renovables sobre el consumo final de energía ―que incluye electricidad y transporte― deberá llegar al menos al 35% (ahora está rondando el 20%). Para ello, en ese mismo año el 70% de la generación eléctrica deberá ser de origen renovable y se tendrá que mejorar la eficiencia energética en un 35%. En 2050, el 100% de la electricidad tendrá que generarse con energías limpias. El proyecto de ley apuntala un sistema de subasta de renovables que destierra las subvenciones que se requerían en el pasado y ofrece certezas en las retribuciones para incentivar las inversiones. La intención del ministerio es que este año se celebre la primera de estas subastas a pesar de la crisis del coronavirus.
En los primeros borradores se concretaba que cada año se deberían subastar 3.000 megavatios al año de renovables. Pero esa cifra, como otras metas explícitas, se han eliminado del proyecto tras las recomendaciones emitidas por el Consejo de Estado, según la versión del ministerio.
Movilidad: coches de emisiones cero en 2040
Mientras que la generación de electricidad está ya en una senda de descarbonización clara gracias a las renovables, el sector del transporte no va tan rápido. En España, el transporte por carretera es responsable de alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto de ley no marca un objetivo concreto de reducción de estos gases o de movilidad eléctrica a medio plazo, para 2030. Pero sí propone que en 2050 el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté libre de emisiones directas de dióxido de carbono, el principal de los gases de efecto invernadero. Para ello, se apunta a que “se adoptarán las medidas necesarias” para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos sean de emisiones cero en 2040. En la práctica, esto supone cerrar la puerta a los vehículos de combustión e incentivar los eléctricos. Esta propuesta es la misma que maneja la Comisión Europea.
En la norma se establece que los territorios insulares podrán poner en marcha medidas propias y más ambiciosas de fomento de la movilidad limpia. Esto permite a Baleares recuperar su objetivo de no permitir nuevas matriculaciones de diésel a partir de 2025 y del resto de vehículos con motores de combustión a partir de 2035. Esta comunidad mantenía en suspenso este apartado de su ley de cambio climático a la espera de que esta norma estatal le diera cobertura suficiente.
Además, se obliga a las gasolineras que tienen un mayor volumen de negocio (alrededor del 10% de estos negocios) a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos. Se regulan también las obligaciones de instalación de estos sistemas de recarga en los edificios y se creará un punto de información oficial en la web sobre las infraestructuras de carga del país.
El texto lanza varias exigencias para los municipios de más de 50.000 habitantes, que deberán poner en marcha zonas de bajas emisiones como tarde en 2023, además de planificaciones específicas de movilidad que incluyen el fomento de los vehículos eléctricos, el transporte público y la bicicleta. Además, blinda las zonas de bajas emisiones para que no se puedan revertir.
Combustibles fósiles: desinversión pública
Los combustibles fósiles ―los grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero― están en el punto de mira. Se regula el veto a las nuevas explotaciones de hidrocarburos a partir de la aprobación de la ley y de la controvertida técnica de la fractura hidráulica o fracking. Por otro, se apuesta por un plan de desinversión estatal, aunque sin fechas concretas. El objetivo es que “la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil”. Para ello, el Ejecutivo tendrá que presentar un calendario.
El texto también abre la puerta a una limitación de nuevos beneficios fiscales a los productos energéticos de origen fósil. No se vetan, sino que se establece que para que se conceda una ayuda de este tipo “deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas”.
Financiación: sin políticas fiscales
El proyecto de ley trata de asegurar una suficiente financiación para las políticas de cambio climático en los Presupuestos Generales del Estado. Pero no impone un porcentaje concreto de los fondos que deberán contribuir a los objetivos de cambio climático, sino que establece que esa cantidad será la equivalente a la que establezca la Unión Europea en su marco financiero plurianual.
La norma marca también que los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión se tendrán que destinar a medidas de cambio climático y transición energética. Permite que, como hasta ahora, se destinen en un porcentaje importante a pagar las primas a las renovables del sistema anterior a las subastas. La ley de cambio climático, sin embargo, no afronta la reforma de la fiscalidad para dar un impulso a los tributos verdes como reclaman desde hace años a España los organismos internacionales.
Riesgos económicos
El proyecto obliga a las empresas cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras a elaborar informes anuales sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático. Las entidades financieras también deberán publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamos e inversiones alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023. Por su parte, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente, cada dos años, un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español del calentamiento global y las políticas para combatirlo.
Adaptación: indicadores de impacto
La norma también centra una parte importante del texto en la adaptación y apuesta por definir un sistema de indicadores de impactos del cambio climático para guiar las políticas y planes públicos. También propone la elaboración de mapas de vulnerabilidad. En la planificación urbana, se introducen modificaciones para que los Ayuntamientos tengan en cuenta el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. Además, se imponen restricciones y limitaciones a las concesiones en dominio público marítimo terrestre en un intento por contrarrestar la reforma de la Ley de Costas llevada a cabo por el PP en 2013.
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