Un preso condenado por prostitución de menores fue asesinado por otro interno el martes por la tarde en la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). El agresor, que cumple condena por asesinato y robo con violencia, le asestó decenas de puñaladas en el patio del módulo 3, tal como recogen las cámaras de vigilancia del centro penitenciario. La dirección de la prisión ha aislado al interno, ha abierto una información reservada y ha trasladado el expediente al juez de guardia, que investigará los hechos.
El suceso ocurrió hacia las 19.20. Un preso de 37 años que cumple una larga condena por asesinato asestó decenas de puñaladas a un compañero de módulo hasta acabar con su vida, según ha confirmado el Departamento de Justicia. Fuentes penitenciarias añaden que la víctima recibió 29 puñaladas, cuatro en el cuello y el resto en el tórax, lo que indica un alto grado de ensañamiento. Las mismas fuentes sospechan que se trató de un asesinato premeditado que tenía como objetivo castigar al preso (la llamada ley de la cárcel) por sus delitos sexuales contra menores, aunque es el juzgado el que ahora deberá esclarecer el móvil del crimen.
La víctima, de 32 años y nacionalidad rumana, era un proxeneta que cumplía condena por prostitución de menores y de incapacitados y también por violencia machista. En 2012, la Audiencia de Barcelona le condenó a 15 años de cárcel por obligar a una menor de edad a prostituirse en un piso del Raval de Barcelona. El hombre y una mujer recogieron a la menor cuando salía de Rumania en dirección a Italia y la sometieron a un calvario de malos tratos, amenazas y lesiones. La chica fue forzada a prostituirse en Roma, en Zaragoza y, finalmente, en Barcelona, donde el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) detuvo a la pareja.
Un asesinato en la cárcel es un incidente extraordinario. El último caso conocido en Cataluña ocurrió en el verano de 2018, cuando un hombre fue hallado muerto apuñalado en el interior de su celda de la cárcel de Ponent (Lleida). La víctima tenía diversas puñaladas y golpes por todo el cuerpo. El autor de los hechos era su compañero de celda.
El crimen de Brians 2 ha puesto en alerta a los sindicatos de prisiones. Denuncian que las “restricciones de personal” impuestas por el Departamento de Justicia disminuyen la vigilancia sobre las prisiones y facilitan que ocurran este tipo de incidentes. UGT lamentó que, el mismo día en que ocurrió el asesinato, un funcionario de prisiones de la misma cárcel fue agredido por un preso con una escoba que había roto y afilado para intentar apuñalarle. En las reclamaciones de falta de personal coincide otro sindicato, CSIF, que pide más funcionarios para atender las prisiones en un momento de especial complejidad por la pandemia de coronavirus.
Tras el apuñalamiento, se han abierto dos vías para aclarar los hechos. Una es la administrativa: el Departamento de Justicia ha abierto una información reservada que analizará, a partir del testimonio de los funcionarios, los presos y del análisis de las cámaras de vigilancia, cómo se desarrolló el incidente y si hubo suficiente vigilancia. La otra es la penal: un juzgado tratará de esclarecer lo ocurrido a partir de la información remitida por Justicia y de las indagaciones de los Mossos d’Esquadra.
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