Adiós a bares y restaurantes en Cataluña. Al menos, durante dos semanas. La pandemia no da tregua y, a diferencia de Madrid, que esperó a superar holgadamente los 500 casos por 100.000 habitantes para tomar medidas drásticas (obligada por el estado de alarma decretado en su territorio), la Generalitat de Cataluña se ha adelantado a atajar una curva epidémica desbocada (263 casos por 100.000 en las últimas dos semanas, según el Ministerio de Sanidad) y ha abierto una nueva senda de acción para reducir los encuentros sociales: el cierre de la restauración. Los locales solo pueden servir a domicilio o para llevar. El sector, que ha anunciado que recurrirá la medida, ha advertido de “perjuicios irreparables” en la hostelería y pérdidas por valor de 900 millones de euros.
Cataluña no ha llegado a las cifras de Madrid (463 casos por 100.000 habitantes y el 37,5% de las UCI ocupadas), pero no está lejos de alcanzarlas si la curva sigue sin control: según Sanidad, la comunidad tiene el 7,5% de las camas convencionales ocupadas con pacientes con covid-19 y el 20,4% de las UCI llenas, mientras que la ocupación en Madrid es del 20,3% de las plazas convencionales y el 37,5% de las camas de críticos. Asimismo, Cataluña hace más pruebas diagnósticas que Madrid (1.919 PCR por 100.000 habitantes frente a 1.088) y tiene una tasa de positividad menor (9,1% frente al 17,7% de Madrid), pero este porcentaje sigue estando por encima de lo que recomiendan los expertos (menos del 5%) para mantener a raya la transmisión. Para contener la epidemia, el Govern ha anunciado también, la reducción de aforo al 30% en los comercios, al 50% en los gimnasios, y la clausura de casinos, bingos y los servicios que requieran contacto físico (excepto las peluquerías). Las medidas, que previsiblemente entrarán en vigor este viernes, tendrán que ser avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
“Es una medida difícil pero necesaria si queremos que la pandemia no se extienda como lo está haciendo. La limitación de la actividad es la única forma de cortar de raíz donde la ciudadanía se relaja en exceso y baja la guardia”, ha dicho el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, a propósito del cierre de restaurantes. Y ha insistido en “reducir al máximo la movilidad, limitar relaciones y encuentros sociales y promover el teletrabajo en la medida de lo posible”. Todo lo que haga falta, ha abundado, “para evitar un confinamiento total”.
Cataluña abre así una nueva vía para contener la transmisión que ya se ha explorado en Europa, pero todavía nadie se había atrevido a aplicar con tanta dureza en España. No se puede consumir ni dentro de los locales ni en las terrazas. Y la restauración de hoteles también tendrá que cerrar para los que no sean huéspedes. “Es imprescindible avanzarse para no llegar tarde. Esa salida de fin de semana, esa comida con amigos, ese encuentro con familiares que puede esperar, tendrá que esperar”, ha zanjado Aragonès.
La restauración ya llevaba días en el punto de mira. No porque allí sea donde se detectan más brotes o grandes episodios infecciosos, sino porque es uno de los lugares donde más se socializa y se baja la guardia —se quita más la mascarilla para comer o beber, se habla más alto, y el riesgo de transmisión aumenta—.
Los expertos consultados coinciden en que se trata de una medida adecuada. “En restauración hay mucha interacción personal, con poca posibilidad de mantener la distancia de seguridad y usar mecanismos de protección. Esta medida es razonable”, valora Benito Almirante, jefe de Infecciosas del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. El infectólogo considera, de hecho, que habrá un efecto dominó y otras comunidades “se verán comprometidas a tomar esta decisión”. Melilla, por ejemplo, también ha decretado el cierre de la restauración durante 15 días.
Para Toni Trilla, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic, estas medidas son “razonables y razonadas”. “Hay que apretar un poco porque los hospitales ya empezamos a estar un poco preocupados”, avisa. Y plantea la posibilidad de llevar esta propuesta al Consejo Interterritorial para ampliarlo a otras autonomías.
El presidente del gremio de la restauración en Barcelona, Roger Pallarols. En vídeo, Pallarols anuncia que acudirán a la Justicia si el Govern no rectifica.
“Con las medidas que estábamos tomando no era suficiente. Hay que poner otras para frenar los casos iniciales, que generalmente se producen en estos encuentros sociales que se dan en los bares”, apunta Almirante. Y coincide Daniel López-Acuña, exdirector de emergencias de la Organización Mundial de la Salud: “Esta medida es muy positiva. Soy partidario de que se tome donde hay transmisión comunitaria sostenida. Tenemos que adelantarnos a la curva”. Almirante destaca, además, que hay que ver la medida con una perspectiva temporal de 15 días, que no es una directriz indefinida, como el uso de la mascarilla. López-Acuña reclama que se extienda durante tres o cuatro semanas para bajar la incidencia por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes.
El sector de la restauración, que se ha reunido este miércoles con el Govern, ha mostrado su rechazo a la medida desde el primer momento. De hecho, unas 150 personas han protestado en la plaza Sant Jaume, donde está la Generalitat, por los cierres. La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales ha asegurado que la mitad de las empresas están riesgo de no llegar a final año debido a este nuevo periodo de “inactividad forzada”.
El primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tildado la medida de “desproporcionada”, aunque luego la alcaldesa, Ada Colau, ha rebajado la tensión y ha apoyado la propuesta ante el crecimiento de la curva, pero ha reclamado ayudas que permitan al sector aguantar. Aragonés ha anunciado un decreto ley con ayudas directas por valor de 40 millones de euros para los locales que sufran mayor impacto en la facturación y una línea de avales para cubrir necesidades de liquidez a corto plazo a partir de 12.000 euros.
Más medidas restrictivas
El cierre drástico de bares y restaurantes no está solo. Forma parte de un paquete de medidas que incluye la suspensión de las competiciones deportivas no profesionales, el paso de las clases universitarias a formato virtual, la recomendación del teletrabajo y las otras restricciones sociales que ya pesan desde el verano, como el cierre del ocio nocturno o la limitación de reuniones a seis personas. También se cerrarán parques de atracciones, las ceremonias civiles y religiosas tendrán un aforo del 50%, los actos culturales tendrán una ocupación del 50% (asiento preasignado y cierre a las 23.00) y los jardines y parques infantiles se clausurarán a las 20.00.
El consejero de Interior, Miquel Sàmper, ha hecho hincapié en que los cuerpos policiales vigilarán para que las medidas se acaten. De hecho, el titular de Interior incluso instó a la ciudadanía a denunciar si veía algún incumplimiento de la norma entre sus vecinos, aunque luego se ha desdicho: “No avalamos situaciones de policía de balcón, pero hay que evitar casos de incumplimientos graves de las medidas que pongan en peligro a la ciudadanía”, ha apostillado en redes sociales. El régimen sancionador contempla multas de entre 300 y 6.000 euros si no se cumple la norma.
Aunque el Govern no ha hecho todos los deberes —ha reforzado el rastreo de contactos, pero sigue con la atención primaria saturada y todavía no ha puesto en marcha la aplicación Radar Covid ni hay fecha para ello—, la consejera de Salud, Alba Vergés, ha vuelto a apelar a la corresponsabilidad ciudadana para terminar con las restricciones cuanto antes.
Información sobre el coronavirus
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