La historia se repite. El Gobierno no diseñó ningún mecanismo legal, ni cree que sea posible hacerlo, frente a una autonomía que se declare en la práctica en rebeldía ante la política común contra el coronavirus, como creen en el Ejecutivo que ha hecho Madrid. El estado de alarma decae el sábado y La Moncloa no tiene alternativas legales. La prórroga está prácticamente descartada —sería un infierno parlamentario— y la estrategia de Sanidad pasa, como hace dos semanas, por pactar el miércoles medidas comunes para toda España y confiar en que Madrid haga esta vez correctamente la orden para aplicarlas.
In English
Los focos están puestos en la moción de censura de Vox, pero el Gobierno tiene otra prioridad más difícil de resolver. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha multiplicado sus contactos diarios con consejeros de todas las autonomías para lograr un consenso que busque salida al día después del fin del estado de alarma en Madrid, una bomba de relojería con plazo concreto: el próximo sábado a las 16.48 de la tarde, 15 días después de su publicación en el BOE, que estaba prevista para las 15.00 del viernes 9 de octubre pero finalmente se retrasó casi dos horas. Ese es el límite legal para el estado de alarma.
La prórroga nunca fue una opción real. Requiere una mayoría en el Congreso que el Gobierno no está seguro de conseguir. Y en Sanidad insisten en que no es necesario. La estrategia de Illa va por otra vía diferente a la alarma. En realidad, se parece mucho a lo que intentó hace dos semanas: llevar la decisión al Consejo Interterritorial de Salud, previsto para el miércoles, y forzar así su aplicación esté o no de acuerdo Madrid. Antes de esa cita clave del miércoles, que podría ser tan tormentosa como la de hace dos semanas, hoy habrá un encuentro técnico para prepararla. Allí se verá cómo respiran Madrid y las comunidades del PP. Illa está negociando con todos una fórmula en forma de semáforos, pero con flexibilidad porque consejeros de diversas formaciones están pidiendo margen para no tener que confinar todo un pueblo de 10.000 o 20.000 habitantes por un rebrote muy localizado en una residencia de ancianos, por ejemplo.
La negociación es intensa, pero queda la incógnita de Madrid, dividida por las tensiones entre su presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado. Fuentes del Gobierno madrileño señalan que se apostará de nuevo por el confinamiento por áreas de salud —que Sanidad no ve razonable— y esperan llegar al miércoles con una incidencia por debajo de 300 contagios por 100.000 habitantes. Parecen dispuestos a dar batalla.
Ese sistema de tomar la decisión en el Interterritorial de Salud y forzar así a Madrid a cumplirla funcionó hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbó la orden de la Comunidad que ejecutaba esa decisión. Las leyes no han cambiado desde entonces. Y en La Moncloa descartan una modificación para cambiarlas, pero creen que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no podrá burlar las instrucciones como hizo la otra vez con un truco sencillo: basar la orden de la Comunidad que las ejecuta en una ley de 2003 y no en la de 1986, la que han usado el resto de comunidades autónomas sin que haya supuesto problemas legales.
La situación, desde el punto de vista jurídico y político, es muy complicada, según fuentes del Gobierno. El sistema jurídico que se diseñó, y que en La Moncloa consideran suficiente para hacer frente a la pandemia, no está pensado para comunidades rebeldes.
En mayo, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, anunció que el Gobierno tenía listas varias reformas de hasta cuatro leyes para tenerlas aprobadas en otoño, cuando llegara la segunda ola. Sin embargo, ese proyecto se aparcó, según fuentes del Ejecutivo, porque no había suficiente apoyo político y la tensión con el PP era fuerte después de su rechazo a las dos últimas prórrogas del estado de alarma.
El PP siempre ha recriminado esta decisión del Gobierno. El grupo de Pablo Casado sigue pensando que es necesaria esa modificación legal de la ley de sanidad de 1986 para poder tener una alternativa al estado de alarma. El equipo que dirige Ana Pastor, portavoz del PP en Sanidad y exministra, ha preparado una proposición de ley, que tratará de que se vote en breve en el Congreso. En ella plantea esas modificaciones para otorgar más poderes a Sanidad sin necesidad de un estado de alarma. Sin embargo, en el Gobierno no ven con buenos ojos esta reforma del PP. Sobre todo, por un asunto delicado: evita el control judicial de decisiones clave de limitación de derechos.
Los expertos de La Moncloa creen que es muy arriesgado abrir la puerta a esa limitación de derechos desde una ley sin el instrumento absolutamente excepcional y con control parlamentario que supone el estado de alarma, que solo se había usado una vez en toda la democracia antes de la pandemia. El Gobierno optó en junio por otra vía jurídica, pactada con las comunidades autónomas —incluidas las del PP—, que fue el llamado Decreto de Nueva Normalidad. Ahí se orientaban todas las decisiones al Consejo Interterritorial de Salud. Se hizo otra modificación por la que todas las decisiones legales para enfrentarse a los rebrotes van directamente al refrendo en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos en lugar de los jueces ordinarios. Con esas dos patas, según el Ejecutivo, se han resuelto todas las situaciones en 16 de las 17 autonomías. Se ha cerrado Ourense, Lleida, Palencia y muchas otras localidades sin problemas.
Pero el sistema no previó que una comunidad autónoma, como hizo Madrid, acudiera a los tribunales contra una de estas órdenes. Y además, la traspusiera de manera errónea. Esto es, no previó la rebeldía. Y sigue sin preverla. Si Madrid quisiera llegar al límite votando en contra de las decisiones que se tomen el miércoles, llevarlas de nuevo ante los tribunales y trasponerlas de manera que puedan ser tumbadas otra vez, es imposible impedírselo.
El Gobierno confía en que esta vez será diferente. La jugada sería demasiado evidente. Y en toda España y en toda Europa se están tomando medidas mucho más drásticas que en Madrid. Pero nadie tiene garantías de que la bomba política en que se ha convertido la comunidad no vuelva a estallar el fin de semana. Sanidad tendría aún una última solución de emergencia: declarar otro estado de alarma por otros 15 días, no como prórroga sino como nueva norma, más adelante, sin voto del Congreso. Nadie cree, de momento, que las cosas puedan llegar tan lejos.
Source link